3 minutos de lectura'
Recientes informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) correspondientes a 144 países reportan un notorio crecimiento de los problemas de salud mental, que hoy afectan a más de mil millones de personas en el mundo.
Hasta la llegada del Covid, la cifra rondaba los 970 millones, localizados en un 83% en países de ingresos medios o bajos. Un aumento estimado en el 25% de los trastornos de ansiedad y depresión, los más habituales, solo durante el primer año de la pandemia, elevó las cifras y sumó efectos de largo alcance que no dejan de notarse. En 2021, el suicidio, sobre todo entre los más jóvenes, pasó a ser causa de una de cada cien muertes globales.
Trastornos tan frecuentes como la ansiedad y la depresión, cada vez más extendidos, afectan a todas las edades y niveles de ingresos y son la segunda causa de discapacidad prolongada, generando pérdidas económicas sustanciales directas e indirectas en todo el mundo.
Adecuar los frágiles sistemas de salud mental demanda sostenidas inversiones en recursos humanos y servicios especializados, no porque atender estas condiciones sea costoso sino porque se parte de un piso demasiado bajo. Dévora Kestel, directora del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OMS, habló de la necesidad de un “cambio decisivo hacia la atención comunitaria y centrada en la persona como parte de la cobertura universal de salud, reformas jurídicas y políticas que defiendan los derechos y la dignidad de las personas”.
La realidad interpela a los gobiernos, que deben aumentar la inversión, históricamente en niveles muy bajos, para la prevención y la atención oportuna de estas situaciones, sumado a la insuficiencia de psiquiatras. Hoy esa inversión se halla por debajo del 2% de sus presupuestos, en promedio, sin cambios desde 2017. En la Argentina, la ley de salud mental establece que debería ser el 10% pero, según relevamientos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), rondaría para este año el 1,68% en el nivel nacional, no pudiendo identificarse en su totalidad los recursos involucrados.
Pocos países han promulgado leyes sobre salud mental basadas en los derechos de las personas. Sin embargo, más del 80 % de los países ofrece actualmente apoyo a la salud mental y psicosocial, frente al 39 % en 2020. Hay que señalar también que la disponibilidad de servicios ambulatorios de salud mental y de telemedicina también se acrecentó, aunque el acceso siga siendo desigual.
Una de cada ocho personas padece un problema de salud mental en el mundo. Influyen para esto, sin duda, las elevadas cifras de consumo de alcohol y drogas, las demencias, los trastornos alimentarios, el trastorno bipolar o la esquizofrenia, entre otros. Reconocerlos como trastornos de salud mental presupone superar los prejuicios y los estigmas asociados en una delicada cuestión.
“Invertir en salud mental significa invertir en las personas, las sociedades, y las economías”, expresó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. Sin duda, la prevención es el mejor camino pero no siempre está al alcance de la mayoría, por lo que asegurar los recursos suficientes para la atención es clave.
