Síntomas de desintegración social

No pasa día sin que algún hecho de horror o de violencia conmueva a la sociedad argentina y acentúe la creciente sensación de inseguridad con la que los habitantes de este suelo estamos obligados a convivir.

No hay sector de la población que escape a la angustia de saber que a la vuelta de la esquina puede estar esperándolo el zarpazo de la delincuencia. Las personas que tienen un alto nivel económico y los que viven en la pobreza, los trabajadores y los empresarios, los asalariados y los comerciantes, los habitantes de las zonas más selectas de la ciudad y los que viven en los barrios populares y hasta marginales, todos los miembros de la comunidad -prácticamente sin excepción- viven dominados por el temor y recelosos por la posibilidad de ser víctimas de un asalto o de una agresión. Ningún lugar parece seguro: ni la casa en que se vive, ni el barrio, ni siquiera los lugares más concurridos de la ciudad. Familias enteras empiezan a amurallarse y la portación de armas -teórica y defectuosa defensa ante los embates de la criminalidad- tiende a convertirse en un hábito.

Entretanto, la evolución de la economía suma un factor de perturbación general que no puede ignorarse. El aumento del desempleo y la exclusión social son un eficaz caldo de cultivo para el incremento de la delincuencia, pues producen frecuentemente la ruptura del tejido social. Muchos observadores enfatizan sobre la necesidad de reforzar la educación y de combatir las causas que conducen a la marginalidad, pero ésos son remedios de largo aliento y nadie parece tener en claro qué se debería hacer mientras tanto.

Con bajos presupuestos públicos, con establecimientos carcelarios a todas luces insuficientes, con fuerzas de seguridad carentes de recursos y mal entrenadas, con leyes que no ayudan, con jueces que no aplican las normas con el rigor debido, todo parece conducirnos a una encrucijada en la que aparecen como únicas opciones, en lo inmediato, la resignación y el conformismo.

Sin embargo, esa idea de que "nada puede hacerse" es equivocada. Como son erróneos todos los reduccionismos y todas las simplificaciones con que se pretende explicar el fenómeno de la inseguridad, tales como las que invitan a confundir pobreza extrema con delincuencia o a suponer que los habitantes de las villas de emergencia son seres que deben ser mirados con temor. Quienes alientan esos absurdos prejuicios están contribuyendo, sin advertirlo, a enrarecer el clima de tensiones y violencias que el delito necesita para prosperar. No debe olvidarse que casi siempre los más pobres son los más vulnerables ante los embates de la delincuencia.

Las soluciones no van a venir por el camino fácil de la "mano dura", sino por el simple hecho de que se haga respetar la ley con el máximo rigor. Es necesario buscar incansablemente los mejores métodos de protección a las personas de todos los barrios y de todos los niveles económicos y sociales, encontrar lugares alternativos para los establecimientos carcelarios (hasta que el problema tenga una solución de fondo), eliminar la "tolerancia cien" de que gozan en muchos casos los asaltantes y homicidas, distinguir con lucidez entre quienes suman y quienes restan en la defensa de la seguridad pública, penalizar con claro sentido de lo que significa la defensa del orden social. En suma, discontinuar esta permanente "moratoria" en lo criminal que no parece tener fin, pero que alienta día tras día a que nuevas legiones se sumen a las filas de una delincuencia en la que menos del uno por ciento es sancionado.

Lo que falta, fundamentalmente, es una inquebrantable decisión política de hacer frente al crimen, adoptada con un coraje a toda prueba. No sirven las movilizaciones espasmódicas -a veces "marketineras" o encaradas con miras a una próxima elección- que suelen producir algunos funcionarios responsables de velar por la seguridad general. Tampoco sirven las propuestas motorizadas desde los ideologismos, cualquiera que sea el extremo del que provengan.

Brindar seguridad a la población es más simple y más complejo de lo que habitualmente se dice. Más simple, porque sólo se trata, en definitiva, de aplicar la ley en todos sus términos. Más complejo, porque hay que eludir la tentación de servir a la maraña de intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole que suelen merodear en torno de los organismos de seguridad.

Mientras la sociedad siga acumulando inacción sobre inacción, mientras sigan prevaleciendo la retórica inconducente y el prejuicio dictado desde una u otra punta del espectro ideológico, el país seguirá navegando entre los espectros del miedo, la muerte, el secuestro, el despojo y el ultraje.

Los síntomas o atisbos de desintegración social que ya asoman en las calles de nuestras ciudades son un mensaje que la comunidad nacional no debe desoír. Los agentes del Estado a quienes se les ha confiado la preservación de la seguridad deben actuar sin perder la serenidad, sin crispaciones, pero también sin más demoras.

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