Una Justicia asediada por un gobierno autoritario
En vez de atacar a uno de los pilares del sistema democrático, los funcionarios procesados deberían poner sus energías en demostrar que no cometieron delitos
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LA NACION
El presidente Alberto Fernández reaccionó, una vez más, en el sentido diametralmente opuesto al que se espera de un jefe de Estado respetuoso del sistema democrático: volvió a criticar con dureza a jueces y fiscales cuyos fallos no concuerdan con sus deseos.
Al conocerse la resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña para ordenar la liberación de los miembros de la agrupación Revolución Federal, por entender que no existían riesgos procesales suficientes y que carecen de antecedentes penales, el Presidente escribió un duro hilo de Twitter en el que acusó a los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de “estar empecinados en tapar lo obvio”. Paralelamente, los acusó de ocupar sus cargos en forma ilegítima. Se trata de la causa en la que se investigan presuntas amenazas y mensajes violentos contra Cristina Kirchner.
Los dichos del Presidente resultan absolutamente inaceptables. No solo interfieren en otro de los poderes del Estado –un proceder de por sí violatorio de la división de poderes–, sino que también entorpecen descaradamente el trabajo de la Justicia en la búsqueda de la verdad.
En el mismo sentido que el Presidente, e incluso con expresiones degradantes y carentes de todo tipo de fundamentos, se expresaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; el exviceministro de Justicia Juan Martín Mena, y el diputado Leopoldo Moreau. Otro de los blancos de la diatriba oficial fue nuevamente el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, tras pedir que se revocara el sobreseimiento de la vicepresidenta en la causa conocida como “dólar futuro”.
La arremetida del oficialismo volvió a tomar fuerza ayer tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró nulo el decreto parlamentario por medio del cual Cristina Kirchner concretó su grosera artimaña de dividir el bloque oficialista de senadores para arrebatarle a la oposición una banca en el Consejo de la Magistratura. No es una novedad que el oficialismo anuncie que se niega a aceptar fallos judiciales, lo que no quita que sea inadmisible.
Ciertamente, son habituales esos furibundos ataques a la Justicia por parte de representantes del Gobierno. Hace ya tiempo que, bajo el inexistente paraguas de un presunto lawfare, la propia vicepresidenta viene denunciando y vilipendiando a jueces y fiscales que tramitan causas que la tienen procesada por hechos gravísimos contra la administración pública. Por caso, el fallecido juez federal Claudio Bonadio fue recusado en la causa Hotesur, en la que Cristina Kirchner resultó sobreseída sin ir a juicio oral. Actualmente, la Cámara de Casación realiza una serie de audiencias para determinar si reabre ese expediente y el del memorándum con Irán, en el que también fue sobreseída por considerárselo un hecho político que no configuró delito.
El caso del juez Bonadio ha sido sintomático. La vicepresidenta lo ha recusado en más de una oportunidad por enemistad manifiesta y por ser “un juez enemigo”. Otro tanto hizo con los jueces Bertuzzi y Llorens, a quienes impugnó por haber dictado la falta de mérito a funcionarios macristas en la causa en la que se investigan presuntas maniobras de espionaje ilegal. En ese mismo expediente, pidió la exclusión de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Javier Carbajo, encargados de revisar recursos que llegasen a esa instancia. Y, como parte de sus artilugios para entorpecer procesos judiciales, se incluye también la durísima y desubicada arremetida contra los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, a quienes pidió apartar de la investigación invocando temor de parcialidad o pérdida de objetividad.
El proyecto aprobado en el Senado y girado a Diputados para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de 5 a 15 va en el mismo sentido de lograr obtener una Justicia adicta con el fin de asegurarse impunidad.
Como en otras tantas ocasiones, Cristina Kirchner y sus principales personeros pretenden hacer creer a la sociedad que el primordial problema del país es el rol de la Justicia y no una pésima gestión gubernamental que lo ha hundido y sigue sumergiéndolo en la pobreza, cercenando sus posibilidades de crecimiento y clausurando sus expectativas de un futuro mejor.
Responsabilizar a los jueces de las dificilísimas condiciones de vida que hoy soporta el grueso de la población, como pretenden transmitir Cristina Kirchner, el Presidente y una legión de dirigentes enceguecidos de poder, constituye el mecanismo predilecto de quienes abjuran de los sistemas republicanos. Si pusieran en la presentación de pruebas que los desinculpen el mismo énfasis que aplican en denostar a quienes los investigan, no tendrían que seguir tejiendo esta suerte de disparatadas “distracciones” de los verdaderos problemas por los que atravesamos como sociedad. Está visto que poco tienen para mostrar a la hora de defender su supuesta inocencia.
Como ya hemos dicho desde estas columnas, es deber de la sociedad exigir a los dirigentes que actúen con honestidad, respeten las instituciones y asuman las consecuencias de sus actos. El poder entendido de otra manera no es otra cosa que autoritarismo.
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