Robo de bienes del Estado: ¿hasta cuándo la impunidad patrimonial?
Es hora de que la familia Kirchner deje de interponer recursos dilatorios ante la Justicia y de que esta ejecute el decomiso del latrocinio perpetrado por el poder político
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La demora en ejecutar el decomiso de los bienes de la familia Kirchner constituye una inadmisible prolongación de una deuda de la Justicia con la sociedad. A casi 17 meses de que quedara firme la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, el Estado todavía no ha recuperado un solo peso de los recursos sustraídos a todos los argentinos. La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025; el monto por decomisar fue actualizado y los tribunales rechazaron sucesivos planteos defensivos. Sin embargo, la restitución patrimonial sigue pendiente, ahora a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se aguarda desde fines de mayo último.
La sucesión de recursos, quejas y pedidos de suspensión de las defensas de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner ha contribuido a dilatar una obligación que debería cumplirse sin más demoras
La cifra dimensiona la magnitud del despojo y la urgencia de ponerle fin a esta parálisis: 684.990.350.139,86 pesos. Ese es el monto actualizado que la Corte dejó firme al desestimar, en julio pasado, las quejas contra el cálculo basado en el Índice de Precios al Consumidor. No se trata, por lo tanto, de una suma en discusión, sino de una obligación patrimonial derivada de una condena firme. Lo que resta resolver es con qué bienes se cubrirá.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó recientemente por unanimidad los recursos de Máximo y Florencia Kirchner que pretendían suspender el remate de los bienes afectados al decomiso.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña concluyeron que las resoluciones impugnadas no eran recurribles por esa vía y que no se había demostrado un perjuicio actual de imposible o tardía reparación posterior. El pronunciamiento permite que continúe el trámite de ejecución, pero no alcanza para poner en marcha las subastas mientras persista la cuestión pendiente ante el máximo tribunal.
La sucesión de recursos, quejas y pedidos de suspensión de las defensas de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner ha contribuido a dilatar una obligación que debería cumplirse sin más demoras. Desde noviembre del año pasado, cada avance judicial fue seguido por nuevas impugnaciones, en una estrategia que ha conseguido postergar la recuperación de los bienes. La pretensión de frenar el remate hasta que se resuelvan otras controversias, o de impedir que se alcance el patrimonio transferido a los hijos de la expresidenta, no puede convertirse en un mecanismo para neutralizar indefinidamente los efectos de una condena firme.
El ejercicio del derecho de recurrir no debería confundirse con una autorización para mantener paralizada, por tiempo indeterminado, la ejecución patrimonial
Los tribunales ya rechazaron también el argumento de que los bienes heredados por Máximo y Florencia debían quedar al margen del decomiso por no haber sido condenados en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal N.º 2 y la Cámara de Casación entendieron que los fondos formaban parte del objeto del delito, aun cuando hubieran pasado luego a manos de los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Esa es precisamente una de las cuestiones que las defensas llevaron ante el más alto tribunal del país. Pero el ejercicio del derecho de recurrir no debería confundirse con una autorización para mantener paralizada, por tiempo indeterminado, la ejecución patrimonial.
Tampoco debe quedar ninguna duda acerca del alcance de las medidas. Entre los bienes alcanzados se encuentra el departamento de San José 1111, de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario. La Cámara Federal de Casación dejó firmes los embargos preventivos sobre 13 inmuebles vinculados con las empresas familiares Los Sauces y Hotesur, incluido ese domicilio, frente a los recursos de Máximo y Florencia.
Resulta inadmisible que el lugar donde reside la exfuncionaria condenada pretenda ser transformado en una excepción por razones de conveniencia, notoriedad o comodidad.
La resolución que resta por parte de la Corte es indispensable. No obstante, no será el último paso. Para concretar el decomiso deben cumplirse tres etapas. En primer lugar, el máximo tribunal debe resolver las quejas pendientes y definir con qué inmuebles se cubrirá la suma fijada. Luego, el Cuerpo de Peritos Tasadores debe entregar la valuación de las propiedades y la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte responder la consulta del Tribunal Oral Federal N.º 2 acerca de cuáles inmuebles pretende destinar a su propio uso, conforme al reglamento aprobado por el propio tribunal superior. Y, por último, una vez determinados los bienes que quedarán incorporados al su patrimonio, deberá avanzarse con los cambios de titularidad correspondientes y con el remate del resto mediante la plataforma de subastas en línea.
La ciudadanía necesita conocer cuándo se resolverá la cuestión y qué plazos restarán para que los bienes sean efectivamente recuperados.
La urgencia se torna todavía más evidente con el reciente comienzo del juicio oral por Hotesur-Los Sauces, que también compromete seriamente a la familia Kirchner. La acusación sostiene que Los Sauces funcionó como un mecanismo de reciclaje de activos incorporando propiedades, alquilándolas a empresarios vinculados con negocios estatales y permitiendo que el dinero regresara a la familia bajo la apariencia de operaciones inmobiliarias legítimas.
Según los fiscales, la mayor parte de los ingresos procedía de empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, mientras que los alquileres de inquilinos sin esos vínculos representaban apenas el 12% de lo facturado.
La responsabilidad del Estado no termina cuando una condena queda firme. También debe recuperar para la sociedad los bienes y recursos alcanzados por el delito. De poco sirve proclamar que nadie está por encima de la ley si, al momento de ejecutar las consecuencias patrimoniales de una sentencia, una sucesión de recursos consigue postergar el cumplimiento durante tanto tiempo.
Resulta indignante, como ciudadanos, seguir esperando indefinidamente la restitución de lo que nos fue sustraído por una dirigencia que tomó como propios bienes que son de todos. La pregunta ya no es cuánto falta para que se reconozca la obligación de devolverlo, sino hasta cuándo se permitirá que esa devolución siga pendiente.
