Semillas: pensar para el futuro y actuar ya
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En un reciente acto realizado en la Secretaría de Agricultura con motivo de los 35 años de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) y los 30 años de los cultivos genéticamente modificados en el país (OGM), un estudio de Grupo CEO cuantificó que, entre 1996 y 2025, los cultivos transgénicos aportaron en la Argentina beneficios brutos acumulados por unos 197.500 millones de dólares corrientes. El informe, realizado por Eduardo Trigo, Jimena Vicentin Masaro, Nelson Illescas y Pablo Elverdin, también estimó que las exportaciones adicionales sumaron 187.400 millones de dólares hasta 2024, con un 91% correspondiente a harina y aceite de soja. Vale recordar que, en 1996, se autorizó la siembra de la primera soja genéticamente modificada en el país.
Estos números son la prueba más fiel del fenomenal impacto que implicó esa tecnología. Con esa soja, los productores vieron rápidamente sus beneficios concretos, como facilitar el manejo de malezas en ese momento, una baja de los costos y un complemento perfecto con la siembra directa. El uso resultó explosivo: según ese informe, la soja transgénica pasó de 5,5% a 84,4% de la superficie en solo cinco años.
Recordar todo esto tiene que servir para una asignatura largamente pendiente: la Argentina debe contar con una nueva ley en materia de reconocimiento a la propiedad intelectual en semillas que abra la puerta a otra era de revolución tecnológica. La actual normativa, de 1973, urge ser reemplazada por otra que, de manera equitativa, contemple las necesidades de los productores y las empresas. Estas últimas merecen una justa retribución por sus innovaciones. Además, hay que avanzar con la adhesión al tratado de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91), una herramienta que otorga un mayor marco de protección a las empresas desarrolladoras, y un asunto comprometido con los Estados Unidos.
La Argentina tiene hoy la oportunidad de revisar las condiciones que determinarán las inversiones en innovación de los próximos 20 años. El mejoramiento genético y el desarrollo de nuevas tecnologías requieren tiempo, recursos y reglas previsibles. Contar con normas que brinden previsibilidad a la inversión y protejan el conocimiento permite transformar años de investigación en soluciones concretas para el productor. Esa certeza alienta a las empresas a asumir riesgos, desarrollar nuevas variedades y reinvertir, sosteniendo un proceso de innovación que genera competitividad y rentabilidad en toda la cadena agroindustrial. Lo que se acuerde ahora influirá en los desarrollos que llegarán al campo y en la capacidad del país para aprovecharlos. La experiencia de las últimas tres décadas permite dimensionar cuánto puede aportar una decisión tomada con visión de futuro.
Se trata de dos aspectos que incluyen responsabilidades. Por el lado del Gobierno, acelerar el envío de un nuevo proyecto de ley para semillas. Sabido es que las autoridades de la Secretaría de Agricultura escucharon por igual a las entidades del campo y a la industria semillera. Quizá las organizaciones gremiales de los productores y las empresas tengan que resignar algunas pretensiones todavía discordantes, pero eso será por un fin mejor: que el país no se quede atrás en las innovaciones tecnológicas y que los productores las puedan aplicar en sus campos. Primero hay que acordar el nuevo marco y los objetivos que debe cumplir; luego, discutir los mecanismos de implementación. Anticipar esa discusión puede trabar el acuerdo sobre las condiciones necesarias para invertir e innovar. Hay que proyectar en grande y actuar sin demoras.
También hay una tarea no menor para el Congreso. El ámbito legislativo, que en el último tiempo estuvo receptivo al debate de cuestiones del agro como biocombustibles y vandalismo rural, más allá de avances que todavía restan materializarse en estas y otras materias, debería tomar este tema y ponerlo pronto en agenda. La madurez que el Congreso demostró esta semana con la sanción de la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) debería servir para marcar una ruta cuando la cuestión de semillas llegue al Parlamento.
Los 30 años de los cultivos genéticamente modificados en el país y su enorme impacto económico valen para dimensionar el aporte de la tecnología. Es clave tener legislación moderna, en una línea clara con estándares internacionales, que impulse las inversiones de las próximas dos décadas y permita que vengan más desarrollos que puedan usufructuar tanto los productores como el país, con una agroindustria más competitiva, mayor rentabilidad y más exportaciones.
