Trabajo esclavo: más mentiras intencionadas
Las recientes e infundadas denuncias constituyen otra muestra de la agresión del gobierno nacional contra el campo
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Un nutrido grupo de funcionarios públicos y la propia presidenta de la Nación vienen denunciando la presencia de trabajo esclavo, al que serían sometidos trabajadores rurales migratorios, contratados por empresas trasnacionales y también nacionales. Como lo señaló esta columna editorial en enero último, nada más ajeno a la realidad y en cambio más cercano a la utilización política y electoral, un derrotero que el Gobierno viene siguiendo con toda vehemencia y perversidad desde el inicio de las administraciones kirchneristas.
Ahora les toca a empresas en su mayoría transnacionales, dedicadas a la producción de maíces híbridos. Al igual que otras falsedades, como los datos del Indec, la inflación, la inseguridad, la corrupción pública, el lavado de dinero y los ataques a la prensa no adicta, ahora resulta que empresas de renombre reconocido en el mundo, que están sujetas a todo tipo de regulaciones e inspecciones, son acusadas de conformar nidos de explotación humana del tipo de las más perversas del globo.
El caso en cuestión consiste en los procedimientos para la obtención de semillas de maíces híbridos de alta productividad y características deseables. Para lograr los híbridos se requiere el cruzamiento de líneas puras de maíz obtenidas al efecto, evitando la autofecundación de éstas, lo cual obliga a desflorarlas: cortar las panojas productoras de polen en cada línea para evitar esa autofecundación y dar lugar entonces al cruzamiento por fecundación entre las líneas. En cada lote sembrado la producción del polen indeseado no dura más que de 15 a 20 días, por lo cual el trabajo de los grupos de trabajadores tiene una duración muy limitada, salvo que la empresa contratante disponga de sembrados en lotes de distinta cronología.
Se explica entonces dada la condición de trabajo temporario, que las condiciones de habitación de estos trabajadores no dispongan de las comodidades habituales en el trabajo rural permanente: se alojan en casillas transportables o carpas especiales; reciben agua potable, comida y normas de seguridad de higiene y seguridad según disposiciones vigentes; salarios en blanco y cargas sociales conforme a la ley, con herramientas de trabajo a cargo de las empresas. Sin perjuicio de tratarse de una labor exigente, nada justifica las calificaciones de tal infierno laboral.
Los trabajadores temporarios, que existen en todas partes del mundo, en este caso generalmente provenientes del norte argentino, acuden interesados al desarrollo de estas tareas que repiten de año a año, mientras las empresa, por su parte, además de cumplir con las normas laborales controladas, se interesan por la continuidad de sus contratados, quienes difícilmente repetirían su contrato para residir y trabajar en el "infierno laboral" descripto con insidia y propósitos descalificadores por el oficialismo.
Resulta también increíble que se denuncien situaciones de esclavitud cuando los presuntos esclavos están comunicados con quienes quieran por medio de celulares y son dados de alta ante la AFIP y ART desde el comienzo de la relación laboral. Este "infierno" inventado se ve favorecido por la redacción del artículo 145 bis del Código Penal, muy ambigua, que abre un campo propicio para el análisis subjetivo y la arbitrariedad, campo en el que se inscriben las diatribas oficiales, conculcando el principio de legalidad que exige la norma penal clara, cierta, escrita y taxativa.
Llama también la atención que se difunda parcializadamente el estado de las actuaciones judiciales seguidas contra estas empresas, violando no solo el secreto de sumario existente, sino también el fundamental principio de inocencia del cual también debieran gozar y que parece querer negárseles. Es llamativo que los mismos fiscales hablen públicamente de sus causas, bajo secreto de sumario, cuando las defensas de las empresas involucradas no pueden tener acceso a ellas, marcándose así una notoria desigualdad, además de un posible incumplimiento de los deberes de aquellos funcionarios públicos.
Todo aquello que se haga para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en esta u otra cualquier actividad laboral será siempre bienvenido. Sin embargo, eso no puede hacerse blandiendo peligrosa e injustificadamente la espada de la justicia penal con un fin mezquino como parece ser el que moviliza a las huestes oficiales. Entre ellas, el propio ministro de Trabajo de la Nación, que debería mostrar un justo equilibrio en el contexto de las relaciones laborales. Más aún la Presidenta, quien debería medir el perjuicio que se ocasiona no solamente a las empresas vinculadas a los hechos mencionados, sino al agro y al país todo, a la luz del comportamiento anómalo de importantes funcionarios y ámbitos del Poder Judicial.
La insidiosa política contraria al campo que esgrime el Poder Ejecutivo viene sumando acciones de todo tipo y color a poco de asumir el poder en 2003, con singular ímpetu y propósitos ideológicos, políticos y electorales según los casos. A ello se suman las recientes decisiones relativas al comercio del trigo, los denunciados propósitos de modificar el régimen del trabajo rural para quedarse con el Registro de Trabajadores Rurales y sus ingresos, así como las reiteradas intervenciones del secretario de Comercio ahora dispuesto a hacer valer la retrógrada y derogada ley de abastecimiento. Se puede ver en este accionar oficial la existencia de nuevos propósitos populistas, intervencionistas y demagógicos, de cara a las próximas elecciones.
