Un camino de impunidad jalonado de mentiras
El kirchnerismo está recurriendo a una catarata de falsos relatos para asociar a la oposición con el episodio del 1º de septiembre en Recoleta
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LA NACION
Poco sorprende ya cualquier falsificación de la historia o la instalación de relatos con el claro objetivo de ocultar la verdad y disimular lo evidente por parte del oficialismo. Tampoco las cataratas de fake news para descalificar, armar carpetazos o simplemente mitigar efectos indeseables para los propios.
Trampas viejas y tretas harto conocidas para intentar granjearse la simpatía de la ciudadanía son moneda corriente y suman ya demasiados ejemplos. Basta recordar la feroz campaña para instalar falsedades en torno del asesinato de Alberto Nisman, ignorando evidencias y manipulando la escena del crimen, habiendo denigrado no solo su imagen y su trabajo mientras estuvo vivo, sino, peor aún, también después de muerto, para agravio de su familia.
Conocido es el caso del juez Sebastián Casanello, cabeza de la investigación contra Lázaro Báez, de comprobadas probidad e independencia. Desde el oficialismo, una vez más, se abocaron a fabricar testigos que aseguraban haberlo visto en Olivos arreglando temas judiciales con Cristina Kirchner para recusarlo y reemplazarlo por un juez complaciente. La maniobra fue desbaratada y los que levantaron falso testimonio fueron condenados, así como Lázaro Báez. Descubierto el escandaloso ardid, recientemente la vicepresidenta, siempre dispuesta a victimizarse desde su rol estelar, argumentó que se trató de otra maniobra en su contra.
La red de falsedades se urde siempre a partir de un denominador común: la utilización de servicios o pseudoservicios de inteligencia
La mentira asume mil caras al servicio de diversos fines. Casi de manual fue el tristemente célebre Operativo Puf, una escena con falsos actores y un juez militante y servil, sumado a unos cuantos sinvergüenzas detrás de una paga, fuese esta por caso una banca en alguna legislatura, dispuestos a demoler la causa cuadernos, separar a los investigadores e impedir las declaraciones del excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, y de la viuda de Daniel Muñoz, enriquecido secretario privado de Néstor Kirchner. Si bien la dimensión de la operación fue enorme y costosa, no alcanzó los objetivos deseados.
De más está decir que la red de falsedades se urde siempre a partir de un denominador común: la utilización de servicios o pseudoservicios de inteligencia, todos ellos salidos no solo de la ex-SIDE, actual AFI, sino también del seno de las distintas fuerzas de seguridad y defensa, sumando también antigua mano de obra desocupada que trabaja ávidamente fuera de cualquier control.
Cualquier ocasión resulta buena para sorprender a la gente en su buena fe con fines inconfesables. El llamado Copitosgate no viene arrojando los resultados esperados, a juzgar por relevamientos que confirman que 6 de cada 10 argentinos descreen de la existencia de un atentado contra la vida de la vicepresidenta. Al conectar este episodio con una minúscula agrupación de activistas, conseguida incluso a ese fin la pluma de un fiscal, la confusa situación condujo a la indebida privación de libertad de algunas personas y abrió el camino para continuar sembrando acusaciones sin fundamento cierto.
El propio ministro de Justicia confiesa sin tapujos realizar tareas de inteligencia sobre la jueza Capuchetti, pretendiendo denostarla
Recientemente, ingresó a la escena un militante k convertido en previsible y falaz testigo que refirió haber escuchado días antes del presunto ataque al diputado opositor Gerardo Milman anticipar con sus dichos en un bar algún conocimiento del intento de asesinato. Se armó el venenoso cóctel de mentiras maliciosas que la rapidez y eficiencia de la jueza, ahora recusada, desactivó. Denunciado por falso testimonio, el testigo deberá ser juzgado por perjurio.
A la fecha, la jueza que se ocupó diligentemente de investigar casi todas las pistas que se le presentaban, cerca ya de pedir el juicio oral de los acusados, fue recusada por la vicepresidenta. Sus abogados insisten en conectar la influencia de Revolución Federal sobre Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, un tan descabellado como falaz financiamiento de Caputo Hermanos y los vínculos con Milman, elementos que la magistrada se negó a considerar unificados en una sola causa y que fundamentarán el rechazo de su recusación.
El propio impresentable ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, obediente alfil, confiesa sin tapujos realizar tareas de inteligencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, pretendiendo denostarla públicamente por supuestos vínculos con la AFI en tiempos del gobierno anterior. La sombra del célebre delito de agenda, tipificado trágicamente en la Argentina de los 70, vuelve a la escena, esta vez ligado a un funcionario que debería explicar qué hacen o hacían sus propios familiares en la Secretaría de Inteligencia. Todo de la mano de un payasesco equipo jurídico que se repite una y otra vez y que a la sazón, como es público, visita con frecuencia al exintegrante de los servicios y hoy viceministro de Justicia, otro tenebroso funcionario omnipresente en los más oscuros expedientes de la historia argentina reciente.
Desarticular una por una la sarta de mentiras y distracciones que el oficialismo pretende seguir instalando es la única forma de arribar a la verdad
Aún no se ha determinado qué hacía, por ejemplo, el diputado todoterreno Rodolfo Tailhade pidiendo el teléfono de Brenda Uliarte, implicada en el hecho del 1º de septiembre en Recoleta. O qué vínculo unía a Los Copitos con un periodista televisivo, cliente de uno de los abogados del activo equipo jurídico mencionado. Nuevamente, la creatividad conducirá sin duda a los argumentos más inverosímiles. Pero como, además de torpes, son ya absolutamente previsibles, desde el poder se intentará ocultar todo esto. Se le asignará algún conveniente e incomprobable rol a la amiga del diputado Milman, como alguna relación con el canal Crónica TV, como supuesto indicador de vaya uno a saber qué.
Dos días antes del episodio, Juan Manuel Ubeira, uno de los abogados de Cristina Kirchner, confesaba temer por la vida de la vicepresidenta. ¿Qué sabía?, ¿qué había escuchado?, ¿qué anunciaba? Nada se explica a este respecto aún.
Tanta maniobra distractiva logró su cometido: que se dejara de hablar o se hablara menos del histórico alegato de los valientes fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de agosto pasado en la causa Vialidad. Hoy, la estrategia de los fiscales es avanzar rápidamente hacia el veredicto final, para lo cual rechazaron responder los alegatos de la defensa.
Desarticular una por una la sarta de mentiras y distracciones que el oficialismo pretende seguir instalando es la única forma de arribar a la verdad. Ante la gravedad de la hora, es deber de una ciudadanía comprometida con los valores de la república reclamar el esclarecimiento de todos los hechos y exigir que la Justicia haga su trabajo con probidad e independencia.
Tipo de trabajo:
opinión
