Un acuerdo positivo y necesario, pero no suficiente

Con el entendimiento alcanzado con sus acreedores, la Argentina evitará trastornos más graves, aunque no habrá resuelto sus problemas de origen

Es un hecho plausible el logro de un acuerdo con los tres principales grupos de acreedores que poseen títulos nominados en moneda extranjera. Así lo entendieron los analistas e inversores de mercado que, luego de conocido el acuerdo, impulsaron los precios de los bonos y las acciones argentinas. Si bien las condiciones logradas no son las que se propuso inicialmente el Gobierno, en el mundo de las finanzas puede considerarse exitoso un canje que evitará una nueva caída en default. Hay un dicho que afirma que un mal acuerdo siempre es mejor que un juicio y, para peor, el gobierno argentino suele perder sus juicios.

El canje llevará el valor presente del flujo de pagos a un 54,8%, logrado con el arbitrio de extender plazos y posponer el inicio de las amortizaciones. El Gobierno no logró la oferta inicial del 37% y tampoco eximirse del pago de intereses durante su período de gestión, pero pudo reducir la tasa de interés y desplazar el inicio de las amortizaciones hasta julio de 2024 para el título más corto. El bono más largo comenzará a amortizar recién en 2027.

El plazo de adhesión para los bonistas no encuadrados en los tres fondos del acuerdo se ha extendido hasta el 24 de agosto. Para esa fecha se espera contar con una muy definitoria cobertura para el canje de las actuales 20 series distintas de bonos por tres nuevas líneas emitidas en dólares y euros. Cada una de las series a sustituir disponía de cláusulas de acción colectiva que facilitarán la adhesión.

Debiera el presidente Alberto Fernández entender que el problema está en el desborde del gasto y que la deuda pública es consecuencia y no causa

La negociación llevada adelante por el ministro de Economía, Martín Guzmán, debe valorarse positivamente si se tiene en cuenta la desventaja de haber negociado conociendo la otra parte que había una decisión política oficial de evitar el default sea como sea. Ha sido un funcionario de bajo perfil, aunque debe reconocerse que se concentró en la negociación sin tomar las plenas funciones usualmente conflictivas de un ministro abarcativo de la política económica. Probablemente sea él quien encare la renegociación de los pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI), pero en este caso estará sobre la mesa la presentación de un plan económico. Esta exigencia formal surge al entrarse en la etapa crediticia conocida como de facilidades extendidas, más condicionada de la que correspondió al préstamo recibido durante la gestión de Mauricio Macri.

Pero la necesidad de explicitar un programa económico no será solo motivada por un acuerdo con el FMI. Es una demanda que nace en la imprescindible exigencia de productores e inversores que perciben la profundidad de la crisis y el agravamiento de la situación fiscal y económica como consecuencia de la pandemia y otros factores crónicos subyacentes.

De hecho, si no se produce un severo ajuste del gasto público y una fuerte recuperación de la confianza que impulse la inversión y el empleo privado, no habrá forma de cumplir con los compromisos de pagos asumidos en el acuerdo de canje.

Con el acuerdo de renegociación de su deuda, la Argentina evitará trastornos mucho más dramáticos que los actuales, pero no habrá resuelto los problemas que la llevaron a tener los fuertes desequilibrios y la deuda que posee.

Debiera el presidente Alberto Fernández entender que el problema está en el desborde del gasto y que la deuda pública es consecuencia y no causa. En este mismo sentido debemos lamentar que en la conferencia de prensa ofrecida ayer, el ministro Guzmán olvidara que el endeudamiento durante la gestión del presidente Macri fue principalmente consecuencia del enorme déficit fiscal que heredó del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Un correcto diagnóstico es imprescindible para diseñar e instrumentar las reformas estructurales que pongan en marcha la Argentina y que esta sea la última renegociación de una deuda pública impagable.