Un virulento ataque a la libertad de prensa
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LA NACION
Las recientes intimidaciones contra periodistas tienen el claro propósito de amedrentar a quienes investigan la corrupción en la función pública
La virulencia de los ataques contra periodistas por parte del núcleo gobernante que rodea a la vicepresidenta de la Nación ha motivado la justa reacción de las entidades más representativas de la prensa argentina. Cada una con sus propias argumentaciones, la asociación nacional de diarios y revistas conocida popularmente como ADEPA, la Academia Nacional de Periodismo y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), entidad que reúne a centenares de periodistas independientes, han repudiado ese accionar. Como señal de la gravedad extrema del caso, debe observarse que representantes de otras instituciones y personalidades de diversos órdenes de la actividad nacional se han manifestado con preocupación sobre la amenaza instalada respecto del ejercicio legítimo de la libertad de prensa en la Argentina.
Solo han quedado en la vereda de enfrente los elementos más enconados con el periodismo de la facción que responde a Cristina Kirchner y los corifeos que le resultan serviciales en medios del Estado y en otros que, aun siendo en principio de naturaleza privada, han estado vinculados, por negocios o por lo que fuere, con la familia gobernante entre 2003 y 2015.
La situación en desarrollo es una recreación de otros capítulos del peronismo en el poder, sobre todo de aquel que gobernó en el período que va de 1946 a 1955, y de su encarnación por los Kirchner.
La constante, en siete décadas de política nacional, ha sido la capacidad con la cual el peronismo y sus acólitos, con sus distintos ropajes –algunas veces de derecha y otras de izquierda–, han organizado grupos vociferantes dispuestos a atacar en toda circunstancia a periodistas profesionales y a personalidades públicas que disintieran de la gestión oficial. Todavía se recuerdan las despiadadas semblanzas contra obispos argentinos que se publicaban día tras día, en medio de la crisis con la Iglesia en los años cincuenta, en uno de los periódicos de la maquinaria propagandística del régimen peronista. Los firmaba, con el seudónimo de Víctor Almagro, uno de los intelectuales gravitantes en el nacionalismo neotrotskista de la época, cuya progenie intelectual se ha hecho sentir hasta nuestros días.
Con no menor saña que contra los obispos de una Iglesia a la que el fanatismo político quemó templos, en 1954, los cañones de la prensa oficialista se han dirigido ahora de forma particular contra la figura de Luis Majul.
Se utilizan para esta tarea sucia señales televisivas, espacios radiales y las redes sociales, tan activas en unos casos bajo los impulsos desatados por el anonimato para agraviar. O con la insidia, algo más sistematizada y solapada en las diatribas, de blogs sin otro interés informativo mayor que el de ocuparse de manera crítica de lo que la prensa independiente y responsable tiene para decir todos los días. He ahí el papel del seudoperiodismo, fenómeno parasitario que crece como el moho, valiéndose siempre del vigoroso sustento de un muro.
La orden de largada en esta lamentable cruzada la dio la vicepresidenta de la Nación. Fue cuando acusó a Majul,a Jorge Lanata y a otros reconocidos colegas, de formar parte de una red de inteligencia cuyas actividades están siendo investigadas. Como se sabe, se hallan denunciados en esa causa exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Se habría tratado de una red que procuró espiar no solo a la expresidenta y a políticos y empresarios allegados a ella, sino también a miembros de Juntos por el Cambio y a periodistas de prestigio internacional, como Hugo Alconada Mon, integrante de la Redacción de LA NACION.
En medio de versiones de que el juez interviniente en el caso de los espías, Federico Villena, podría disponer la detención de uno o más periodistas, la Cámara Federal de La Plata apartó a este magistrado de la causa. Cuando se alega, para disponer una medida como esa, la falta de garantías de imparcialidad o la mala fe procesal, debe pensarse, con razonable lógica, que el juez desautorizado no puede menos que entrar en un proceso de reflexión sobre el futuro que le queda como magistrado judicial.
No es fácil anticiparse a decisiones de ese tenor ateniéndonos a los numerosos componentes cuestionados en el orden judicial de la Nación y de las provincias. Ahora habrá que ver el curso que confiere a las actuaciones el doctor Juan Pablo Augé, juez también de Lomas de Zamora, a quien se han derivado las actuaciones.
El senador Oscar Parrilli acusó a Majul de ser "un agente de inteligencia inorgánico". Tomaremos esa declaración como lo merece un senador de la Nación que votó con tanto entusiasmo por la actual configuración jurídica de YPF como lo había hecho antes con un voto diametralmente opuesto durante la presidencia de Carlos Menem. Aquí, lo único serio es que los periodistas que han señalado con más insistencia y énfasis la dimensión de un proceso de corrupción sistematizada en los negocios públicos del país han sido perseguidos con amenazas físicas, pegatinas de afiches, campañas de agravios, "juicios populares" –según se denominaron esas campañas aberrantes– e involucrados, lo último de lo último, en tramas judiciales de perversos alcances.
No es la primera vez que esto ocurre con el kirchnerismo –cómo olvidar al periodista Daniel Santoro y al juez federal que lo procesó en Dolores– ni será acaso la última. Pero como resultante del contexto que perfilan estos días basta ver a quienes desencadenaron la presente situación aislados en un cuadro regional e internacional en el que no hay lugar para ellos, salvo en Venezuela o en Cuba, y a costa de arrastrar en el aislamiento al país entero, acrecentando los pesares colectivos que ya de por sí ofenden a la nacionalidad.
El periodista publica la información que considera de interés para la opinión pública. La Constitución nacional protege en el artículo 43 el secreto de sus fuentes. Corresponderá a la Justicia determinar qué funcionarios públicos violentaron la ley y divulgaron información con propósitos que desconocemos, y que no necesariamente conocieron los periodistas a quienes con malicia se persigue.
Las organizaciones argentinas de prensa han otorgado categoría internacional a este caso que afecta a periodistas reconocidos al elevar los antecedentes a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las principales fuerzas de oposición en el Congreso de la Nación han hecho, por su parte, la denuncia del peligro que se cierne sobre la libertad de expresión y, por lo tanto, sobre la democracia y los valores que la sostienen.
Detrás de las intimidaciones a periodistas solo puede advertirse el claro propósito de amedrentar a quienes, a través de la búsqueda de la verdad y la investigación seria, han puesto a disposición de la Justicia elementos claves para poner fin a la impunidad de los corruptos.
Quienes, por su lado, crean haber vuelto al poder para tomar revancha contra sus críticos viven una irrealidad. Obsesionados por el orgullo de su egoísmo, no alcanzan a comprender que un país deteriorado moral y económicamente como lo está la Argentina mal podría perder tiempo en alentar causas que se anotan entre los síntomas de su inocultable decadencia republicana.
Por el contrario, una ciudadanía aunada en la defensa de la libertad de prensa es una sociedad que reacciona frente al pasado, al que se resiste a volver, y se alista para que la Argentina retome el lugar que nunca debió perder entre las naciones más respetadas del planeta.
LA NACION
