Un largo deterioro ambiental
Tras 12 años de inacción y desinterés de las administraciones kirchneristas, se impone pensar en una planificación que atienda la magnitud del problema
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Los 12 años de gobiernos kirchneristas no se recordarán por los aciertos ambientales. En los comienzos de esa gestión y por diferencias con su vicepresidente, Daniel Scioli, Néstor Kirchner separó de sus cargos a tres personas de confianza del actual candidato presidencial, que trabajaban en la Administración de Parques Nacionales (APN). Inmediatamente, la comisión asesora, conformada por organizaciones no gubernamentales con trayectoria en materia de conservación, quedó diluida para siempre.
En julio de 2003, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se transfirió del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social al de Salud. El secretario en ese momento, Jorge Amaya, pasó inadvertido hasta que dejó su cargo en septiembre de ese año, cuando asumió el contador Atilio Sabino, quien fue la máxima autoridad ambiental durante el conflicto que la Argentina mantuvo con Uruguay entre 2005 y 2010 por la construcción de dos plantas de pasta de celulosa. Sabino sabía que el entonces canciller Rafael Bielsa, con escaso tacto ambiental, había firmado en marzo de 2004 un acuerdo con su par Didier Opertti por el que se prestaba conformidad a la instalación de las plantas en el lado oriental del río Uruguay y se establecía la posibilidad de que la Argentina se encargara de un Plan de Monitoreo. Cuando comenzaron los cortes de la ruta 136, de acceso al puente internacional General San Martín, que duraron desde noviembre de 2006 hasta junio de 2010, nadie recordó que había existido ese acuerdo entre ambos países. Como consecuencia del conflicto, el presidente Kirchner anunció en Gualeguaychú que el ambiente se convertiría en política de Estado y que se jerarquizaría a la autoridad ambiental. Los años siguientes confirmaron que nada de eso ocurrió. La temática ambiental se fue desdibujando.
El conflicto, manejado con torpeza, nos llevó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que reconoció que Uruguay había incumplido el Tratado del Río Uruguay al no avisar a la Argentina antes de autorizar las papeleras, pero sostuvo que nuestro país no pudo demostrar que las plantas contaminaban y que, por eso, no había motivos para ordenar su cese. En junio de 2006, Néstor Kirchner pidió la renuncia de Sabino y traspasó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salud a la jefatura de Gabinete.
La forma en que se organiza una administración para abordar la problemática ambiental refleja el nivel de atención y prioridad que cada gestión le otorga. Kirchner designó a Romina Picolotti, una abogada defensora de los asambleístas y que consideraba al medio ambiente como un derecho humano. Desde el punto de vista ambiental, su gestión fue desastrosa pero, además, practicó el nepotismo y fue denunciada por presunta malversación de caudales públicos. En 2006, Cristina Kirchner le pidió la renuncia. Picolotti fue procesada por administración fraudulenta, por la utilización de fondos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para gastos personales, como regalos de lujo y vuelos en aviones privados.
Por su parte, en agosto de 2006 el entonces subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis D'Elía, abrió tranqueras e irrumpió en los terrenos pertenecientes al empresario norteamericano Douglas Tompkins en los Esteros del Iberá, Corrientes. Le imputaba el delito de ser un ciudadano extranjero que adquirió tierras en nuestro país. Paradójicamente, se trataba del mismo ciudadano que había donado a la Argentina más de 60.000 hectáreas, en Santa Cruz, para crear el Parque Nacional Monte León, y que donó otras 15.000 hectáreas de la estancia El Rincón, para ampliar el Parque Nacional Perito Moreno, además de colaborar con el aporte de los fondos necesarios para completar el monto requerido para la expropiación de la estancia La Fidelidad (Chaco) y su transformación en el Parque Nacional El Impenetrable.
La Presidenta reemplazó a Picolotti por Homero Bibiloni. La alarmante situación del Riachuelo derivó en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación interviniera en la problemática mediante una sentencia histórica en el juicio "Mendoza c/Estado Nacional y otros" ordenando a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño que presentaran un plan integral de saneamiento de la cuenca.
En septiembre de 2010, el juez federal de Quilmes Luis Armella sancionó con una multa de cuatro mil pesos diarios a Bibiloni por incumplir la orden judicial. Más tarde, la Corte lo denunció penalmente y promovió una investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura por irregularidades en la ejecución de obras vinculadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Durante su opaca gestión, resultó evidente que Bibiloni creía poco en los procesos de participación pública y no disimulaba la molestia que le causaban las organizaciones no gubernamentales. Poco hizo para poner en marcha la entonces flamante ley de protección de bosques nativos que surgió como consecuencia de la desaparición de un porcentaje sustancial de la masa boscosa de nuestro país. En cambio, aceptó que se destinaran 144 millones de pesos de su presupuesto 2010 al programa Fútbol para Todos.
En octubre de 2008 había sido aprobada por unanimidad en el Congreso la ley sobre protección de los glaciares. Curiosamente, y sin mayor fundamento, Cristina Kirchner la vetó y pronto se habló del "veto Barrick", por la multinacional minera Barrick Gold Corporation, que ya explotaba un yacimiento de oro en Veladero, San Juan, y que recientemente vertió en esas tierras un millón de litros de agua cianurada. La norma volvió al Congreso y fue aprobada con algunas modificaciones pero San Juan presentó una medida cautelar a pedido de esa empresa y logro suspender su aplicación. La Corte Suprema, que en la práctica ha actuado como la autoridad ambiental nacional, revocó la medida cautelar y aseguró el cumplimiento y la aplicación de la ley nacional de glaciares en la provincia.
A principios de 2011 la Presidenta echó a Bibiloni y designó en su reemplazo a Juan José Mussi, con nulos antecedentes en materia ambiental. Mussi tampoco evitó que las partidas presupuestarias destinadas a sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques fueran reasignadas "por razones operativas". El fútbol siempre prevaleció respecto del ambiente.
Resulta interesante recordar que en 2013, y en vísperas de las elecciones, el entonces jefe del bloque kirchnerista de la Legislatura porteña y prencadidato a diputado, Juan Cabandié, visitó el Riachuelo, donde dijo haber percibido bancos de peces. Más allá de ese espejismo propio del relato oficial, en el Riachuelo se hicieron algunas mejoras: se limpiaron las márgenes y se extrajeron buques hundidos, lo que permitió aumentar su escorrentía y niveles de oxigenación del agua, aunque aún sigue siendo un sitio que requiere contar con obras de tratamiento de residuos cloacales e industriales que siguen contaminando su curso.
En materia energética se siguió promoviendo el uso intensivo del carbón en Río Turbio, un combustible con efectos ambientales adversos que contribuye de modo irresponsable a la emisión de gases que provocan el calentamiento global. Las energías renovables no se promueven aunque la Argentina ha sido reconocida internacionalmente como uno de los países de mayor potencial para el desarrollo eólico. En febrero de 2015 se inauguró la central Atucha, diseñada en la década del 70: comenzó a construirse en Zárate, sobre las costas del río Paraná de las Palmas en 1980 y debía terminarse para 1987. Su presupuesto inicial fue de 800 millones de dólares y terminó costando cerca de 4000 millones por su tecnología fuera de uso y sospechas de corrupción. Se trata de una energía costosa, extremadamente peligrosa y no se ha encontrado aún solución para sus residuos que resultan altamente contaminantes a largo plazo. Otra verdadera mala noticia es que se pretende construir sobre el río Santa Cruz dos represas sin realizar el procedimiento de impacto ambiental para analizar, entre otros impactos, si afectará el desenvolvimiento natural de tres glaciares patagónicos, como el Perito Moreno, declarado Patrimonio de la Humanidad. Un año atrás la Argentina festejaba la creación del Parque Nacional El Impenetrable, en el Chaco. Hoy, insólitamente, el sitio se encuentra abandonado.
Luego de 12 años, vemos que los temas esenciales no han sido solucionados: el Riachuelo sigue siendo una cloaca; se siguen perdiendo alrededor de 300.000 hectáreas por año de bosques nativos; no hay información sobre la calidad de las aguas después de la puesta en funcionamiento de una de las papeleras sobre el río Uruguay; el procedimiento de evaluación ha sido burlado sistemáticamente para evitar que los emprendimientos sufrieran demoras o impedimentos por cuestiones ambientales; la especies siguen en retroceso; la matriz energética es vetusta y se continúa apostando a los fósiles o a represas que se construyen sin una justificación estratégica; las energías renovables son gravadas en lugar de ser incentivadas y, excepto el caso de algunas iniciativas marinas y costeras, los parques nacionales que se han creado se realizaron con el aporte del sector privado.
A días de las elecciones, ninguno de los candidatos presidenciales ha dado muestras de interés o presentado planes serios en materia ambiental. Si lo que prevalece continúa siendo una respuesta coyuntural, es porque no se han comprendido la magnitud del problema ni los desafíos que plantea.
