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San Luis, tierra de contrastes
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LA NACION
La provincia de San Luis alberga la democracia feudal más longeva del país, encarnada en el poder bicéfalo de los hermanos Rodríguez Saá, instaurado en 1983 y hoy unificado en un nuevo gobierno de Alberto. Ese modelo que manipula los valores básicos de la democracia y del sistema republicano ha sido desafiado mediante dos hechos: la independencia de criterio para votar de los ciudadanos, que terminó con el voto cautivo y los contrastes en las gestiones de los intendentes.
Quien puso en evidencia la creciente independencia del voto y, al mismo tiempo, la profunda obsecuencia y obediencia de algunos intendentes hacia el poder del gobernador fue el jefe comunal de la ciudad de San Pablo, Gabriel Ferrari, quien pidió por redes sociales y medios de prensa que aquellos que habían recibido viviendas del gobierno provincial las devolvieran por no haber votado en las últimas elecciones a la fórmula encabezada por Alberto Fernández, que era apoyada por el gobernador puntano y que resultó segunda en San Luis. "Estaría bueno que los que votaron en contra de Rodríguez Saá devolvieran sus casas de barrio, que les han regalado por dos mangos", fue la frase pronunciada por Ferrari.
Estos dichos reflejan claramente una nefasta concepción sobre el poder y la distribución de los recursos públicos. El poder para someter y subordinar la voluntad popular a los caprichos del gobernante. Y los recursos públicos para una administración discrecional a cambio de obediencia ciudadana. Esto es, para el chantaje como método de captura de votos y el manejo antojadizo de bienes públicos dirigidos a administrar pobreza. "El Estado soy yo" se vuelve así modelo de un poder concentrado que vulnera los derechos cívicos. Así como la corrupción necesita impunidad para concretarse, la discrecionalidad requiere dirigentes fuertes e instituciones débiles. Entonces, en lugar de mejorar la calidad de vida de la gente, las políticas sociales pasan a ser instrumentos intimidatorios y de sometimiento de un puñado de dirigentes para eternizarse en el poder.
Como sano contraste, podemos mencionar al intendente de la capital provincial, Enrique Ponce, quien implementó, junto a ONG coordinadas por Fundación Avina, un programa para hacerlo realidad la democracia participativa. Ponce presentó dos proyectos que el Concejo Deliberante sancionó. Uno de ellos regula las contrataciones públicas y fue elaborado conjuntamente con Poder Ciudadano y Transparencia Internacional. El otro implementa cuatro herramientas de participación y control ciudadano como las audiencias públicas, el presupuesto participativo, el acceso a la información pública y la elaboración participada de normas, que recibió los aportes de la organización Directorio Legislativo.
También tiene a la firma dos decretos que pondrá ad referendum del Concejo Deliberante: uno que regula y define criterios para la aplicación de la pauta publicitaria del municipio, elaborado por el Centro de Información para el Ciudadano (CIC), y otro que define un Código de Ética para la administración municipal bajo el aporte de Poder Ciudadano. Por su parte, Cippec está terminando un primer análisis sobre una norma que evalúa los procesos de transparencia para poder certificar procedimientos cristalinos y limpios de administración, en tanto que la plataforma change.org se sumó al programa global Ciudades para que el propio intendente pueda responder de manera directa cualquier petición.
Para que estas normas, herramientas y procedimientos sean aprovechados por los vecinos de la ciudad, se los capacitó a través de talleres, charlas públicas y cursos de formación. Se llegó así a más de 170 organizaciones sociales y 50 centros vecinales, a los que se les otorgó personería jurídica municipal para formalizarlos.
Bienvenidas las gestiones que buscan acotar la peligrosa concentración de poder y el aumento desvergonzado de la discrecionalidad de los funcionarios, así como aquellas en favor del fortalecimiento de la participación ciudadana. Intendentes como Ferrari convierten la libertad de los pueblos en el libertinaje de los gobiernos. Intendentes como Ponce transforman el poder de la representación en participación. Por algo, gobernadores como Rodríguez Saá prefieren la obsecuencia de quienes los eligen para poder eternizarse en su sitio feudal. Ciertamente, mucho más conveniente a sus fines que una ciudadanía independiente que los desafíe y limite.
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