Una de las peores tragedias sanitarias de nuestra historia
La investigación judicial por el fentanilo contaminado debe esclarecer por qué el Estado le dio una licencia a quien nunca debió recibirla
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Un año y tres meses después de la denuncia que dio inicio a la causa, la investigación por el fentanilo contaminado exhibe un avance considerable y un vacío escandaloso. El avance está a la vista: 13 procesados, los hermanos Ariel y Diego García Furfaro presos, un dictamen fiscal de 191 fojas que el 3 de agosto pasado llevó a la detención de las dos máximas autoridades sanitarias del período —Nélida Agustina Bisio, extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional del Medicamento (Iname)— y una acusación que ya no habla de desidia sino de algo mucho más grave: “una cobertura estatal a los laboratorios que les permitió continuar con su actividad productiva”.
El vacío también está a la vista: la causa se ajustó a una partida mal fabricada y a dos funcionarias que no firmaron a tiempo. Eso es cierto, es horroroso y merece todo el peso de la ley. Pero es apenas la mitad de la historia, y la mitad menos incómoda para el poder.
Conviene repasar las fechas, porque ninguna de ellas admite atenuantes. El 28 de noviembre de 2024, el Iname inspeccionó Laboratorios Ramallo y detectó deficiencias críticas. Un día antes, una jefa del organismo había avisado a un director de la empresa que la inspección se realizaría al día siguiente y le explicó el motivo; esa misma noche, según la fiscalía, el laboratorio ejecutó al menos 18 acciones de encubrimiento hasta las dos de la madrugada.
El 3 de enero de 2025 los equipos técnicos elevaron el proyecto de carta de advertencia para frenar la producción en Ramallo. La norma vigente daba dos días para resolver, pero se firmó 38 días después. El 8 de enero se elevó la carta que prohibía comercializar todos los productos de HLB. Esa nunca se firmó. Mantecón Fumadó la devolvió el 12 de mayo de 2025, el mismo día en que la Anmat hacía la denuncia penal por los muertos del Hospital Italiano de La Plata.
En el medio, el 14 de enero, las dos funcionarias recibieron en la sede de la Anmat a cuatro directivos de las empresas, entre ellos los hermanos García Furfaro. Al día siguiente hubo otra reunión en el Iname de la que no quedó registro. Según el dictamen, allí no solo se acordó demorar la advertencia: las funcionarias se comprometieron a ayudar al laboratorio a conseguir rótulos y prospectos de medicamentos que la propia empresa fabricaba sin tenerlos.
La conclusión de los fiscales es determinante: si entre el 8 y el 31 de enero se hubiera firmado esa carta o adoptado cualquiera de las medidas disponibles, “ninguna muerte se hubiese producido”.
Y hay una frase que define moralmente el expediente mejor que cien fojas. El 26 de febrero de 2025, una funcionaria del Iname le advirtió por chat a su directora que los productos de Ramallo eran peligrosos y que si alguien se moría la responsabilidad sería del organismo. La respuesta fue: “Es un montón de guita que está en la calle. Sí lo sé”.
Ahora bien. Todo lo anterior explica cómo murieron. No explica cómo llegaron hasta ahí. Nadie ha explicado todavía —ni la Justicia, ni el Congreso, ni el Estado que se dice damnificado— cómo un hombre condenado en 2002 por tentativa de homicidio, que se recibió de abogado en la cárcel, terminó convertido en el principal proveedor de fentanilo de la Argentina. Cómo fue que compró laboratorios quebrados, atravesó incendios y explosiones, sospechas y se mantuvo en el mercado.
Así y todo, consiguió contratos en una docena de provincias gobernadas por partidos de todos los colores. Como dueños de HLB Pharma integró, en octubre de 2020, la comitiva oficial que viajó a Moscú por la Sputnik V, junto a funcionarias y asesoras del Ministerio de Salud y de la Presidencia. Además, obtuvo autorizaciones exprés para importar y fraccionar fentanilo y terminó por comprar medios de comunicación.
Nadie buscó respuestas a esas preguntas pese a que son el corazón de la tragedia. La contaminación fue el desenlace; la impunidad previa fue la causa. Un laboratorio que acumulaba alertas desde 2018, al que en 2023 se le recomendó una inspección integral que jamás se autorizó, no sobrevive 15 años por azar burocrático; sobrevive porque hubo un sostén que lo mantuvo a flote.
Hay un dato que resume el desastre con crueldad administrativa: solo en 2026, después de más de 100 muertos, la Anmat dispuso que los titulares y directores técnicos de los laboratorios presenten certificado de antecedentes penales para operar.
Mientras tanto, las dos exfuncionarias —una designada por el gobierno de Alberto Fernández, la otra por el actual, prueba elocuente de que la cobertura no reconoció banderías— se acusan mutuamente en tribunales. Bisio sostiene que era materialmente imposible controlar 1100 agentes; Mantecón Fumadó respondió 33 veces “no lo recuerdo” y declaró que la Anmat no decidía nada sin que pasara por el Ministerio.
No ayuda que el ministro de Salud y la entonces titular de la Anmat hayan desoído las reiteradas invitaciones de la comisión investigadora de Diputados, que igual produjo un informe con 20 recomendaciones que el Congreso todavía no convirtió en leyes. No ayuda que el Poder Ejecutivo haya dedicado más energía a descalificar al juez de la causa que a auditar sus propios organismos. Y no puede quedar en el olvido una línea abierta y estremecedora: el faltante de unos 5kilos y medio de fentanilo puro, presuntamente amparado en reportes falsos de destrucción, que pudo haber ido a parar al mercado ilegal.
La Justicia debería seguir el dinero, los contratos públicos, las compras provinciales, la trazabilidad patrimonial, los aportes y las designaciones. Debe determinar quién colocó y quién sostuvo a cada funcionario complaciente, y por qué. El Congreso debe reactivar la comisión y convertir en ley lo que hoy son buenas intenciones, empezando por una Anmat con jerarquía legal, presupuesto y blindaje frente al poder político de turno. El Gobierno tendría que abandonar el discurso de que el caso es una operación en su contra y llamarlo como lo que es: una de las peores tragedias sanitaria de la historia argentina.
Más de 120 familias damnificadas esperan saber por qué el Estado le entregó una licencia para importar y producir fentanilo a quien nunca debió recibirla. Si esa pregunta no se responde, no habrá justicia: habrá apenas un castigo prolijo y una lección no aprendida.
