Una falsa y peligrosa antinomia

El proyecto de dos diputados nacionales del oficialismo por el que se pretende gravar, con la venia del presidente de la Nación, con un impuesto extraordinario a los denominados grandes patrimonios es discriminatorio e inconstitucional. Rompe el contrato social entre el Estado y los contribuyentes, pena a quienes ahorraron en un país sin ahorro y en el que el primer despilfarrador es el Gobierno, e importa aplicar una inaceptable doble imposición.

Si bien aún no está definida la redacción final, todo apunta a volver a poner en cabeza de un sector de la economía del país la responsabilidad de atender una situación extraordinaria. En un país que figura en el tope mundial por la magnitud confiscatoria de las exacciones anuales del fisco, no caben, menos aquí que en otras partes, más violaciones del principio de igualdad ante la ley, persecuciones discriminatorias o fijación de nuevos impuestos a quienes están en la legalidad. ¿No piensa el oficialismo ocuparse de la economía negra, contribuyente ausente, que representa más del 30 por ciento de la mano de obra en la producción y los servicios?

Preocupa seriamente que no se interprete de manera correcta cuál es el escenario que enfrentamos. Lejos de ser atacados, los sectores en la mira deben ser alentados y fortalecidos. Son los que invierten, los capaces de reactivar el empleo y la economía, los mejor preparados para ayudar a salir de la emergencia una vez que la crítica situación sanitaria empiece a remitir.

No puede ser entendida sino como una nueva puesta en escena de los sectores más radicalizados del Gobierno la apelación a confiscar mediante impuestos los fondos de los contribuyentes más solventes. En el relato de "repartir entre quienes menos tienen", el kirchnerismo cuenta con la receta por la que guarda una demagógica predilección. Desde luego, ha sido infinidad de veces de temeraria inutilidad para el interés general. Por eso la impugnamos. Los pobres serían menos de los que son de no haberse destruido la aptitud del Estado para incentivar la creación de riqueza entre los propios argentinos y para estimular las inversiones productivas de extranjeros en la Argentina.

El populismo ha dejado al país tan carente de defensas que es el único de los miembros del Mercosur que no resiste acuerdos de libre comercio con otros bloques económicos por el grado de su incompetencia intrínseca para comerciar libre de trabas proteccionistas. Están jugando con fuego: la vida misma de la industria automovilística argentina depende del Mercosur tanto como las ventas de trigo aseguradas anualmente a Brasil.

No podemos continuar apostando a que la recuperación económica se cimente sobre más impuestos, fórmula probadamente ineficaz. Solo promoviendo la producción se podrán sostener los enormes requerimientos de asistencia social -con porcentajes de pobreza en niveles históricos-, inmersos en un círculo vicioso del que es preciso salir para que futuras generaciones de argentinos puedan acceder a la dignidad que confiere el trabajo.

Como bien ha dicho Confederaciones Rurales Argentina (CRA), "para pensar en repartir, primero tenemos que ser capaces de producir (...) Como nunca antes, la dirigencia política tiene la oportunidad de evitar la recurrente costumbre de perseguir, oprimir y castigar al buen empresario, aquel que arriesga, invierte y produce sin prebendas ni subsidios y así ayudar a dejar atrás un modelo de país que solo parece premiar al delincuente". El espectáculo alarmante de estos días, de liberación de presos por delitos gravísimos, parecería ser hasta la cortina de humo que se ha puesto a volar para distraer la atención sobre las prisiones domiciliarias de exfuncionarios condenados por corrupción.

Echar, una vez más, mano de fondos privados en medio de una pandemia como la actual, cuando el propio Estado no se esfuerza por bajar sus elefantiásicos gastos, es una provocación, una maniobra de pretendido salvataje que solo nos dejará sin la última red de protección en momentos en que la caída asoma amenazante y estrepitosa.

Poco parece importar tampoco que el proyecto promocionado con tanto apuro por la vicepresidenta sea, además, violatorio de garantías constitucionales, entre ellas, la que veda la retroactividad de una medida fiscal como la propuesta. También afecta a la propiedad privada que tutela la Constitución nacional. Como sostiene el especialista en temas tributarios César Litvin, al gravar la misma base que el impuesto sobre los bienes personales, es altamente probable que entre este y el proyecto por el que aboga el diputado Máximo Kirchner absorban una parte sustancial de la renta. Ninguna situación de crisis ni de emergencia habilita a que se dicten leyes que violenten la Constitución.

Otros especialistas, como el abogado Liban Kusa, hacen hincapié en el aspecto discriminatorio de la cuestión. "Todas las medidas que el Estado establezca -escribió en un reciente artículo periodístico- deben involucrar al ciento por ciento de los contribuyentes, pues la crisis por la pandemia afecta a todos". Esta mala praxis omite considerar varios puntos:

• Los argentinos ya no soportan mayor presión tributaria. Quien no produce no puede pagar impuestos.
• El país necesita dar señales de previsibilidad y estos manotazos tributarios van en sentido contrario. Ningún inversor estará dispuesto a poner en riesgo su capital bajo tan cambiantes condiciones.
• Tenemos que garantizar la seguridad jurídica a cualquier precio, aun cuando hacerlo provoque escozor en políticos fantasiosos.
• En vez de atacarlo, urge cuidar y robustecer al sector sobre el que recae la mayor presión tributaria. O sea, el que se encuentra debidamente declarado. Nos referimos a los 8 millones de trabajadores del ámbito privado, al que se pretende expoliar, y que es, en la práctica, el que sostiene a los 20 millones de personas que cobran desde hace años un cheque del Estado todos los meses.
• Tenemos un Estado tan gastador como improductivo y, por tanto, sumamente ineficiente. Habrá que lograr que la política deje, de una vez por todas, de utilizar los recursos públicos en función de intereses personales, partidarios o ideológicos, cuando no delictivos, como los que se han ventilado en el saqueo sistemático desde la función pública.

Cazar en el zoológico de lo privado ha sido siempre el camino más fácil, aunque inevitablemente nos retrotraiga al mismo punto de arranque. Lejos de resolver la ecuación de fondo, nos vuelve al casillero de partida disparando, más temprano que tarde, las repetidas crisis en las que nos hemos sumergido.

Según sus impulsores, el proyecto que propone gravar los grandes patrimonios permitirá recaudar entre 3000 y 4000 millones de dólares "para afrontar la pandemia". Ese monto, calculan, deberá obtenerse de las aproximadamente 12.000 personas físicas económicamente más sólidas del país. Sorprende que no puedan también evaluar con la misma precisión los efectos dañinos que una medida de tal naturaleza traerá para toda la población, no solo para los directamente afectados. O que haya habido tan flagrante mezquindad para recortar dietas y haberes desmesurados o para desmantelar puestos innecesarios en la administración pública.

Seguir hablando de "solidaridad" de manera incoherente con los hechos que se reiteran desde hace mucho tiempo es bastardear un sentimiento hondamente arraigado entre nosotros. Llamemos a las cosas por su verdadero nombre.

Si matamos a la gallina de los huevos de oro, no habrá reconstrucción posible. No nos dejemos engañar por palabras sin otro contenido que el de la intencionalidad proselitista y el de una irresponsabilidad abrumadora.

LA NACION

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