Sacrificar empleo en el altar de la corrupción
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LA NACION
Se requieren cambios estructurales serios y profundos, como una reforma de las obras sociales sindicales, para lograr la tan necesaria competitividad
El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, se jactó de la importancia que su gobierno otorga a la industria, en un tuit que le dio celebridad. El premio italiano Compasso d’Oro al mejor diseño industrial fue concedido al argentino Francisco Gómez Paz por su silla Eutopia, con tecnología 4.0 y utilización racional de materiales. El primus inter pares aprovechó para atribuirse mérito por el galardón, al escribir: "Somos un país que cuida y promueve su industria". Sin embargo, Gómez Paz había declarado a Página 12 que su silla "no es industrial ni artesanal, pues va desde el diseñador al cliente, saltando la industria". Su gran virtud fue lograr algo más asociado a la economía del conocimiento, descalificada por el kirchnerismo, que a las fábricas con chimeneas.
El jefe de Gabinete coordina a los titulares de los 20 ministerios con que cuenta el Gobierno actualmente. Por tanto, debía saber, antes de enviar su propia lisonja, que en el Ministerio de Salud se está negociando con la Confederación General del Trabajo (CGT) un eventual incremento de los aportes y contribuciones a las obras sociales para reforzar sus finanzas, ya que no les alcanzan sus ingresos regulares ni los reintegros estatales. Verdadero torpedo bajo la línea de flotación de las industrias que el taciturno funcionario dice "cuidar y promover".
Quizás ignore Cafiero que esa medida atenta contra la recuperación del empleo formal, diezmado por la pandemia y agravado por la salida de empresas, como Falabella (4700 empleos), que dará nuevo impulso al "aumento de changas", para consuelo de Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social.
Cuando la precarización laboral es crítica, constituye un desatino aumentar los impuestos al trabajo
Pensar que siempre se neutralizará el costo argentino devaluando la moneda y degradando el nivel de vida de la población es una fórmula suicida. No se puede continuar barriendo mugre bajo la alfombra, cuando el desafío es exportar para obtener divisas. La competitividad debe lograrse con cambios estructurales, como una reforma seria de las obras sociales sindicales para "sanear sus finanzas" de verdad.
En el Día de la Industria, los empresarios que escucharon el discurso del presidente de la Nación esperaban que anunciase la disminución de las cargas sociales. Pero eso no ocurrió. Lo mismo esperaba todo el resto de los empleadores de la República, frustrados también.
En la Argentina, la mitad del empleo es informal, incluyendo el empleo en negro y los cuentapropistas no registrados. Para salir de la pobreza, las familias necesitan ingresos regulares y predecibles, con jubilación, cobertura de salud, seguro por accidentes y protección legal. La cantidad de impuestos al trabajo sumados al ausentismo, la inflexibilidad laboral y la industria del juicio han creado obstáculos insalvables para lograr ese propósito. Es una de las razones de la salida de Falabella del país, que dejaría al sucesor un paquete de contingencias laborales sin parangón en otros lugares donde opera. Esto lo sabe bien el abogado de la CGT Héctor Recalde, fervoroso impulsor de la única industria que aquí prospera y que la aleja de los mercados mundiales: la del juicio.
¿Ignora el jefe de Gabinete por qué las obras sociales se encuentran fundidas y por qué exigen aumentar los impuestos al trabajo?
Se trata de un problema de costos: a la sumatoria de pagos inflados que históricamente realizan para obtener retornos en beneficio de quienes las conducen se agregó una avalancha de prestaciones costosísimas, impuestas por la política y por muchos jueces que disponen amparos sin sustento científico. Los ingresos no han podido acompañar ni a unos ni a otros.
Pensar que se puede neutralizar el costo argentino devaluando la moneda y degradando el nivel de vida de la población es una fórmula suicida
En 1996 se adoptó el Programa Médico Obligatorio (PMO), extendido luego a las empresas de medicina prepagas. El Congreso nacional, abriendo las compuertas del populismo sanitario, amplió el PMO obligando a brindar múltiples prestaciones, sin financiamiento. Para tratamientos de personas con sida o que dependan del uso estupefacientes o con trastornos alimentarios u ostomizadas o para casos de epilepsia, hipoacusia o enfermedades poco frecuentes como la fibrosis quística. También se han cubierto la fertilización asistida y la salud sexual. El área más costosa ha sido la de discapacidad, objeto de una protección amplísima y de límites difusos entre la atención médica y las prestaciones sociales (escuelas, traslados, geriátricos, acompañantes y cuidadores).
Los legisladores sancionaron como "conquistas" sociales esos derechos a los afiliados, sin pensar en sus costos. Ha llegado el momento de pagarlos. Entre el PMO ampliado, más la lluvia de amparos imprevisibles, el deterioro salarial de sus afiliados, la caída de recaudación y los sobrecostos de corrupción, las obras sociales se han "fundido".
Solucionar ese problema utilizando el simple expediente de sumar más impuestos al trabajo es vestir un santo para desvestir a otro. Siempre que el Gobierno crea en la santidad de los gremialistas, luego de la emotiva canonización de Hugo Moyano y su familia en el almuerzo con el Presidente y la primera dama.
No se puede seguir barriendo mugre bajo la alfombra. El desafío es exportar para obtener divisas
Las obras sociales sindicales son inmensas "cajas negras" de fondos públicos cuyas aplicaciones no son auditadas por firmas independientes. Es sabido que tienen redes de prestadores que brindan servicios (o no) a precios abultados para generar los referidos retornos a la dirigencia gremial. Las compras de inmuebles con fines sanitarios, hoteleros o deportivos se hacen también con sobreprecios, incluyendo las remodelaciones posteriores. Hay multiplicidad de presentaciones judiciales al respecto, que nunca prosperan. Como la referida a Oschoca, obra social de Camioneros, que, según una denuncia de la diputada Graciela Ocaña (Pro-Buenos Aires) ante la Justicia Federal, desvía recursos a la familia de Hugo Moyano a través de un holding de empresas controladas por la esposa del sindicalista, Liliana Zulet, invitada de honor a la quinta de Olivos.
Para colmo, existen obras sociales de utilería, solo sellos de goma, que alimentan sus arcas cobrando un peaje para que los afiliados de mejores ingresos puedan destinar sus aportes a prepagas, abonando la diferencia de su bolsillo. Otro abuso de un sistema distorsionado, costoso y corrupto. Ahora, en lugar de desregularlo, dando libre elección y eliminando ese peaje, los sindicalistas quieren prohibirlo para mantener sus cajas y que nadie saque los pies del plato.
Cuando la precarización laboral es crítica y la competitividad debería ser la tabla de salvación para lograr las divisas que el país necesita, es un desatino continuar aumentando los impuestos al trabajo. La solución no transita por convalidar una estructura de costos camuflada y maloliente, sino por reducirlos.
Mientras una auditoría independiente no informe acerca de la ruta de las contribuciones y aportes patronales en las opacas finanzas de las obras sociales, no deben incrementarse ni un solo centavo. Esto no lo puede decir la Unión Industrial Argentina pues tiene que convivir con la CGT, pero es un secreto a voces.
Tampoco debe hacerse cargo el Tesoro de cubrir ese déficit con emisión monetaria, pues sería una forma de trasladar a los más pobres, a través de la inflación, el precio de un ajuste que se quiere omitir en el altar de la corrupción sindical.
Un párrafo aparte merece la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, prevista en el mismo proyecto, para evaluar nuevos medicamentos y tratamientos, definiendo cuáles deben ser cubiertos con recursos públicos. Es una medida correcta para morigerar el impacto del populismo sanitario mediante una reducción racional de costos. Esta agencia debe ser creada en cualquier caso y no debe atarse al proyecto de aumento de cargas sociales.
¿Cómo se resolverá el dilema que tienen las obras sociales, luego de años de corrupción, populismo sanitario y, ahora, el impacto de la pandemia? ¿Se aumentarán los impuestos al trabajo, destruyendo empleo y reduciendo los sueldos? ¿Realizará el Estado nacional aportes con emisión monetaria? ¿O se forzará a las obras sociales a reducir costos, saneando su estructura de pagos impropios con beneficios para sus directivos?
Difícil decisión para el peronismo, cuya alianza histórica con el poder sindical implica aceptar que sus obras sociales financien la política, además de enriquecer a sus dirigentes. Es un antiguo pacto espurio, como los de Lázaro Báez y Cristóbal López en la construcción y en los combustibles, pero en el sector de la salud. En lugar de "lavarse" fondos malhabidos a través de hoteles, son devueltos a través de connivencia, movilizaciones, bombos y redoblantes.
La única y ambiciosa solución posible debería ser la reforma completa del sistema, rompiendo esa alianza y diseñando un formato nuevo, donde los inmensos recursos que administran los sindicatos se reconduzcan a entidades creíbles y transparentes, para asegurar que vuelvan a la salud de todos los afiliados respetando el principio de solidaridad. Y no a la corrupción, antítesis de la ayuda fraterna y botín para unos pocos.
