SIRA: la megacorrupción mejor disimulada
Los controles de cambios han dado históricamente lugar a la corrupción pública; en 2023 los pagos ilegales habrían superado los US$ 1000 millones
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La vida es dura para quienes deben luchar en la diaria por un empleo, un cliente o una oportunidad de probar mérito y conocimiento. En un mercado pequeño y empobrecido por falta de inversión durante décadas, es difícil prosperar a brazo partido en competencia abierta, sin padrinos, contactos, ni abrepuertas.
Es sabido que un funcionario estatal siempre será contraparte más flexible que un consumidor avezado, un proveedor sin pulgas o un competidor competitivo. Por eso, muchas fortunas se hacen merodeando pasillos ministeriales o cenando en privado con personajes de membrete y credencial, entretejiendo acuerdos más amables que en la ruda intemperie de la calle. En América Latina, las grandes desigualdades no son fruto del mercado, sino del Estado, cooptado por la política y los grupos de interés. Contrataciones digitadas, monopolios discrecionales y mercados cautivos, han generado inmensas plusvalías, sabiamente compartidas. En la Argentina, no hay baldosa que se levante donde no aparezcan sujetos ignotos y prósperos, dueños de parcelas de lo público, en connivencia con políticos, sindicalistas o empresarios clientelistas.
En el inmenso abanico de resquicios para hacerse rico, el mercado de cambios ha sido el más atractivo, pues implica giros o cobros del exterior, con partes fuera de la jurisdicción local que no pueden ser auditadas. A través de los años, la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones han sido los principales canales para la fuga de capitales, además de los pagos por intangibles “inflados”, como regalías, honorarios o dividendos. Como el modelo productivo “nacional y popular” nunca privilegió la competitividad sino la soberanía, al no generarse dólares suficientes para la producción, llevamos años con restricciones a movimientos de capital, permisos previos para importar, obligación de liquidar divisas y otras restricciones perjudiciales para la gente y beneficiosas para los “ventajitas”.
José Félix Uriburu impuso el primer control de cambios en 1931. Desde entonces solo hubo breves períodos sin controles como 1959-1962, 1967-1970 y 1979-1982 hasta que nos ilusionamos con once años de convertibilidad (1991-2001). Luego regresó la Argentina de siempre, con el “default” aplaudido de pie (2001) y la ley de emergencia pública (2002) que sepultó el “uno a uno” y entramos en el túnel del “uno al infinito”.
Los controles intentan mantener una provisión de dólares “baratos” para las importaciones industriales, alimentada por exportaciones del campo y restringiendo usos de los particulares. Suelen funcionar con doble mercado, comercial y financiero, creando incentivos perversos pues, por definición, generan “brecha” para arbitrar entre ambos y con el “paralelo”. La redacción de circulares del Banco Central incluyendo y excluyendo en sus anexos, han sido el ámbito del lobby para agregar un inciso o borrar un acápite. Desde el Ministerio de Economía también se ha intentado preservar las reservas limitando importaciones. Durante mucho tiempo, el racionamiento se hacía por precio (y no por cantidades) aplicando aranceles, con tasas mayores para artículos suntuarios y menores para los no fabricados en el país. Tiempos de baja discrecionalidad, cuando bastaba pagar para importar, sin sobres bajo la mesa.
Es inverosímil que las máximas autoridades del Banco Central, la Secretaría de Comercio y la AFIP hayan ignorado la tropa de elefantes que pasaba bajo sus narices
En 1990 llegaron las licencias no automáticas, para proteger sectores “sensibles” aunque las importaciones automáticas se mantenían fluidas y libres para casi todo el resto. Pero a partir de 2005, Néstor Kirchner multiplicó aquellas, la automaticidad se fue reduciendo y el tráfico de sobres, también. En 2011 la discrecionalidad “caso por caso” se convirtió en regla con el “cepo cambiario” para individuos con la intervención de la AFIP, mientras que Guillermo Moreno, secretario de Comercio, con su célebre pistola sobre la mesa, ideó el burdo “1 a 1”, exigiendo a los importadores exportar por igual valor para no afectar la balanza comercial. En 2012 formalizó esa práctica con la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) obligando a declararlas por adelantado para hacer valer su lapicera, paradigma de arbitrariedad militante.
En 2018 vinieron las SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones), que demoraban las licencias no automáticas sin transparencia alguna. Pero en 2022 una lluvia de cautelares forzó a cambiarlas por las famosas SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) de gestión electrónica. Fueron el pináculo de la arbitrariedad. Una tómbola que requería aprobación de la AFIP, la Aduana, la Secretaría de Comercio y del Banco Central. Se aplicaron hasta fines de 2023, cuando el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), eliminó las licencias previas.
Por una casualidad derivada de escuchas telefónicas entre operadores mafiosos, el fiscal federal Franco Picardi descubrió el año pasado un “universo interrelacionado de agencias y casas de cambio para acceder a dólares al tipo de cambio oficial”, durante el cepo cambiario, con la presunta “connivencia de funcionarios del BCRA”, para venderlos luego en el mercado paralelo, con una brecha cambiaria superior al 100%. Nombres como Elías Piccirillo, Martín Migueles, Francisco Hauque, Ariel Vallejo y otros personajes nefastos e ignotos, surgieron como nuevos millonarios que, al lograr aprobación de las SIRA, obtenían dólares oficiales mientras no los había para medicamentos o bienes de capital. La causa se encuentra radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo, con investigación delegada en Picardi, un fiscal tozudo que busca identificar la escala de responsabilidades, haciendo temblar al peronismo en plena renovación, por las huellas digitales dejadas en el marco del cuarto mandato kirchnerista.
Para la fiscalía, Migueles “intermediaba a través de un contacto con vinculaciones en la Secretaría de Comercio y/u otros organismos del Estado” en la aprobación de trámites SIRA, a cambio de sobornos. Ese contacto “percibía entre un 10% y 15% del valor de las importaciones” según las grabaciones. Como en 2023 se introdujeron al país bienes por 73.714 millones de dólares, los pagos ilegales alcanzarían cifras muy superiores a los 1000 millones de dólares. Dada la magnitud de los montos, es inverosímil que las máximas autoridades del Banco Central, la Secretaría de Comercio y la AFIP hayan ignorado la tropa de elefantes que pasaba bajo sus narices. Como lo denunció Carlos Pagni tiempo atrás, en los corrillos de despachantes e importadores, se sabía que las “coimas” se pagaban en cuartos de hoteles o en oficinas de Puerto Madero, adonde se dejaban bolsos como José López en el convento, valga el parangón.
La investigación del fiscal Picardi sugiere que se trata de un caso de corrupción muy superior a la “causa Cuadernos” aunque menos sonoro, porque no involucra a grandes empresarios. Pero al igual que aquella, no se trata de hechos puntuales, impulsados por individuos en la penumbra de trámites particulares, sino de una asociación ilícita de funcionarios de altísimo nivel para lucrar masivamente utilizando prerrogativas públicas.
Por entonces, el presidente era Alberto Fernández y Sergio Massa su ministro de Economía desde julio de 2022. Matías Tombolini –quien tuvo la batuta de las SIRA- fue nombrado por Massa como secretario de Comercio. Miguel Angel Pesce era presidente del Banco Central; Guillermo Michel, director de Aduana, y la AFIP, estaba conducida por Carlos Castagneto. La investigación determinará si ellos eran parte de ese esquema o si fueron desvíos de sus subordinados que ellos ignoraban. Entretanto, rige el principio de inocencia.
Tipo de trabajo:
opinión
