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Sorpresiva detención en Bruselas
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El senador Jean-Pierre Bemba es un hombre poderoso en el Congo. Pertenece a una familia de fortuna, ha sido también vicepresidente y, en 2006, fue derrotado en las elecciones presidenciales cuando se presentó como candidato opositor. Después de ese fracaso electoral pasó a residir en Portugal. Por ello, Bemba no podía imaginar que iba a ser detenido cuando estaba circunstancialmente de visita privada en Bruselas. Su detención fue consecuencia también de un requerimiento del fiscal del Tribunal Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo (en una acción parecida al pedido de detención del presidente de Sudán, Omar Hasan el Bashir), requerimiento que se había mantenido en secreto para poder finalmente atraparlo.
Bemba ya había comparecido anteriormente ante ese tribunal; de manera semejante lo han hecho su connacional Thomas Lubanga y el liberiano Charles Taylor, responsables de abominables crímenes de guerra cometidos contra civiles inocentes en distintos conflictos armados internos en el Continente Negro. Se trata de delitos de lesa humanidad, cometidos en tiempos de conflictos armados internos, que para el derecho humanitario internacional son imprescriptibles, no amnistiables ni indultables.
Los crímenes imputados a Bemba ocurrieron, como tantos otros de similar naturaleza, algunos años atrás, en una campaña en la cual participaron irregularmente sus grupos armados, no en el Congo sino en la vecina República Central Africana, que cometieron toda suerte de crímenes y atropellos contra civiles inocentes, específicamente prohibidos por las Convenciones de Ginebra de 1949.
Para la comunidad internacional, esos crímenes de guerra no pueden quedar impunes, independientemente de que en distintos lugares del mundo haya todavía demasiados e injustificados ejemplos de total impunidad. El fiscal Moreno Ocampo acaba de sufrir una preocupante derrota por haberse equivocado aparentemente en el manejo de pruebas obtenidas contra el mencionado Lubanga. El Tribunal, ante lo que consideró una violación del debido proceso legal, le ordenó liberar a Lubanga justo cuando su proceso estaba por comenzar. Moreno Ocampo ha apelado esta decisión, que, de confirmarse, podría empañar la gestión del joven tribunal, creado en 2002. Por el momento, Lubanga continúa detenido.
Paso a paso, la justicia se acerca inexorablemente a quienes violaron abiertamente el derecho humanitario internacional cuya columna vertebral está constituido por las mencionadas Convenciones de Ginebra, hasta ahora ignoradas con toda suerte de argucias de corte político en algunos países del mundo.
La debida protección de los civiles inocentes reclama a todos por igual compromiso y acción que no pueden postergarse. La labor del Tribunal Penal Internacional nos muestra el camino.
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