Sin capitales, no hay paraíso

En 2019, no es viable una alternativa “a la Gelbard”, basada en pactos y controles, sin un programa creíble para recrear la moneda y atraer la inversión privada
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18 de mayo de 2019  

Si el gasto público es la forma más concreta de redistribuir el ingreso, la Argentina sería un paraíso social, pues con el 39% de su PBI dedicado a redistribuir, iguala el promedio de la OCDE y casi alcanza a los países escandinavos que superan el 50%.

El "progresismo" vernáculo exhibe esos rankings mundiales para demostrar que, porcentualmente hablando, no somos una oveja negra descarriada, sino una mosca blanca en el pináculo de la justicia social. Pero las estadísticas son maleables y engañosas. No es lo mismo cargar cien kilos sobre las espaldas de un atleta que sobre el dorso de un enfermo. Como tampoco podría un modesto consorcio de departamentos pagar expensas como las torres de Puerto Madero.

Las piernas de la Argentina tiemblan soportando el festival de empleo público, jubilaciones sin aportes, pensiones de favor, subsidios a servicios, planes sociales y deuda financiera, que agobia sus extremidades, que, a cada paso, parecen flaquear y desmayarse.

Si de reducir esa carga se trata, para que impuestos e intereses no terminen de asfixiar al sector privado, es indispensable que el gobierno que asuma a fin de año pueda generar un "shock de confianza" simultáneo para esa transición. Si el ajuste es acompañado con ingreso de capitales, se preservarán los empleos y se crearán nuevos puestos de trabajo. El alza de ingresos familiares permitirá mejorar la escolaridad, abonar tarifas realistas y reforzar la contención de mayores y menores. El aumento de productividad hará posible el sueño de la redistribución sustentable.

No es la primera vez que nuestro país se enfrenta con una crisis como la actual. Sin embargo, los aspirantes a suceder a Cambiemos no explican cómo piensan vigorizar al sector privado para que aquella reconversión sea posible.

La senadora Cristina Kirchner ha sacado a relucir, como una alternativa de solución, la gestión de José Ber Gelbard, ministro de Economía desde 1973 hasta octubre de 1974, cuando el llamado Pacto Social empezaba a resquebrajarse y terminó con el "Rodrigazo" de 1975.

Gelbard era un hábil comerciante del interior, formado en el marxismo y miembro activo del Partido Comunista argentino. En varios aspectos se parecía a la expresidenta: tenía un gran resentimiento hacia terratenientes y empresarios tradicionales y, al igual que ella, encontró en el enemigo externo (el imperio norteamericano) un justificativo para impulsar una coalición de intereses "nacionales" (nueva burguesía y antiguos sindicalistas) como actores principales de su programa, olvidando la teoría de la explotación para hacer negocios en nombre de la liberación.

Gelbard creyó que bastaba un acuerdo entre el capital y el trabajo para frenar la inflación y expandir el mercado interno, como si se tratase de un globo que empresarios y sindicalistas podrían inflar con aire de sus pulmones, sin crédito genuino ni inversiones privadas. El globo se infló, el PBI creció y la CGT logró el "fifty-fifty" con salarios planchados, precios congelados, créditos oficiales y mucho gasto público. Era un modelo "extractivo", donde los recursos debían provenir del campo y de los consumidores, a través de altos precios. Como el modelo no era sustentable, estalló cuando Celestino Rodrigo lo pinchó con un ajuste feroz que llevó la inflación al 777% anual.

En 2019, no es viable una alternativa "a la Gelbard", basada en pactos y controles, sin un programa creíble para recrear la moneda y atraer la inversión privada. No es suficiente acordar, entre pobres de solemnidad, la forma en que se inflará un globo. Se requieren capitales, no solo aire. Y en la Argentina el capital no está porque quienes lo tienen huyeron hace tiempo, escaldados.

Las empresas argentinas, salvo contadas excepciones, han sobrevivido en el mismo contexto que imaginó Gelbard y que propugna la senadora Kirchner, sesgadas al mercado interno y sin competitividad para exportar sin subsidios o para sobrevivir sin protección. El ejemplo de Estados Unidos y la política proteccionista de Donald Trump no es aplicable a la Argentina: con más de 300 millones de habitantes y US$60.000 de PBI per cápita, es el mayor mercado mundial y la economía más abierta del planeta. Con US$7000 de PBI per cápita y pocos habitantes, la autarquía nacional y popular implica productos caros e "inexportables", fruto del antiguo acuerdo entre empresarios y sindicalistas, que degrada el nivel de vida en aras de "empleo y paz social".

Al no existir crédito barato ni mercado de capitales, los empresarios se han adaptado a "vivir con lo nuestro", trajinando oficinas públicas, pidiendo lo que se esté entregando, adaptándose a la inflación, sorteando devaluaciones, tolerando la corrupción sindical y desconfiando de los discursos eficientistas. La mayoría han quedado muy atrás en tecnologías, equipamiento e inserción en el mundo, cuando este ya ha ingresado en el internet de las cosas. Para sobrevivir, es indispensable y urgente transitar el camino de la competitividad.

La clase política ha impulsado la expansión del gasto, sin advertir que el progresismo no es sustentable sin riqueza creciente, contante y sonante. En ausencia de un flujo sostenido de capitales, créditos blandos, subsidios y desgravaciones no sirven de nada. Los discursos, los decretos, las excepciones, los trámites, los formularios y las ventanillas son pan para hoy y hambre para mañana. Pueden ofrecer ganancias especulativas y rentas distorsivas, pero no impiden la decadencia y la pobreza, con su secuela de narcotráfico y violencia.

La Argentina necesitará inversiones masivas para equilibrar sus cuentas públicas y lograr niveles de productividad que permitan financiar los desafíos sociales que se han acumulado durante décadas de clientelismo y desvío de fondos públicos.

No saldrá de este atolladero sin aprender a deletrear la palabra "capitales" y sin extirpar la fobia populista contra la inversión y las condiciones que deben precederla, como la existencia de moneda, el respeto por el derecho de propiedad, la independencia de la Justicia y las reformas estructurales, como la jubilatoria y laboral. Si los argentinos estamos orgullosos de dedicar el 39% del PBI a la redistribución, tenemos que saber que la recesión y el desempleo son la contracara de esa desmesura, pues no somos un país desarrollado. Podremos serlo, si hacemos el esfuerzo. En otras palabras: sin capitales, no hay paraíso.

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