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Subsidios a cambio de favores
Es lamentable que punteros políticos pidan contraprestaciones de todo tipo para entregar las ayudas estatales a las familias
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Indigna y avergüenza enterarse de que algunos responsables de la fiscalización de ciertos planes de ayuda social amenazan con cancelarlos si los beneficiarios no acceden a efectuar contraprestaciones ilegales. Y es más deprimente aún tomar conocimiento de que todavía no han sido sancionados por la comisión de esas manipulaciones.
Esta irregularidad manifiesta, de la cual este diario ha dado cuenta en forma extensa y detallada en una nota publicada recientemente, fue comprobada por medio de una investigación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y pone el acento en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que otorga un subsidio de 150 pesos mensuales y depende del Ministerio de Trabajo.
En una cantidad llamativa de casos, a los beneficiarios se les exige abonar al controlador un porcentaje de esa suma; en otros, el requerimiento es concurrir a marchas y manifestaciones; a veces se reclaman servicios laborales particulares, como labores de albañilería, jardinería o domésticas, y si se trata de beneficiarias, no han faltado denuncias de que se ha llegado al aberrante extremo de someterlas a acoso sexual.
Ese plan llegó a tener más de dos millones de beneficiarios durante los primeros meses de 2002. El beneficio debía ser otorgado a cambio del cumplimiento de actividades comunitarias, de capacitación o microproductivas, en jornadas de entre cuatro y seis horas diarias.
Ahora, esa cantidad se ha reducido a 668.000 personas, fiscalizadas por organismos públicos o privados, agrupaciones políticas y municipios. Casi siempre, la exacción se concreta sometiendo al receptor a la amenaza de hacerlo excluir de la magra ayuda que, en última instancia, proviene de los aportes de los contribuyentes y, por esa simple y contudente razón, debería ser fiscalizada con mayor rigor que en la actualidad.
En su minucioso estudio, el Cippec analizó y verificó 448 de las 4891 denuncias que a ese respecto han sido presentadas en la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social (Ufises) entre 2002 y 2007. Cabe temer que muchísimos otros episodios de este tenor hayan pasado inadvertidos porque los perjudicados no los dieron a conocer, ya fuese por desconocimiento o por razonable temor a perder el subsidio.
Salta a la vista que, por las características citadas, bajo la batuta del punterismo vernáculo (caciquismo, en otras latitudes) aquí se está concretando una de las más aberrantes variantes del clientelismo político.
Es sabido que buena parte de los punteros que por acá merodean se mueven como peces en el agua cuando se trata de maniobrar y manipular en provecho propio, incurriendo en inconductas flagrantes que, también es conocido, suelen quedar sin sanción.
Cae de maduro que todo este lamentable proceso implica, al margen de un manifiesto atentado contra la confianza que las autoridades han depositado en esos seudocontroladores, una cruel burla al más elemental principio de solidaridad para con quienes, por una razón o por otra, menos tienen.
Es positivo, entonces, que la Ufises haya elevado a la justicia competente aquellas denuncias. Intervención que incrementaría el valor que de por sí posee, si una vez debidamente probada la comisión de estos hechos la ley cayese con todo su vigor sobre los culpables y se diese adecuada difusión a esas sanciones, lo cual serviría para que las víctimas que todavía, es probable, siguen enmudecidas se atreviesen a revelar tan oscuros procedimientos.
No menos importante sería que las cúpulas políticas se preocuparan por calibrar la calidad ética de sus al parecer inevitables punteros, porque quienes se aprovechan de los más desposeídos, como en este caso, están cometiendo ruindades que ni pueden ni deben quedar impunes.
