¿Sueños o pesadillas compartidas?
Es lamentable la demora de causas judiciales como la iniciada por el desvío de fondos para viviendas sociales adjudicados a Madres de Plaza de Mayo
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En el enorme cúmulo de ilícitos ligados a la administración fraudulenta de fondos públicos a los que ha asistido nuestra sociedad, sobre todo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, algunos casos son más resonantes que otros. Dado el tiempo transcurrido, muchos están cerca de la prescripción; esto es, de quedar en la nada.
La maniobra en torno de la construcción de viviendas en distintas provincias y en los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Tigre y Ezeiza, que se adjudicaron sin licitación previa y con un cúmulo de irregularidades a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ocupa un lugar destacado. En la causa conocida como Sueños Compartidos, iniciada en 2011, la fiscalía denunció que más de un 23% de los fondos transferidos para la concreción de las obras, que involucraron un total de más de 748 millones de pesos, no llegaron a su destino específico.
Sergio y Pablo Schoklender -quienes cobraron notoriedad por el asesinato de sus padres, en 1981-, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y el tristemente célebre exsecretario de Obras Públicas José López, están entre los nueve imputados. Se los acusa de haber formado parte de una estructura delictiva entre 2005 y 2011. Los Schoklender son considerados “partícipes necesarios”, mientras que De Vido, López y el exsubsecretario Abel Fatala son señalados como coautores de la defraudación.
A comienzos de este mes tuvo lugar la primera audiencia convocada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, con De Vido conectado vía zoom desde la cárcel donde cumple condena, y se leyeron los requerimientos de elevación a juicio tanto de la fiscalía como de la querella, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF). El 25 de septiembre próximo, transcurrida más de una década de investigación, vencerá el tiempo legal de 6 años desde la elevación a juicio, por lo cual el tribunal optó por desdoblar la causa, posponiendo el tramo referido a lavado de dinero y avanzando con el desvío de fondos.
De la lectura de las acusaciones surgen irregularidades como la ausencia de controles, la debilidad de las inspecciones y la falta de planes de trabajo ajustados a calendario. Varios de los acusados no quisieron declarar; De Vido negó categóricamente los hechos, tal como había hecho en la instrucción. La hipótesis, que en opinión de muchos es claramente una certeza, contempla que el dinero desviado habría ido a compañías y bienes de los Schoklender.
Giros millonarios a empresas agropecuarias y bursátiles, adquisición de bienes a través de la firma Meldorek SA, inmuebles en La Plata y en CABA, una embarcación y vehículos, terrenos en José C. Paz y Pilar, y gastos suntuarios en Bariloche integran la lista de los desvíos. Noventa y dos son los testigos citados por la fiscalía, mientras que la UIF propuso 17 y las defensas de los Schoklender ofrecieron más de 120. El 11 de marzo empezaron a declarar.
La defensa de Schoklender pidió su absolución alegando violación del plazo razonable para ser juzgado, dado que la causa se inició en 2011. En su versión de los hechos, apuntó contra Hebe de Bonafini, fallecida en 2022: “Estaba cooptada por Cristina, Parrilli, Zannini y toda esa runfla”, aseguró. En 2016, esta había sido declarada en rebeldía por haberse negado a someterse a indagatoria y quedó a punto de ser detenida. Con el vergonzoso estilo y falta de modales que le conocimos, afirmó: “No voy a ir a declarar, que Martínez de Giorgi se meta la causa en el orto (sic), no creo en esta Justicia, no cometí ningún delito”, acusando a López y a Sergio Schoklender de traidores. A su muerte la acción penal iniciada se extinguió.
No faltaron a lo largo de las dos horas de declaración numerosas referencias de Schoklender a los corruptos manejos en tiempos de kirchnerismo. Incluso definió como “un curro” a la obra pública –enumeró distintos proyectos pagados que nunca se terminaron de ejecutar- y rescató la labor de Sueños Compartidos destinada a “construir ciudadanía” y brindar un “abordaje social” en referencia a las ayudas a la gente del barrio. “Él (por Néstor) tenía una lógica: todos roban, él robaba, él hacía robar, pero tenía límites, no se metía con los guardapolvos ni los comedores ni la fundación. Después de que él se murió, se desmadró todo”, explicó.
Es tiempo de castigar con todo el peso de la ley todos los desmadres sin más dilaciones. Resultan inexplicables tantas demoras. Cuando la Justicia es lenta, deja de ser justicia y los sueños compartidos se convierten en pesadillas compartidas.
Tipo de trabajo:
opinión
