Una Justicia a medida de la impunidad

La Argentina transita horas decisivas respecto de una de las investigaciones judiciales más relevantes y sensibles de las últimas décadas. Mañana, el Tribunal Oral Federal 3 dará su veredicto, absolviendo o condenando al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray y a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.

La investigación judicial se inició luego de que LA NACION revelara, en marzo de 2016, las maniobras contables y financieras que desarrollaron López y De Sousa con los miles de millones de pesos en impuestos que debían haber sido girados a la AFIP, pero que fueron destinados a financiar y expandir su holding, el Grupo Indalo.

Tanto el fiscal federal Gerardo Pollicita como el juez federal Julián Ercolini, la Cámara Federal de Apelaciones y la Cámara Federal de Casación Penal concluyeron que había evidencias suficientes para que Echegaray, López y De Sousa enfrentaran un juicio oral. Esa fue, también, la posición de la AFIP hasta septiembre de este año, cuando apenas 24 horas antes de presentar su alegato final acusatorio, su titular, Mercedes Marcó del Pont, ordenó retirar al organismo del juicio. De manera intempestiva, dejó de ser querellante para beneficio y regocijo de los acusados. Se trata de una nefasta artimaña que suele usar el Gobierno cada vez con mayor asiduidad y nulo prurito en causas en las que los imputados son dirigentes políticos, empresarios o sindicalistas ligados al kirchnerismo.

En el caso que nos ocupa, y en otro hecho previo bochornoso, la actual AFIP ya había hecho propia la denuncia por supuesto “hostigamiento fiscal” que planteó Cristina Kirchner en cuanto volvió al poder. Por otro lado, López y De Sousa cuentan con abogados influyentes y poderosos. El presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fueron sus abogados y continúan abogando por su impunidad. El tercero es Alberto Beraldi, que también defiende a la vicepresidenta de la Nación.

Echegaray está acusado de ser autor responsable del delito de administración fraudulenta calificada en perjuicio de la administración pública, pues en su condición de titular de la AFIP violó su principal deber, que consistía en la recaudación de impuestos, beneficiando a la petrolera Oil Combustibles, al haberle facilitado acumular una deuda cercana a los mil millones de dólares (al tipo de cambio oficial de diciembre de 2015) por el impuesto a los combustibles líquidos, que recaudaban del pago de los consumidores.

Para permitir que López y De Sousa consumaran la maniobra, la AFIP ni siquiera intimó por el pago de la deuda que se iba devengando mes tras mes, discontinuó los títulos ejecutivos para evitar ejecutarla judicialmente, les permitió ingresar a sucesivos planes de pago permanentes o temporarios de alcance general y les otorgó dos planes de facilidades de pago a título particular, sin tomar los recaudos exigidos por la ley para su concesión. Tampoco les intimó las caducidades en las que incurría la petrolera, por los reiterados incumplimientos que cometía con esos planes.

A López y De Sousa se los acusa como partícipes necesarios en las supuestas maniobras delictivas protagonizadas por Echegaray, ya que fueron los beneficiarios finales de la presunta defraudación, por permitírsele acumular esa cuantiosa deuda, sin sufrir las consecuencias que acarrea a cualquier contribuyente la mora en el cumplimiento de sus obligaciones. También, por licuar esa deuda al abonarla en cómodas cuotas y con un interés de financiamiento sensiblemente inferior al resarcitorio que se devenga automáticamente por la mora. Y por utilizar los montos de los impuestos recaudados del público consumidor de combustibles como recursos de financiamiento para adquirir otras empresas y financiar el holding a través de los llamados “préstamos intercompany”.

No puede obviarse el esfuerzo sistemático, calculado y progresivo que desarrollaron las actuales autoridades de la AFIP, lideradas por Marcó del Pont, para boicotear el juicio y beneficiar a los acusados, una práctica nefasta del Gobierno en causas que comprometen al kirchnerismo

Mucho se puede hablar sobre los planteos de las defensas y de los acusadores, de las pruebas que reforzaron los planteos de unos y otros. Pero no puede obviarse el esfuerzo sistemático, calculado y progresivo que desarrollaron las actuales autoridades de la AFIP, lideradas por Marcó del Pont, para boicotear el juicio y beneficiar a los acusados.

La AFIP no solo se retiró como querellante apenas 24 horas antes de la audiencia prevista para que presentara sus alegatos, sino que previamente había adoptado múltiples decisiones ventajosas para Echegaray, López y De Sousa. Por ejemplo, no le renovó el contrato como abogado patrocinante a Alejandro Carrió, desplazó de sus cargos a los funcionarios y empleados que más sabían sobre el “caso Oil” y retiró la querella contra toda la “línea” sospechada de haber participado en las maniobras cuestionadas.

Así fue como se llegó al momento culminante del juicio, aunque las cartas parecen echadas a favor de los acusados, que también cosecharon otras canonjías y beneficios del actual gobierno; entre ellas, la descarada sanción de una nueva moratoria fiscal que resultó un traje a medida de las necesidades de López y De Sousa.

Semejante desfachatez tuvo y sigue teniendo lugar a pesar de las conclusiones a las que arribó la Justicia Comercial cuando consideró probado que López y De Sousa desarrollaron dentro de Oil Combustibles una política empresarial ruinosa y fraudulenta, provocando su insolvencia y su virtual vaciamiento, pero transfiriendo a otras compañías del holding las sumas en impuestos recaudadas e ingresadas.

Quedó judicialmente determinado que la cesación de pagos de la petrolera había ocurrido en junio de 2011, es decir, durante el primer mes de actividad bajo el control de López y De Sousa, y no en la fecha de su concurso, a fines de marzo de 2016, al que supuestamente la habría llevado el “acoso” del gobierno de Mauricio Macri.

Si Oil Combustibles hubiera reclamado la devolución de los préstamos concedidos a las empresas del grupo, podría haber hecho frente a la deuda que tenía con la AFIP sin tener que llegar a la quiebra. Sin embargo, parece que el negocio le salió redondo porque lo que otrora era una deuda de mil millones de dólares, la regularizó, gracias a la moratoria a su medida, con solo 90 millones de esa moneda en cómodas cuotas a diez años.

De ahí que el fiscal Juan Patricio García Elorrio sostenga que no alcanza, reclame el resarcimiento integral del daño y el decomiso de todos los activos adquiridos con la plata de nuestros impuestos. Esos son los hechos y las conductas que deben ser evaluadas por los jueces del tribunal. Sin dudas, será un momento clave, no solo para el futuro de los imputados, sino para la sociedad, que ha sido damnificada en su conjunto y que espera poder volver a confiar en que la ley es idéntica para todos y que los culpables son debidamente castigados en nuestro país.

Como ha dicho Esteban Bullrich hace apenas unos días, “sin justicia no hay paz y sin paz no habrá desarrollo social ni económico”. Ojalá grabemos a fuego su legado.