San Luis, una autocracia camuflada
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El gobierno de la provincia de San Luis se ha lanzado a una campaña desafortunada y perversa frente a la ola de cuestionamientos ciudadanos que, más allá de demandas concretas ante las dificultades que afronta el distrito en el campo educativo, reconocen una profunda resistencia social al monopolio hegemónico que ejerce la familia gobernante y a la política de opresión oficial hacia cualquier voz disidente.
Frente a las crecientes demandas sociales y a los pedidos de intervención federal, el gobierno de Alberto Rodríguez Saá ha iniciado una campaña de difusión masiva en la que se mezclan algunos datos económicos positivos de la provincia con mensajes absolutamente falaces, tendenciosos y desestabilizantes. En uno de ellos, por ejemplo, se hace referencia a un supuesto plan para derribar al gobierno provincial que continuará con un golpe de Estado contra el gobierno nacional.
En las últimas semanas, cobró dimensión el conflicto con los docentes de San Luis, al tiempo que se incrementaron las rispideces entre el Estado provincial y la Iglesia. El Poder Ejecutivo provincial en ningún momento estuvo a la altura de las circunstancias y sólo agravó los problemas con decisiones extemporáneas, tendientes a borrar del mapa provincial cualquier signo de oposición.
Fue así como el 30 del mes último se reprimió ferozmente a manifestantes de una organización multisectorial, básicamente integrada por maestros. Poco tiempo antes, la intolerancia que las caracteriza llevó a las autoridades provinciales a excluir a la localidad de Villa Merlo –donde había triunfado un candidato opositor– de la distribución del presupuesto entre los distintos municipios de San Luis o a detener a un periodista de Radio Nacional, quien denunció haber sido sometido a apremios ilegales por efectivos policiales.
El problema de San Luis no se limita a un conflicto docente, sino que tiene razones mucho más antiguas y profundas, que explican la reacción de una parte cada vez mayor de la sociedad local frente a su gobierno. San Luis exhibe, como otras provincias caracterizadas por el caudillismo y el paternalismo prebendario, demasiados signos de opresión e intolerancia que, a corto o a largo plazo, desencadenan rebeliones populares.
Los regímenes personalistas suelen generar prácticas autocráticas, castigos al disenso público y persecuciones de la oposición. Como ya se ha señalado en anteriores editoriales, el poder suele corromper y el poder hegemónico suele hacerlo doblemente. El gobierno de San Luis parece un cabal ejemplo.
En modo alguno puede utilizarse como justificativo el hecho de que el actual gobernador haya sido elegido por una amplia mayoría de la ciudadanía. Las actitudes autoritarias, como las persecuciones de las minorías, jamás pueden ser justificadas por el apoyo electoral de una mayoría.
La Constitución provincial establece la posibilidad de la reelección indefinida del gobernador y, tras veinte años de ejercicio ininterrumpido del poder por parte de una familia, la democracia difícilmente no degenere en una autocracia o en una autocracia camuflada de democracia. El autoritarismo, la intolerancia del gobierno, la falta de independencia de los poderes Legislativo y Judicial, y de autonomía de los municipios son hechos muy graves que dan cuenta de una auténtica crisis institucional en San Luis. Se trata, por cierto de una situación que podría llegar a justificar una muy meditada intervención federal, aunque lo más importante será, sin dudas, que la ciudadanía de esta provincia, golpeada por la intolerancia y los resentimientos, reflexione sobre la necesidad de un nuevo orden en el que imperen estrictamente el espíritu republicano y los valores democráticos en su más amplio sentido.
