Subtes: la huelga como extorsión
Cuando la protesta se transforma en una imposición unilateral y la fuerza reemplaza a las instituciones se incurre en una forma de violencia social que no puede ser tolerada
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Una vez más, los usuarios del transporte público quedaron el martes último reducidos a la condición de rehenes de una áspera disputa sindical que, más allá de la legitimidad que puedan tener algunos de sus reclamos, resulta inadmisible por los métodos empleados. El paro de subtes y del Premetro llevado a cabo durante más de seis horas afectó a cientos de miles de usuarios, volviendo a exponer una práctica tan recurrente como perjudicial: la de utilizar a parte de la sociedad como instrumento de presión para imponer intereses sectoriales.
El detonante fue la detención de los dirigentes gremiales Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B, luego de que se abrieran las puertas de emergencia para permitir el ingreso gratuito de pasajeros. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) respondió con la paralización completa del servicio y condicionó su restablecimiento a la liberación de los detenidos. Así, una controversia que debía resolverse por los cauces institucionales terminó trasladándose, sin consideración alguna, a quienes dependen diariamente del subte para trabajar, estudiar o cumplir obligaciones impostergables como el cuidado de la salud.
Nadie desconoce el derecho de los trabajadores. Pero una cosa muy distinta es atribuirse la facultad de cercenar los derechos de los demás. La libertad sindical no otorga patente de corso ni posiciona a una organización gremial por encima de la ley.
Entre 300.000 y 400.000 pasajeros quedaron afectados anteayer por la interrupción de un servicio que, en una jornada hábil habitual, utilizan alrededor de 800.000 personas. Para muchos de los usuarios, no existía una alternativa razonable para llegar a cumplir con sus compromisos. La pérdida de tiempo, de dinero y oportunidades, sumada a la angustia e impotencia frente a la desidia sindical recayeron sobre individuos ajenos a la disputa, sin posibilidad de intervenir en ella ni de defenderse de sus consecuencias.
Igualmente grave es que la medida se adoptara en abierta contradicción a las disposiciones vigentes destinadas precisamente a evitar que se coarte la libertad constitucional de circular y transitar libremente. El gobierno porteño había ya declarado a los servicios públicos esenciales como una actividad de suma importancia, por lo que estableció oportunamente la obligación de mantener una prestación mínima del 50% de ellos durante las huelgas. Mediante la ley nacional de modernización laboral y un posterior decreto porteño se fijaron mecanismos para impedir que una protesta paralice por completo un servicio indispensable para la vida cotidiana. Durante el conflicto con los subtes, la Ciudad intimó a cumplir con esa cobertura, disposición que fue desestimada por los gremialistas que, además, amenazaron con cortar el servicio de manera indefinida si no se atienden sus reclamos. A ello se agregó ayer la intención de los metrodelegados de denunciar ante la Justicia al gobierno local, curiosamente, por hacer cumplir las normas que ellos quiebran.
Para que el Estado de Derecho sea algo más que una declaración retórica, las disposiciones deben aplicarse y sus incumplimientos deben tener consecuencias. Si las organizaciones sindicales ignoran las obligaciones que limitan las medidas de fuerza sin afrontar ninguna responsabilidad, la regulación pierde eficacia y los ciudadanos quedan librados a la voluntad de quienes tienen capacidad de interrumpir servicios esenciales. La evaluación de eventuales sanciones por parte de las autoridades porteñas no debería convertirse en una nueva postergación del principio básico que establece que las reglas rigen para todos.
También merece un rechazo inequívoco la violencia registrada durante los enfrentamientos en la estación Juan Manuel de Rosas. La protesta laboral no justifica agresiones, intimidaciones ni feroces actos de resistencia contra las fuerzas de seguridad. La Policía de la Ciudad actuó en cumplimiento de una orden judicial dictada conforme a las normas vigentes. Las diferencias con esa decisión deben canalizarse mediante los recursos legales correspondientes, no mediante la confrontación física. Quien reclama el respeto de sus derechos tiene la obligación elemental de respetar los de los demás.
El problema de fondo es una inadmisible concepción corporativa según la cual determinados sectores, por su capacidad de presión, pueden sustraerse a las obligaciones que rigen para el conjunto de la sociedad. Bajo esa lógica, el transporte deja de ser una prestación indispensable y se convierte en moneda de cambio. Así, el interés general queda subordinado al de una minoría organizada, mientras el costo de la disputa recae sobre millones de ciudadanos que no tienen voz en la negociación.
Reivindicar el derecho de huelga exige reconocer sus límites. La solución de los conflictos laborales requiere negociación, responsabilidad y respeto por el prójimo y las leyes. Cuando la protesta se transforma en una imposición unilateral y la fuerza reemplaza a las instituciones se incurre en una forma de violencia social que no puede ser tolerada.
El país necesita sindicatos capaces de defender a sus representados sin convertir a los usuarios en sus rehenes o prisioneros, y un Estado dispuesto a garantizar que las normas no sean letra muerta. Ningún reclamo, por legítimo que parezca, autoriza a atropellar los derechos ajenos.
