Un nuevo ejemplo de la mafia sindical

La detención del jefe de un sindicato portuario volvió a poner en evidencia los turbios negocios y el sospechoso enriquecimiento de no pocos gremialistas
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6 de agosto de 2019  

La detención de Herme Juárez, alias Vino Caliente, acusado de integrar una asociación ilícita y de cometer estafas, extorsiones, defraudaciones, malversación de caudales públicos y privados y lavado de dinero, da cuenta de otro claro ejemplo de accionar delictivo por parte de dirigentes sindicales que han priorizado su interés personal por sobre el de los afiliados al gremio que dicen representar.

Distintos casos como este, que involucran a gremialistas, han quedado al descubierto en los últimos años. Solo por mencionar algunos, hay que recordar a Omar "Caballo" Suárez, responsable del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU); a Juan Pablo "Pata" Medina, de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de La Plata; a Marcelo Balcedo, del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), y a Humberto Monteros, titular de la delegación de la Uocra de Bahía Blanca. Todos ellos han sido detenidos y acusados de extorsión, asociación ilícita, lavado de dinero y otros delitos. El secretario general del gremio de los encargados de edificios, Víctor Santa María, está siendo investigado por la Justicia por otras serias sospechas, al igual que el líder del gremio camionero, Hugo Moyano, y su hijo Pablo, sobre quienes pesan acusaciones acerca del desvío de fondos que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le giró al club Independiente hacia cooperativas y entidades financieras que podrían estar ligadas a Moyano, al igual que graves denuncias por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.

Herme Juárez es el jefe del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y presidente de la Cooperativa de Trabajadores de Puerto General San Martín, que tuvo hasta hace dos años el monopolio empresario de la carga y descarga de los buques que llegan a los puertos del Gran Rosario, desde donde se exporta el 78% de la producción de granos y aceites del país.

Durante 30 allanamientos coordinados por la Policía Federal y ordenados por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se secuestraron 290.000 dólares, más de 4 millones de pesos, tres lingotes de oro, joyas y una decena de armas de fuego. Del procedimiento también participaron funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de la AFIP, del Ministerio de Producción y Trabajo y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).

El magistrado también solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) el inmediato bloqueo de todas las cuentas vinculadas a Juárez, donde se estima que hay depósitos por más de 100 millones de dólares, y libró un exhorto a fin de requerir a las autoridades de Uruguay el aseguramiento preventivo de los bienes que la organización poseería en dicho país, adquiridos con dinero producto de maniobras ilícitas.

El sindicalismo argentino está entre los sectores de mayor desprestigio de la sociedad. Muchos de sus dirigentes, eternizados en sus cargos, exhiben una riqueza injustificada y llevan una forma obscena de vivir: son sindicalistas millonarios que se muestran en autos de alta gama, viven en mansiones y se hacen acompañar por matones, privilegios que son pagados por los mismos trabajadores que dicen defender.

La mafia sindical no puede seguir subsistiendo. No solo es necesario, como ya fue dicho desde estas columnas, terminar con cualquier resquicio que huela a impunidad, como los que abundan en el justificadamente cuestionado frente gremial. También hace falta una renovación dirigencial, con la cual los viejos caciques del sindicalismo sean reemplazados por verdaderos representantes de los trabajadores que no roben, que obligatoriamente tengan que rendir cuentas de los fondos que manejan, que vivan austeramente con el sueldo que perciban y que defiendan dentro de la legalidad los intereses de sus representados de la manera más inteligente y eficaz.

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