Transgredir la ley delante de todos

Cuando una ley o una norma reglamentaria es sistemáticamente violada y ello ocurre a la vista del público, hay una evidencia de la incapacidad de la autoridad responsable para garantizar su cumplimiento.

Esta situación provoca dos tipos de actitudes y sentimientos en la ciudadanía. Por un lado, produce la percepción de una inequidad e injusticia, ya que la autoridad que impone el cumplimiento al ciudadano común admite explícitamente que algunos no lo hagan. Por otro lado, crea y fomenta una actitud de indisciplina y rechazo a la ley y a la autoridad. El Estado de Derecho tiende a ser sustituido por la ley de la selva y, en casos extremos, emerge la justicia por mano propia.

En los últimos años, en la Argentina se han multiplicado las transgresiones a la ley ante los ojos de la ciudadanía. Se puede cortar una calle o una ruta, con tal de que haya un motivo de reclamo o de protesta. También se puede bloquear una fábrica o un supermercado o impedir el acceso a un aeropuerto internacional. La garantía a la libre circulación que establece el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional no es considerada suficiente por las fuerzas del orden para actuar, ni tampoco responden a las órdenes de algunos jueces que se animan a darlas.

Puede sucederle a un comerciante, que cumple con todas las regulaciones y paga sus impuestos, que en la vereda de su negocio un mantero exponga y venda su misma mercadería sin abonar alquiler ni extender recibo y sin pagar un solo impuesto. Los inspectores de la AFIP acosarán al comerciante, pero no le dirán nada al mantero. La calle Florida, principal paseo del turismo internacional, es el exponente más patético de esta anómala situación. Si se trata de un local habilitado para servir comidas o vender comestibles, que cumple con todas las normas bromatológicas, el de la vereda podrá ser un puesto ambulante de frutas y verduras o un vendedor de choripanes, que obviamente no las cumple. Las cercanías de las estaciones ferroviarias tales como Retiro, Once o Constitución son un chocante muestrario de comercio informal, detrás del cual hay de todo menos ley y autoridad.

La intrusión de propiedades privadas y de terrenos públicos con la anuencia o pasividad de la autoridad es otro hecho expuesto diariamente ante nuestros ojos. No siempre esto es realizado por personas marginadas que no tienen otra opción que ésa para subsistir. Una importante proporción de las viviendas precarias en las villas de emergencia son alquiladas a quienes detentan una suerte de posesión de hecho por haberlas comprado o construido ilegalmente. La "titularidad" de esos capitalistas se asegura por mecanismos de dominio, habitualmente mafiosos. Estas construcciones han comenzado a elevarse en altura sin cumplir ninguna norma edilicia, poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes. Estos, que son inquilinos o propietarios sin título, carecen de servicios elementales como el de cloacas, pero suelen acceder al agua corriente y la electricidad mediante conexiones clandestinas. No pagan estos servicios, y transfieren su costo a los municipios o a algún órgano público, cuando no a la empresa prestataria si ésta es de carácter estatal.

Al lado de estos ocupantes o inquilinos informales, hay en nuestra sociedad miles de trabajadores esforzados que adquieren un terreno, construyen su casa, pagan los impuestos y las tarifas de los servicios que consumen. Son ciudadanos que tienen motivos suficientes para rebelarse contra el principio de cumplir las leyes, cuando advierten que hay otros que no lo hacen y no sólo no son penalizados, sino que son protegidos y reciben ayuda estatal en materiales de construcción y subsidios para intrusar propiedades y vivir informalmente.

Las calles de la ciudad de Buenos Aires se convierten todas las noches en un desagradable espacio de basura dispersa. Ello es consecuencia de que las bolsas depositadas por los vecinos para ser retiradas son abiertas, revueltas y revisadas por personas que separan cartón, plástico u otras materias. Son conocidos como "cartoneros" aunque no necesariamente recolectan ese producto solamente. En ningún país civilizado se permite abrir los recipientes de basura y dispersar su contenido. Lo impide una cuestión elemental de sanidad pública, además de la preservación de la propia salud de los que actúan de esa forma.

Toda esta actividad es naturalmente informal, pero nadie la impide. El ejercicio de la autoridad en defensa de la salud y del orden se resigna para no criminalizar la actividad de personas a las que se considera socialmente "excluidas". No se advierte que ésa es una forma de convalidar la exclusión, mientras que hay muchos otros caminos para atender extremos sociales sin violar las normas esenciales de convivencia. Es el mismo error que ha llevado a dejar de lado la responsabilidad de mantener el orden público y hacer respetar el derecho de circulación y de propiedad.

La necesaria protección social a los más necesitados no debe considerarse erróneamente como la razón para dejar de lado el cumplimiento de la ley y la preservación del orden público. Existen instrumentos idóneos para atender las necesidades básicas de esas personas y familias sin afectar el derecho de los demás ni la salud de la población. Deben privilegiarse los planes sociales, orientando los subsidios hacia la demanda en forma selectiva y mediante el uso de tecnología informática ya probada en otros países. No deben admitirse y menos fomentarse actividades informales y socialmente destructivas, que aparentan dar sustento a personas indigentes, pero que no hacen más que consolidar su marginalidad.

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