Un paso más para recuperar lo robado por la corrupción

La decisión del presidente Macri de recurrir a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para recuperar los bienes robados al Estado por la corrupción va mucho más allá de lo meramente formal.

Se trata de zanjar una discusión de larga data que, hasta el momento, no ha contado con la voluntad de parte de nuestros legisladores para arribar a un consenso que permita sancionar la ley de extinción de dominio, una herramienta vital para que los magistrados puedan hacer justicia no solo respecto de los responsables del saqueo de las arcas públicas, sino de la correspondiente devolución de lo robado al Estado, o sea, a todos los ciudadanos.

Casi tres años tuvo el Congreso para llegar a un acuerdo sobre ese vital asunto, sin que se verificara un especial interés de muchos de los legisladores por retomar la discusión para darle un punto final.

Es en ese contexto en el que aparece el DNU presidencial, que ha generado críticas. Entre ellas, que no están dadas ni la necesidad ni la urgencia; que el Congreso está en funciones, por lo que corresponde que sea él el que se ocupe del tema, y que está constitucionalmente prohibido utilizar DNU para disponer sobre cuestiones en materia penal.

Frente a esos cuestionamientos, que el Gobierno no comparte, pues entiende que el DNU es "absolutamente constitucional" y una herramienta legal y fundamental en estas horas de anomia legislativa frente al latrocinio producido por años y años de robo al Estado, las autoridades analizaban ayer la posibilidad de que el tema vuelva a debatirse en el Congreso, incorporándolo al llamado a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, cuya fecha está próxima a conocerse.

"Si existe un consenso ahora en el Congreso , [esa alternativa] me parece factible. Pero a partir de hoy [por ayer], la Argentina ya cuenta con una herramienta vigente" para recuperar los bienes robados por la corrupción, sostuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Según el DNU, la extinción de dominio se declara por medio de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial, y se crea una procuraduría habilitada para realizar investigaciones de oficio, colaborar con la localización de bienes y requerir información a todas las áreas públicas y privadas, que no podrán negarse a darla. Entre otros conceptos, dispone que todo bien susceptible de valoración económica pueda ser ejecutado y los ingresos que de él provengan, utilizados por el Estado para políticas públicas de diversa índole. Determina que la acción de extinción prescribe a los 20 años y que el plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio de los poseedores del bien o desde la fecha de la presunta comisión del delito investigado en sede penal.

Si el Congreso decide seguir sin tratar la ley, de todos modos debe pronunciarse respecto del DNU. Está obligada a hacerlo la Comisión Bicameral Permanente, que debe expedirse sobre la validez o invalidez del decreto. Para derogarlo, se necesita el pronunciamiento en ese sentido de parte de las dos cámaras, algo que hoy no parece sencillo de lograr.

Cabe recordar que el tema de la extinción de dominio se activó en el Congreso inmediatamente después de conocidos dos casos escandalosos de corrupción: el del exfuncionario kirchnerista José López revoleando bolsos con dinero y joyas a un pseudoconvento y la revelación de la existencia de los denominados cuadernos de las coimas , escritos por el chofer de Roberto Baratta, otro funcionario del anterior gobierno implicado en una extensa trama de corrupción. Es sabido que muchas de las resistencias de algunos legisladores a sancionar esta ley están directamente vinculadas con el temor que les produce la pérdida no solo de bienes mal habidos, sino de su libertad personal.

El Gobierno ha dado una señal inequívoca de que urge hallar una solución. El DNU ya rige. El Congreso vuelve a tener la oportunidad de pronunciarse. Es de esperar que lo haga en el sentido de justicia que reclama la sociedad en su conjunto.