1
Una fiesta del gasto discrecional
1 minuto de lectura'
El presupuesto nacional, herramienta central para la administración del Estado y reflejo del equilibrio de poderes que necesariamente debe existir en una república, ha quedado reducido a un simple cálculo global de recursos y gastos. Sus partidas, aprobadas por el Congreso nacional, son ahora modificadas gracias a los cuestionables superpoderes otorgados al Poder Ejecutivo, que el gobierno nacional utiliza en forma discrecional, como acaba de ocurrir con la reasignación de más de 1225 millones de pesos por medio de simples decisiones administrativas.
Con dos resoluciones se transfirieron millonarios fondos al Ministerio de Planificación Federal en detrimento de recursos asignados para otras finalidades, en especial para el desarrollo provincial, con el propósito de cancelar órdenes de pago por obras públicas y también gastos corrientes para el funcionamiento de ramales ferroviarios. El primer desvío de fondos fue por 928 millones de pesos y el segundo por 327 millones de pesos.
En un año electoral en el que estará en juego la presidencia de la Nación, el uso arbitrario de millonarios recursos presupuestarios sin el control adecuado del Congreso nacional deja siempre abierta la sospecha de manejos irregulares en favor de intereses cercanos al poder de turno.
En este caso, el grueso de los fondos irá a las manos de una cuestionada cartera que dispone de recursos multimillonarios y fondos fiduciarios con escaso control. En efecto, alrededor de 678 millones de pesos que se le restarán al Fondo Fiduciario de Desarrollo provincial, que iban a ser usados para cancelar deuda pública, y al programa de asistencia a las provincias, se destinarán a la Dirección Nacional de Vialidad, al cuestionado Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y a la construcción de obras públicas.
El Programa de Asistencia Financiera para las provincias tenía originalmente para este año un presupuesto de 6040 millones de pesos, pero en lo que va del año sufrió sucesivas reasignaciones de partidas por 1556 millones de pesos, según un trabajo de la Asociación Argentina del Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Sin embargo, la manipulación no debe ser considerada una responsabilidad excluyente del Gobierno, porque fue el propio Congreso el que contribuyó a este enorme retroceso al haberle delegado facultades que le eran propias. Hasta la aprobación de la llamada ley de superpoderes, que delegó al jefe de Gabinete en forma permanente la facultad de redistribuir las partidas presupuestarias sin control parlamentario, con excepción de los gastos reservados de seguridad e inteligencia, los gobiernos habían usado ese instrumento argumentando razones de emergencia y por un tiempo determinado.
En esta columna editorial hemos advertido en reiteradas oportunidades, y lo seguiremos haciendo hasta que esa ley sea derogada, que la delegación de facultades propias del Congreso en el Poder Ejecutivo representa un grave retroceso institucional porque nada garantiza que en el futuro quienes manejen a su gusto los recursos del Estado no lo hagan persiguiendo fines políticos o electoralistas.
Los hechos, lamentablemente, confirman las sospechas de que el fin último de los superpoderes era quitar del medio los controles parlamentarios, con el fin de disponer discrecionalmente de los fondos públicos sin tener que dar explicaciones a nadie.
