Un chocolate nauseabundo
Las trabas para esclarecer y castigar a los culpables en el escándalo de la Legislatura bonaerense refuerzan la desconfianza social en la Justicia
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En septiembre de 2023, convocados por un transeúnte, agentes de la Guardia Urbana de La Plata observaron cómo una persona realizaba maniobras sospechosas en un cajero automático del Banco Provincia. Con una bolsa llena de dinero en efectivo y 49 tarjetas bancarias, aquel sujeto fue trasladado a la comisaría acusado del delito de hurto, luego de que se rehusara a identificarse. El escándalo del puntero peronista y empleado de la Cámara de Diputados bonaerense Julio Segundo Rigau, alias Chocolate, saltaba así a las primeras planas e iniciaba un derrotero judicial de múltiples aristas.
Detenido por el delito de defraudaciones reiteradas –177 hechos consumados y 45 tentados, todos en concurso real entre sí– y al tiempo que en el allanamiento a su domicilio se recababan nuevas pruebas, su defensa pedía la excarcelación e interponía un habeas corpus, solicitando la nulidad del procedimiento policial y de todo lo obrado posteriormente. El camarista Fernando Jorge Mateos, integrante de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata sostuvo que no correspondía, pero sus colegas, Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, sin tener jurisdicción para hacerlo, admitieron y dieron curso al pedido y declararon la nulidad de la actuación policial que condujo a la detención de Rigau y de todo lo actuado posteriormente en la causa. Ordenaron asimismo que fuera liberado, ante una opinión pública escandalizada que ya vislumbraba la cantidad de intereses que estaban en juego, y que se le restituyeran tanto el dinero secuestrado como las tarjetas bancarias encontradas en su poder, de las que ni siquiera era titular.
Por su parte, el Tribunal de Casación Penal, integrado por los jueces María Florencia Budiño y Fernando Mancini, puso de manifiesto que los camaristas Benavides y Villordo se habían apartado de la ley y que la resolución de la cámara debía ser anulada por ser palmariamente nula.
En octubre de 2023, el procurador bonaerense, Julio Conte-Grand, denunció a Benavides y Villordo ante el Jurado de Enjuiciamiento. Solicitó su destitución por su patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal al obstruir la causa contra Chocolate Rigau. En su denuncia, calificó de arbitrario el razonamiento de los camaristas y señaló que la resolución se había canalizado por una vía improcedente, ya que la discusión sobre la excarcelación tenía un juez natural, precisamente el juez de garantías, que terminó apartado y suplantado por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelación, en una maniobra propia del denominado forum shopping.
Con acierto, Conte-Grand no minimizó tampoco el nivel de conmoción en el tejido social que la escandalosa resolución trajo aparejada al invertir las responsabilidades y cargar las culpas sobre la acción policial.
Años de corrupción judicial y de un tan inconcebible como dañino garantismo no serán sencillos de superar
La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados contestó extemporáneamente la vista que se le había corrido para dictaminar sobre la admisibilidad de la denuncia presentada por María Eugenia Talerico, Javier Iguacel y Ricardo López Murphy. No sólo propició su desestimación, sino que pretendió dictaminar en sentido similar contra la denuncia presentada por la Procuración bonaerense, lo que constituye un despropósito jurídico.
Es triste, pero no sorprendente, encontrar entre los firmantes del dictamen de la Comisión Bicameral a varios de los muchos interesados directos en frenar la investigación contra Chocolate por estar implicados en la trama de desvío de fondos públicos. El dictamen devolvió a los camaristas el favor que, gracias al Tribunal de Casación Penal, quedó en grado de tentativa.
Una causa penal por el delito de prevaricato, instruida por el fiscal Juan Ignacio Mennucci, se tramita también contra Villordo y Benavides a partir de la denuncia que presentaron Talerico, Iguacel y López Murphy. Luego de la ratificación de las denuncias, el fiscal libró oficios solicitando prueba informativa, documental y testimonial, ventilándose los entretelones de la negociación interna entre los jueces, así como la coordinación de los votos para liberar a Chocolate.
Después de varios meses de inactividad, el 14 de agosto de 2024 el fiscal Menucci desestimó sorprendentemente la referida denuncia por prevaricato argumentando inexistencia de delito. Sostuvo que lo que se atacaba era el contenido de una sentencia y que el error judicial había tenido remedio jurisdiccional (es decir: había sido reparado por el Tribunal de Casación Penal). El punto es que el delito de prevaricato se consuma, precisamente, en el contenido de una sentencia. Que se pueda posteriormente evitar sus efectos beneficiosos para el reo absuelto por el juez prevaricador no hace desaparecer el prevaricato.
Buscó cobijo el fiscal en Nietzsche, para quien no hay hechos sino interpretaciones. Este embate contra la verdad objetiva no solo pone en crisis el prevaricato en este caso concreto, sino el tipo penal mismo. En definitiva, puso en jaque al derecho todo.
Mientras la Justicia siga apañando a jueces corruptos, el país no tendrá futuro
Finalmente, Menucci se apoyó en el dictamen de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados para que no se admitieran las denuncias en las que se pedía la destitución de los camaristas. Lo curioso es que no consta la forma en la que el fiscal tomó conocimiento de ese dictamen de la bicameral, ni en la causa penal que terminó con su resolución de desestimación ni en el expediente de juicio político en el que se dio dicho dictamen. Menucci no pidió información al Jurado ni aclaró quién le había pasado, por canales informales, el dictamen. Su conducta se acerca peligrosamente a la de los camaristas Villordo y Benavides: él también resuelve sin sentirse atado por las constancias de la causa.
El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, decidió el 22 de agosto de 2024 hacer oídos sordos al pedido de revisión interpuesto por los denunciantes contra la desestimación de Menucci. Con el objetivo de salvar las formas, criticó con dureza la resolución que habían tomado, pero en definitiva blindó convenientemente a Villordo y Benavides. La causa contra los camaristas quedó, así, irremediablemente obturada.
En octubre pasado, la Sala II del Tribunal de Casación Penal admitió el recurso de queja de la defensa de Rigau, lo declaró procedente y le concedió el beneficio del arresto domiciliario por el solo paso del tiempo y sin desvirtuar los motivos que habían llevado al juez de garantías a rechazarlo. En este sentido votaron los jueces Mancini y Mario Kohan, quedando en disidencia la doctora Budiño.
Ante la falta de pulseras electrónicas, el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio decidió otorgarle a Chocolate Rigau la detención domiciliaria sin pulsera, para “evitar la afectación de derechos del procesado”. Lo ocurrido es gravísimo pues desvirtúa severamente el sistema de morigeración cuando son cientos los presos que aguardan pulseras y tobilleras electrónicas. A Claudio Albini –imputado como jefe de la asociación ilícita– y a su hijo, el concejal platense Facundo Albini, la Cámara de la Plata acaba de revocarles el “arbitrario” beneficio de la prisión domiciliaria.
Las pruebas recabadas en el teléfono de Rigau darían cuenta de su función en la asociación ilícita: mantenía la relación con los falsos trabajadores de la Legislatura, extraía el efectivo, pagaba una parte a algunas de esas personas y entregaba el grueso del dinero al concejal Albini, en tanto que Claudio Albini, como subdirector de personal de la Legislatura, sería quien se ocupaba del alta de los “ñoquis”.
Todo lo aquí reseñado no hace más que encender con fuerza las alarmas. Al decir de Conte-Grand, “los doctores Benavides y Villordo han reforzado el estado de desconfianza social en la judicatura”. Cuando el sistema no activa los frenos y contrapesos que una sana institucionalidad demanda, la preocupación y la decepción ciudadana están más que justificadas. Una Justicia con magistrados dispuestos a aliarse con los otros poderes de la República, apartada de su irrenunciable condición de independiente e incapaz de purgarse a sí misma, no verá recuperado su prestigio ni, mucho menos, la confianza ciudadana. Años de corrupción judicial y de un tan inconcebible como dañino garantismo no serán sencillos de superar. Mientras la Justicia siga apañando a jueces corruptos este país no tendrá futuro.
