Una Justicia que no quiere llegar
El problema en la causa AFA es conseguir que algún juez investigue para llegar a la verdad y no para ocultarla como muchos parecen estar empeñados hoy
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En la mayoría de los casos judiciales en materia penal se discute si existió o no un delito. En otros, en cambio, lo primero que es necesario averiguar es quién estará dispuesto a investigarlo... y por qué: si para encontrar a los responsables o para ocultar a los culpables. Las causas que rodean actualmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pertenecen, lamentablemente, a esta segunda categoría.
Los hechos que han tomado estado público son de una gravedad que debería haber provocado una reacción judicial rápida, independiente y rigurosa. Una sociedad constituida en los Estados Unidos recibió, en virtud de un contrato celebrado con la AFA, el derecho a percibir el 30% de sus ingresos comerciales generados en el exterior, además de otras sumas por tareas logísticas. La Justicia investiga qué servicios justificaban semejante remuneración y cuál fue el destino posterior de parte de esos fondos. No estamos hablando de monedas.
También se investiga la adquisición de una extraordinaria propiedad en Pilar, cuyo valor, incluyendo los bienes allí encontrados, ha sido estimado en alrededor de 20 millones de dólares. Su titularidad formal aparece vinculada con personas cuya capacidad económica declarada difícilmente sea compatible con semejante patrimonio. Las sospechas judiciales apuntan a determinar si detrás de ellas existen otros verdaderos propietarios, vinculados, precisamente, con la tesorería de la AFA.
Nada de esto permite, por supuesto, afirmar culpabilidades. Para eso existen los jueces. El problema es conseguir que alguno investigue para llegar a la verdad y no para ocultarla como parecen estar muchos empeñados hoy.
Desde hace meses, buena parte de la energía judicial parece haberse destinado no a esclarecer los hechos sino a determinar quién tendrá el privilegio —o la desgracia— de hacerlo.
La causa ha viajado entre distintos juzgados, fueros, cámaras y jurisdicciones. Penal Económico, la Justicia Federal de Campana, la Cámara Federal de Casación y ahora la Corte Suprema aparecen sucesivamente en una discusión que, contemplada desde afuera, empieza a adquirir caracteres grotescos. Mientras se discute dónde debe investigarse, el tiempo pasa. Y en una investigación patrimonial compleja el tiempo no es neutral: permite que determinados documentos desaparezcan, algunos recuerdos se debiliten, ciertas estructuras societarias se modifiquen y cuantiosos patrimonios cambien de manos.
El juez natural no es una extravagancia procesal sino una garantía constitucional. Nadie debería ser sometido a un magistrado elegido a dedo para juzgarlo
Naturalmente, las reglas de competencia importan: el juez natural no es una extravagancia procesal sino una garantía constitucional. Nadie debería ser sometido a un magistrado elegido a dedo para juzgarlo.
Esa garantía fue concebida para impedir que el poder elija al juez que desea. Sería una perversión convertirla en el instrumento que permita a quienes están siendo investigados conseguir exactamente lo mismo. Y aquí el asunto comienza a adquirir una dimensión institucional mucho más inquietante.
Han aparecido informaciones sobre relaciones previas entre varios magistrados, protagonistas de estas decisiones judiciales, y la propia AFA o sus dirigentes. Se mencionan participaciones en órganos de la entidad, presencias en acontecimientos sociales y vínculos personales que, aun cuando no demostraran por sí solos ninguna irregularidad, deberían haber provocado en los involucrados una cautela extrema y excusarse.
Un juez no solo debe ser imparcial. Debe cuidar que existan razones objetivas para confiar en su imparcialidad. Cuando esa confianza está en juego, la respuesta institucional no puede consistir en añadir nuevos capítulos a una interminable disputa por el control de un expediente judicial.
Un juez no solo debe ser imparcial. Debe cuidar que existan razones objetivas para confiar en su imparcialidad
Hay algo especialmente desagradable en el espectáculo. La Justicia exige diariamente a los ciudadanos que confíen en ella. Les pide que acepten sus decisiones, que soporten sus demoras (con frecuencia inexplicables), que respeten sus procedimientos y que crean que, detrás de formalidades en ocasiones incomprensibles, existe un sistema destinado a aplicar la ley con independencia.
Esa confianza es un capital escaso. Y se destruye cuando el ciudadano observa que, frente a hechos que involucran poder, dinero y relaciones personales, el aparato judicial demuestra una extraordinaria capacidad para discutir consigo mismo y una mucho menor para averiguar qué ocurrió.
La cuestión adquiere todavía mayor gravedad porque la investigación argentina no está aislada. Autoridades de los Estados Unidos han requerido información vinculada con TourProdEnter LLC y con movimientos de fondos que podrían tener relevancia para investigaciones sobre fraude o lavado. Sería humillante que operaciones vinculadas con una de las instituciones más poderosas de nuestro país terminaran siendo esclarecidas con mayor eficacia a miles de kilómetros de distancia que ante nuestros propios tribunales.
La AFA administra una actividad que despierta pasiones extraordinarias y maneja, como consecuencia de ello, recursos extraordinarios. Pero el fútbol no constituye una jurisdicción separada de la República. Sus dirigentes tienen exactamente los mismos derechos que cualquier ciudadano: presunción de inocencia, defensa en juicio, juez natural y debido proceso. Y exactamente las mismas obligaciones.
Sería humillante que operaciones vinculadas con una de las instituciones más poderosas de nuestro país terminaran siendo esclarecidas con mayor eficacia a miles de kilómetros de distancia que ante nuestros propios tribunales
Por eso, lo que está en juego excede largamente la propiedad de una mansión, el destino de determinados millones o la legitimidad de una comisión comercial difícil de explicar.
Está en juego algo mucho más elemental: si en la Argentina el poder consigue escoger —directa o indirectamente— quién habrá de investigarlo.
Una Justicia independiente no es aquella en la que los jueces se disputan un expediente durante meses. Es aquella en la que poco importa a quién le toque porque cualquiera de ellos investigará con la misma seriedad, independencia y ausencia de compromisos.
Cuando los ciudadanos comienzan a sospechar que no da lo mismo qué juez intervenga, el daño institucional ya está hecho. Y, peor aún, cuando quienes deben administrar justicia contribuyen con sus propias conductas a alimentar esa sospecha, no alcanza con invocar códigos procesales, conflictos de competencia ni garantías constitucionales.
Hay una garantía anterior a todas ellas que la República necesita preservar: que nadie pueda elegir al juez que habrá de investigarlo.
Si nuestros tribunales no son capaces de asegurar siquiera eso, quizá la pregunta más grave ya no sea qué ocurrió con el dinero de la AFA. Será qué ocurrió con la Justicia.
