Un cambio esperanzador
El triunfo de la oposición puede ser el inicio del fin de una cultura populista y autoritaria, pero solo un primer paso para resolver problemas estructurales
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LA NACION
Desde hace varias semanas, entre quienes toman decisiones económicas y en buena parte de la ciudadanía, existía mayor inquietud por lo que pudiese ocurrir a partir de hoy que por el resultado de las elecciones generales llevadas a cabo en la víspera. El triunfo opositor en estos comicios legislativos implica un esperanzador acontecimiento, que podría significar el punto de partida de un futuro cambio.
El contundente veredicto de las urnas, que disminuirá el campo de acción del oficialismo en el Congreso de la Nación, confirmaría que el margen del kirchnerismo para radicalizar su gestión y avanzar con su viejo sueño de ir por todo ha quedado aún más acotado.
Del mismo modo, aunque pueda dispararse una feroz competencia dentro de la coalición gobernante en la búsqueda de mariscales de la derrota, cualquier movimiento extremo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ya sea dejando su cargo o, contrariamente, intentando desplazar al presidente de la Nación, es inviable para sus propios intereses personales. La primera de esas opciones la dejaría desprotegida frente a los jueces que la investigan por diversas causas de corrupción; la segunda alternativa no haría más que profundizar la desconfianza general en el Gobierno y la dimensión de la crisis económica y política.
El margen del kirchnerismo para radicalizar su gestión y avanzar con su viejo sueño de ir por todo ha quedado aún más acotado
El más alentador escenario que aflora del resultado electoral, sin embargo, no garantiza una pronta solución de los graves problemas sociales y económicos. En primer lugar, porque, por dos años más, el Poder Ejecutivo Nacional permanecerá en las mismas manos de quienes se ocuparon de patear todo hacia adelante como único plan. En segundo lugar, porque las reformas necesarias son de tal magnitud y profundidad que su implementación pondrá a prueba convicciones ideológicas, no solo del peronismo, sino también de integrantes de Juntos por el Cambio. Es que las deformaciones y deficiencias estructurales en las instituciones, la sociedad y la economía han sido llevadas a niveles tan graves que no admiten remedios clínicos, sino que precisan cirugía mayor.
El mensaje del presidente Alberto Fernández difundido anoche, más allá de la positiva convocatoria a un “diálogo constructivo” con la oposición, exhibió una concepción equivocada, cuando afirmó que el necesario camino del reordenamiento de las cuentas del Estado no requiere de un ajuste del gasto público.
Para mayor dificultad, la eficacia de un programa estará condicionada a que las medidas se apliquen simultáneamente. La gradualidad o parcialidad las haría fracasar y, como consecuencia, se volvería a difundir en la gente un diagnóstico equivocado. Esta situación ha ocurrido reiteradamente en la Argentina a pesar de que su sociedad es considerada educada. En realidad, lo era antes de que el populismo y la apelación a los resentimientos despertaron desde hace 75 años mayorías convencidas de conspiraciones por parte de inexistentes fantasmas asociados a poderes concentrados y oligarquías perversas.
Las deficiencias estructurales en las instituciones, la sociedad y la economía han sido llevadas a niveles tan graves que no admiten remedios clínicos, sino que precisan cirugía mayor
El claro triunfo de la oposición producido ayer abre una esperanza de poder modificar esta clase de pensamiento, pero –volvamos a decirlo– falta lo más difícil. En rigor, casi todo.
Varios problemas estructurales afectan la economía argentina. El mayor de ellos es el crónico déficit fiscal que desde hace décadas ha terminado exigiendo emisión inflacionaria y ha llevado a nuestro país al Libro Guinness de los récords por la cantidad y el monto de sus defaults. La causa es el exceso de un gasto público que no ha dejado de crecer. En efecto, sumando Nación, provincias y municipios, ese gasto se ubicaba en un 10% del PBI hasta principios de los años cuarenta. Se elevó al 20% en la segunda mitad de esa década, dando inicio a su financiación mediante emisión monetaria. Creció gradualmente hasta el 30% a principios de los setenta. Osciló en ese nivel, que ya era insostenible y que exigió periódicas reestructuraciones de la deuda, hasta el año 2003. A partir de 2004, el gasto creció vertiginosamente al impulso de generosas moratorias previsionales, aumento del empleo público, subsidios sobre tarifas congeladas y planes sociales. A fines de 2015, se había casi duplicado, llegando el gasto público al 46% del PBI y poniendo al Estado en una situación imposible. Pasó de 7 a 20 millones el número de personas que mensualmente recibían un pago del Estado, comparable con solo 8 millones de contribuyentes privados que aportaban impuestos.
Nada será posible si no se recupera la confianza para así generar inversiones, crecimiento y empleo privado
Las gestiones del matrimonio Kirchner habían llevado la situación al absurdo y la agravaron destruyendo el sistema de jubilaciones por capitalización y apropiándose de los fondos acumulados. La enorme corrupción agregó lo suyo y generó un inaceptable contraste con el aumento de la pobreza.
La vuelta atrás de ese desmadre ha encontrado desde entonces dificultades casi irremontables. De los 16 puntos del PBI de incremento del gasto, 3,1 fueron por nuevos jubilados que no habían hecho aportes, aunque eso no impide que tengan un derecho adquirido. Otros 5,6 puntos corresponden a provincias y municipios que gozan de la autonomía propia de un sistema federal. Solo hay 7,3 puntos sobre los que el gobierno nacional puede trabajar. Corresponden a la reducción del personal y de los subsidios. Esto exigirá un tiempo mínimo, por lo que parece inevitable una etapa de afectación del nivel real de jubilaciones y salarios públicos.
Resolver el complejo desafío que el país tiene por delante exigirá importantes acuerdos políticos
El gobierno de Mauricio Macri no alcanzó a revertir aquellos desquicios. Pudo acordar la deuda con los holdouts y levantar el cepo cambiario. Encaró el exceso de gasto con excesiva prudencia y gradualidad. Disminuyó los subsidios a la energía y al transporte, soportando ataques y descontentos. En el plano nacional logró alguna reducción del empleo estatal, que fue más que compensada por el aumento de provincias y municipios. Macri no pudo impedir la limitación del financiamiento internacional cuando a principios de 2018 el endeudamiento superó cierta relación. La gradualidad que Macri se impuso atendiendo a la situación social se mostró incompatible con una reducción más acelerada del déficit fiscal que limitara el crecimiento de la deuda.
Nada será posible si no se recupera la confianza para así generar inversiones, crecimiento y empleo privado. Más allá del necesario acuerdo con el FMI para renegociar la deuda pública, esto requiere no solo equilibrios macroeconómicos y la eliminación de la inflación, sino también una profunda reforma laboral, una Justicia independiente, y un retorno a una economía abierta y desregulada. La sola mención de estos títulos da una idea del complejo desafío que el país tiene por delante, y que –como señalamos ayer en esta columna editorial– exigirá de importantes acuerdos políticos.
Tipo de trabajo:
opinión
