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Un presupuesto artificioso e incumplible
El proyecto de recursos y gastos para 2013 contiene los mismos vicios característicos de las iniciativas aprobadas en los últimos años
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Nuevamente el proyecto de ley de presupuesto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo se caracteriza por su falta de realismo y, consecuentemente, de credibilidad. El mensaje anexo a la iniciativa parecería describir la situación de un país idílico, con una economía próspera, sólo amenazada por la crisis internacional, pero neutralizada por inteligentes políticas aplicadas por este gobierno. Se presentan como virtuosas las medidas que, en rigor, cualquier país mostraría como un mal menor y exigidas por una emergencia. Así, se hace referencia a las restricciones sobre el comercio exterior o a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para financiar al Tesoro, entre otras.
Como ha ocurrido en años anteriores, la elaboración del presupuesto arrastra el virus del falseamiento de las estadísticas oficiales, pero además se evidencia la intención de generar grados de libertad para poder disponer de fondos excedentes sin tener que esperar una nueva autorización legislativa. El presupuesto para 2013 se basa en una proyección de crecimiento del PBI de 4,4%, una inflación promedio anual de 11,2%, y un valor promedio del dólar de 5,10 pesos. Estas tres hipótesis son determinantes de las previsiones de gastos e ingresos. Los aumentos nominales de salarios, jubilaciones y otros gastos corrientes, que no pueden apartarse sensiblemente de la inflación, han sido proyectados en consistencia con ese 11,2% de inflación. Pero se trata de una hipótesis de cumplimiento imposible. Durante 2012 la inflación no bajará del 25%, y se observará una aceleración en la última parte del año. El arrastre respecto al promedio anual será del 12% como mínimo al comenzar 2013; por lo tanto, para que se cumpla la hipótesis del presupuesto, no debiera producirse ningún aumento de precios a partir del 1° de enero. Se trata de un supuesto ilusorio y, por tanto, este mismo carácter tienen las cifras de los gastos proyectados. Esto no es banal. El crecimiento propuesto del rubro Remuneraciones es del 12%, y se observan propuestas más insólitas, como la de un incremento de sólo el 3,2% para las universidades nacionales. Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el gasto en los programas sociales más emblemáticos crecerá menos que la inflación.
Los recursos tributarios también debieran responder a la inflación y al crecimiento del PBI. Respecto de este último, debe observarse críticamente la hipótesis adoptada, esta vez por exceso y no por defecto. Habiendo transcurrido ya tres trimestres de 2012, puede preverse para este año un crecimiento no mayor al 1,5%, sin que se observe un cambio en las tendencias. Es improbable que en 2013 el PBI muestre un aumento como el proyectado en el presupuesto. Pero cuando esta variable se traduce a pesos corrientes con una inflación menor que la real, hay finalmente una subestimación que debiera ser determinante en el cálculo de recursos. Los legisladores de la oposición han denunciado este artificio en años anteriores como una maniobra intencionada del Gobierno para que la realidad les permita una recaudación superior a la presupuestada y, de esa forma, poder disponer discrecionalmente de los fondos excedentes. No obstante, la nueva ley enviada al Congreso prevé un aumento de los ingresos tributarios del 23,1% y de la presión tributaria en más de un punto del PBI. Tal vez sea para evitar la crítica tradicional o, probablemente, para lograr una proyección de un utópico superávit fiscal.
Nuevamente se consideran como recursos corrientes las transferencias y el uso de las reservas del Banco Central y la captación de fondos de la Anses a través del Fondo de Desendeudamiento. En rigor, son mecanismos de financiamiento del déficit que debieran figurar debajo de la línea. Si así se lo hubiera hecho, aun con la insólita proyección de recursos y gastos, el resultado primario proyectado no sería positivo en 2,2% del PBI, sino en 0,7%, y el déficit financiero alcanzaría a 1,5% del PBI.
La intención de lograr mayor margen de maniobra para el Poder Ejecutivo surge de varios subrepticios contenidos en el proyecto de ley. Por ejemplo, el artículo 53 modifica el artículo 1 de la ley 26.095, que establecía el interés nacional por el desarrollo de la infraestructura y la producción energética. Ahora dirá también que "las importaciones de gas natural y de todo otro insumo necesario que sea requerido para satisfacer las necesidades nacionales de dicho hidrocarburo constituyen un objetivo prioritario y de interés del Estado nacional". A su vez, en el artículo 54 se dispone que "el cargo y el Fondo Fiduciario creado en 2008 para atender las importaciones de gas se regirán por lo previsto en la ley Nº 26.095". Esto dará vía libre al Poder Ejecutivo para crear nuevos cargos al consumo domiciliario para solventar las crecientes y costosas importaciones de gas licuado. El fracaso de la política petrolera y el autoabastecimiento tan declamado al estatizar YPF se manejan de esa manera en el nuevo proyecto de ley de presupuesto.
Por todo lo expresado anteriormente puede entenderse que el proyecto de presupuesto carece de realismo y seriedad. Vuelve a intentar dar espacios de manejo al Ejecutivo que el Legislativo no debiera otorgarle. Será, por lo tanto, no sólo inútil e incumplible, sino también negativo para el equilibrio de poderes y para el federalismo.
