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Ruta 7: sólo promesas incumplidas
Durante los últimos 12 años se ha concebido a la obra pública como un negocio para privilegiar económicamente a los amigos del poder
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Ocho años pasaron desde que, en agosto de 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner firmara un decreto para declarar de interés público la construcción de la autovía Luján-Junín. Ocho años y ninguna obra de envergadura: sólo parches, algunos tramos mejorados, promesas de inauguraciones, relanzamientos políticos, licitaciones demoradas o directamente fallidas y contratos sin fechas de ejecución.
Según la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dependiente del Ministerio de Planificación -o más bien habría que denominarlo Ministerio de Falta Absoluta de Planificación-, las obras sobre la ruta nacional 7 no están paradas y se prometen trabajos en varios tramos. Sin embargo, la realidad muestra todo lo contrario. Incluso, una circular de julio pasado, de la propia DNV sostiene que por expresas instrucciones recibidas de la cartera que conduce Julio de Vido, no se efectuarán nuevos llamados a licitación y se suspenderán los trámites licitatorios que se encuentren en curso, sea cual fuere el estado de avance (licitaciones, trámites de análisis de ofertas, preadjudicaciones y contrataciones).
Lamentablemente, para los pobladores a lo largo de la traza de la ruta 7, que se extiende por cinco provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza) y para sus usuarios, la circular de Vialidad representa la casi certeza de que todo seguirá como está o aún peor.
En su tramo hasta Junín, esa vía es considerada una de las rutas de la muerte en el país. En lo que va del año, y sólo a partir de lo que reflejan las crónicas periodísticas, hubo 15 muertos en media docena de choques. A esas tragedias -que no deben llamarse accidentes de tránsito, pues pudieron haberse evitado-, se suman los trastornos diarios que padecen quienes se ven obligadios a transitarla.
Los sobrepasos entre automóviles y camiones representan un peligro constante: la ruta es angosta en muchos y extensos tramos y no se ha adaptado convenientemente al crecimiento del tránsito automotor. Sobreabundan los baches, los desvíos mal señalizados y, muchas veces, las reparaciones defectuosas convierten el camino en verdaderas trampas. Las bruscas maniobras a las que se ven impelidos los automovilistas y camioneros son un riesgo permanente. Las banquinas angostas impiden a vehículos con desperfectos hacerse a un lado de la ruta y no es extraño que, cuando se las "muerde", se produzcan vuelcos que ya no deberían ocurrir,pues no se concibe que un camino en condiciones de transitabilidad mantenga esas diferencias de niveles en las calzadas.
Las roturas en el asfalto, la falta de rotondas y las curvas peligrosas son un pase libre a que se produzca otra tragedia. Los reclamos de los usuarios son constantes en este corredor vial interoceánico que une a nuestro país con Chile. En varias oportunidades han cortado la ruta con la esperanza de que alguien los escuche. En Chacabuco, los pobladores están cansados de reclamar soluciones. Lo mismo en Junín, sólo por citar dos ejemplos de la provincia de Buenos Aires. La ruta 7 es vital durante todo el año, también para el transporte de cargas y el turismo.
Dos datos de la realidad pintan a la perfección el estado de atraso y abandono al que se somete a los principales corredores de nuestro país: la Argentina cuenta con sólo 1750 kilómetros de autovías y autopistas, mientras que el propio Instituto del Transporte reconoce que, por lo menos, deberían ser 4500 kilómetros, y de los 215.000 kilómetros que componen la Red Nacional y los caminos provinciales, sólo cuentan con pavimento 61.000 kilómetros.
Un informe de la Auditoría General de la Nación, en tanto, dio cuenta en 2014 que se concretó sólo el 40 por ciento de las obras viales proyectadas entre 2003 y 2013, a pesar de los reiterados anuncios del kirchnerismo; otra muestra más del "relato". El resultado está a la vista: se gasta mucho en publicidad, se promocionan con desfachatada reiteración caminos y rutas que nunca se realizan y se subejecutan partidas destinadas a mantenimiento vial.
La propia presidenta de la Nación volvió a prometer mejoras viales durante la última apertura de sesiones ordinarias del Congreso, realizada en marzo pasado. La mención tuvo nombres concretos: la ruta 7 estaba dentro de ese plan. De hecho, en 2014 se licitaron algunos tramos para transformarla en autovía. Pero la reciente circular de Vialidad Nacional citada seguramente no será inocua.
El Gobierno, una vez más, vuelve a atajarse ante nuevos incumplimientos. Y, con ello, a ratificar que durante los últimos 12 años se ha concebido a la obra pública como un negocio tendiente a privilegiar a los amigos del poder, en detrimento de los genuinos intereses del país. El correcto acondicionamiento de los caminos del país, más que una cuestión económica, requiere ser pensado como una necesidad de salud pública.
