Un inédito agravio a la Justicia y a las instituciones

Cuando faltan pocos días para que jure como vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner demostró, con su desafiante actitud ante los magistrados que la juzgan en la causa Vialidad, que no ha cambiado nada: que desprecia al Poder Judicial, que es capaz de intimidar y amenazar a los jueces y que está dispuesta a prácticamente cualquier cosa para asegurarse impunidad. En otras palabras, que el autoritarismo y la falta de respeto por la división de poderes siguen formando parte de su naturaleza.

Durante su declaración indagatoria, convertida en un largo monólogo en el que no aceptó responder preguntas, la expresidenta de la Nación insistió en su viejo relato según el cual ella se considera víctima de una persecución política, judicial y mediática. A esos gastados argumentos sumó una sucesión de desplantes hacia quienes tienen la tarea de juzgarla como presunta jefa de una asociación ilícita que, desde el Estado, habría beneficiado a Lázaro Báez con contratos millonarios de obra pública en Santa Cruz, en una burda trama en la que se mezclan negociaciones incompatibles con la función pública y maniobras de lavado de dinero que habrían tenido a la familia Kirchner como beneficiaria.

Sin el más mínimo respeto por la investidura de los jueces, Cristina Kirchner los acusó de tener ya la sentencia escrita y afirmó que las preguntas debían contestarlas los magistrados y no ella, al tiempo que sostuvo que la historia ya la absolvió y que seguramente condenará a los integrantes del tribunal que la juzgan.

Se ha escuchado que los miembros del Tribunal Oral Federal Nº 2, quienes asistieron impávidos a los llamativos agravios de la expresidenta, debieron actuar con mayor rigor y sancionar el eventual desacato de la imputada. Lejos de ser cuestionable, la actitud de los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, quienes dejaron que la acusada se explayara con absoluta libertad, es digna de elogio. No cayeron en la celada que pretendió tenderles quien, de pronto, quiso constituirse en fiscal y jueza de quienes tienen el deber de juzgarla. Los magistrados no respondieron a la burda provocación de Cristina Kirchner y, por el contrario, exhibieron la necesaria equidistancia, sin dar en ningún momento lugar al objetivo de la acusada: tildarlos de parciales y recusarlos.

En todo caso, fue la expresidenta quien perdió la oportunidad de hacer una adecuada defensa jurídica, optando en su lugar por un discurso político que distó de refutar las pruebas presentadas acerca del direccionamiento de las obras públicas para favorecer a un grupo empresario en particular.

La empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, se constituyó en 2003, pocos días antes de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, con un capital social de 12.000 pesos, y un año después, sin mayores antecedentes, comenzó a resultar adjudicataria de algunas de las 51 obras públicas que obtuvo en la era kirchnerista en el territorio de Santa Cruz. Los fiscales de la causa determinaron que la mitad de ese medio centenar de obras que la Dirección de Vialidad le entregó a este grupo empresario no fueron concluidas, pese a lo cual el Estado pagó por la totalidad y lo convirtió, al término del mandato de Cristina Kirchner, en el único contratista que cobraba en término y al que no se le adeudaba dinero. Para 2015, el patrimonio de Austral Construcciones creció hasta los 600 millones de pesos. Otras dos investigaciones judiciales, las causas Los Sauces y Hotesur, dan cuenta de la retribución que habría recibido la familia Kirchner mediante alquileres de departamentos y habitaciones de hoteles por parte de empresas vinculadas a contratistas del Estado, como Báez, lo cual cerraría el círculo de un esquema de corrupción del que se beneficiaban concesionarios de obras públicas y funcionarios.

A lo largo de su exposición, no ofreció una defensa coherente frente a los cargos de los cuales se la acusa. Pero recurrió al principio de la delegación administrativa, al escudarse en que era el jefe de Gabinete el responsable de la ejecución presupuestaria, que no fue otro que el futuro presidente de la República, Alberto Fernández, entre 2003 y 2008. Una curiosa estrategia, que apunta a atar la suerte del próximo jefe del Estado a la de ella. Con otras palabras, Cristina Kirchner dio a entender que si ella es condenada en esta causa, Fernández también debería serlo. Insólitamente, sugirió que los jueces tendrían "un problema" si tuvieran que indagar al presidente electo, reconociendo implícitamente que, en la Argentina no existe la división de poderes ni la independencia del Poder Judicial, al tiempo que, según su equivocado criterio, sería impensable que un primer mandatario pueda ser investigado por la Justicia.

La única defensa que ha podido esgrimir la expresidenta pasa por tratar de convencer a la opinión pública de que la búsqueda de justicia es una simple conspiración planetaria contra ella por el hecho de querer ayudar a los pobres; su estrategia no parece ser otra que ensuciar a quienes la acusan y a quienes deben juzgarla, algo no muy diferente del recurso preferido de quienes se saben culpables.