Un país sin Justicia

En beneficio de las instituciones, por razones de estricta justicia, no es posible olvidar cómo se concretó en su momento la anómala destitución de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Antonio Boggiano, claro ejemplo de una suerte de golpe institucional materializado en un Estado de Derecho. Cabe recordar que el Senado suspendió al juez Boggiano de su cargo el 22 de junio de 2005 sólo por aplicar la ley en un determinado caso. Boggiano interpuso entonces un recurso ante la propia Corte Suprema, que el 27 de septiembre de 2005 ordenó suspender los efectos de la resolución del Senado, reponer a Boggiano en su cargo y requerir al Senado las actuaciones del juicio político.

El Senado no cumplió con ninguna de las disposiciones de la Corte Suprema y, muy por el contrario, al día siguiente, "destituyó" al juez Boggiano. De esa forma, el Senado impidió al máximo tribunal de justicia juzgar sobre las graves violaciones de la defensa en juicio planteadas por Boggiano.

Junto con el recientemente comentado en estas columnas caso del procurador del Tribunal Superior de Santa Cruz Eduardo Sosa, el de Boggiano constituye otra flagrante desobediencia a la Justicia y un freno al ejercicio de la jurisdicción de la Corte Suprema. No son, por cierto, los únicos casos que reflejan enormes conflictos de poderes en los cuales la Corte y, por ende la Justicia, resultaron perdedoras. Pueden mencionarse, en tal sentido, las numerosas sentencias en favor de reajustes jubilatorios que han sido incumplidas, al igual que los fallos sobre el saneamiento del Riachuelo.

La aberración cometida en este caso no terminó ahí. Boggiano recurrió otra vez a la Corte Suprema contra la "destitución" decidida por el Senado. Fue entonces cuando ocurrieron hechos de violencia política inusitada contra la Corte. Dos de los conjueces que habían fallado en favor de Boggiano, Tomás Inda y Mario Lezana, fueron, a su vez, sometidos a juicio político por el manipulado Consejo de la Magistratura. Inda, por un supuesto mal desempeño en el caso Margarita Belén, y Lezana, por una sentencia que le fue cuestionada. El Consejo de la Magistratura, con la nefasta influencia del diputado Carlos Kunkel y de la senadora Diana Conti, suspendió al juez Inda, y así lo excluyó del caso Boggiano. Por la presión del juicio político renunció, por su parte, el juez Lezana, quien también fue entonces apartado del caso.

La Corte Suprema, con los reemplazantes de los conjueces excluidos, dictó sentencia rechazando el recurso de Boggiano. Esa otra "Corte" en realidad fue subrepticiamente convertida en una "comisión especial" en el sentido que da a ese vocablo el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional: un tribunal ad hoc para un caso particular.

Con ese golpe institucional contra el más alto tribunal de la Nación, Boggiano fue finalmente privado de su cargo. En la actuación de este juez vale la pena destacar que, como lo demostró el talentoso jurista Julio Oyhanarte, a quien Boggiano sucedió en la Corte, fue Boggiano quien redactó el voto mayoritario en 1992 en el caso Ekmekdjian vs. Sofovich, en el que reconoció a los tratados internacionales jerarquía superior a las leyes. Esa decisión inspiró la reforma constitucional de 1994 y sentó las bases jurisprudenciales de la jerarquía del derecho internacional en la Constitución Nacional.

No hay que olvidar tampoco el caso del terrorista etarra Lariz Iriondo, en el cual el juez Boggiano, con enorme coraje moral, pues estaba ya sometido a juicio político, votó en disidencia. Sostuvo que es tan delito de lesa humanidad el cometido por actos de terrorismo de Estado como aquellos cometidos por el terrorismo subversivo. Muchos atribuyen a esa correcta disidencia de Boggiano la causa real de su arbitraria expulsión del más alto tribunal. Su remoción había sido alentada por elementos próximos al gobierno de entonces, empeñados en prolongar el espectro siniestro de la subversión revolucionaria de una década de terror.

Boggiano tiene planteado su caso ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no está excluida la posibilidad de que en algún momento pueda ser repuesto en el cargo del que fue privado con las artimañas reseñadas. Restituirlo en sus funciones constituiría una lección reparadora luego del vergonzoso ultraje al que, como en otras resoluciones de la Corte Suprema incumplidas, se sometió a las instituciones de la República.