1
Secuestros: actualidad plena
1 minuto de lectura'
El problema de los secuestros sigue vigente. A pesar de medidas correctamente encaminadas y bien intencionadas, estos gravísimos delitos se reiteran en todas las provincias argentinas y han llegado hasta el vecino Uruguay.
En su momento, cuando el conjunto de leyes antisecuestro fue sancionado por el Congreso Nacional con notable rapidez, esas normas fueron vistas como las herramientas apropiadas para liberar a los argentinos de la perversa industria de los secuestros, siempre y cuando dichas normas se encuadraran dentro de una política integral de seguridad. Sin embargo, y aunque pudiera ser prematuro afirmarlo categóricamente, no se observan todavía los efectos esperados en términos de prevención y esclarecimiento de secuestros, y de desbaratamiento de las bandas más importantes dedicadas a esta sucia actividad. Eso indica una realidad recurrente en la Argentina: las buenas leyes que no tienen el respaldo de condignas políticas de Estado no generan cambios ni resultados concretos.
Tal vez, en 2003 los elementos más característicos de esta modalidad delictiva que desde hace más o menos tres años agobia a los argentinos en forma inusual fueron la mayor duración de los cautiverios y la acentuada tendencia a apoderarse de familiares de personalidades conocidas. Esa mayor complejidad proviene de la detallada planificación de estos delitos -demostración de que serían producto de la actividad de bandas "profesionalizadas"-, de los mayores montos de los rescates exigidos y cobrados, y del salvajismo (basta recordar los casos de amputaciones) del cual en algunos casos hicieron gala los delincuentes para acelerar el pago del rescate.
Según los episodios registrados entre mayo y diciembre últimos por la Fundación Fundar a partir del seguimiento de los medios de comunicación, el 87% de los secuestros se localizó en el conurbano bonaerense, casi el 8% tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba se cometió poco más del 3% y las provincias de Corrientes y del Neuquén registraron un caso cada una. Al analizar el desenlace y la suerte corrida por las víctimas, resultó que el 37% fueron liberadas luego del pago del rescate exigido, el 34% debido a la intervención de fuerzas policiales o de seguridad y el 29% restante por otros motivos (se escaparon, fueron liberadas aun cuando no se pagó rescate o se desconoce qué ocurrió). Finalmente, respecto de la duración de los secuestros se registró una mayoría cercana al 71% de secuestros expres (duración menor de un día) mientras que los secuestros que duran seis días o más -y hasta cien como en el dramático caso Schaerer- representan el 9,7 por ciento.
La realidad en esta materia, como en tantas otras referidas a la actividad criminal en la Argentina, es mucho más grave de lo que llega al conocimiento del público. ¿Cuántos secuestros expres no fueron denunciados por causa de las escasas expectativas de poder llegar a ver tras las rejas a sus responsables? ¿Cuántos familiares se mantienen en silencio por el temor de poner en riesgo la vida de las víctimas? ¿Cuántos casos son denunciados, pero no se hacen públicos?
No hay respuestas precisas para esos interrogantes, pero sí está claro que los secuestros fueron muchos más que los dados a conocer. Incluso, desde la Dirección de Estadísticas de la Procuración General de la Nación se informó que sólo en el primer semestre de 2003 hubo 217 denuncias de secuestros, pero aún no hay cifras oficiales del número de secuestros extorsivos ocurridos en el país durante el año último.
En estos momentos hay dos secuestros ampliamente difundidos y todavía pendientes de solución, con su secuela de familias angustiadas por la vida y la salud de sus seres queridos.
En el caso de Christian Schaerer, secuestrado en la provincia de Corrientes, pero con pistas que llevan a Brasil y a Paraguay, hace más de dos meses que su madre pagó el rescate sin que lo liberaran. Eso confirma la participación de bandas con estructura y logística para mantener a la víctima en cautiverio durante largos períodos y así poder intentar obtener en dicho tiempo la mayor cantidad de dinero al margen de la suma pagada como primitivo rescate. Y el secuestro de Ernesto Rodríguez, realizado en una época del año que incrementó su impacto emocional, algunos medios informativos difundieron versiones de que ya se contaba con la totalidad del dinero exigido por los secuestradores cuando, según lo comprobado y de acuerdo con las reglas básicas de negociación de secuestros extorsivos, esa es la mejor forma para extender el secuestro y que los delincuentes aumenten sus pretensiones económicas. Razón por la cual los medios tenemos un papel vital que representar: informar con suma prudencia y cautela para no entorpecer la negociación ni poner en riesgo la vida del secuestrado.
El delito de secuestro tiene la particularidad de que es difícil de prevenir. Por eso es tan importante la inteligencia policial previa, destinada a reunir, sistematizar y analizar la información de actividades criminales vinculadas con los secuestros. También son fundamentales el seguimiento y la desarticulación de las bandas una vez realizados los pagos. En este sentido, si bien hay signos de avance en materia de intercambio de información y cooperación interjurisdiccional, una de las medidas pendientes desde el punto de vista institucional es la puesta en funcionamiento efectivo y operativo de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, creada por la ley 25.520 para centralizar la producción de información acerca de las actividades delictivas.
De una vez por todas la seguridad, ya sea en materia de secuestros o en cualquier otro de sus múltiples aspectos, debe ser asumida como una política de Estado, con un enfoque integral que tenga en cuenta tanto sus causas como sus efectos. Sólo mejorando el problema de la inseguridad en general y poniendo en práctica políticas particulares y eficientes para enfrentar esta modalidad delictiva podrán lograrse resultados positivos en la lucha contra la cuestión de los secuestros.
