Una Justicia que pone límites
La condena al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri constituye una reivindicación de jueces y fiscales que resisten las presiones políticas
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LA NACION
La condena al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri y a varios de sus por entonces colaboradores, surgida de un fallo unánime del tribunal integrado por los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, constituye un valioso hito en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Conocida la sentencia que le impuso ocho años de prisión, Urribarri presentó su renuncia al cargo de embajador de la Argentina en Israel, en el que había sido designado por el actual gobierno.
Este hecho habla también de la ligereza con la que son designados algunos embajadores políticos, pues el ahora condenado nunca reunió los requisitos mínimos de idoneidad para el desempeño de cargos públicos.
Los procesos contra el exmandatario entrerriano; su cuñado Pablo Aguilera, y los extitulares de Cultura y de Turismo Pedro Báez y Hugo Marso, respectivamente, se iniciaron con las investigaciones de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. Esta valiente funcionaria debió soportar una campaña de intimidaciones, además de reiterados intentos de destitución, impulsados desde el poder político. Como se denunció desde este espacio editorial oportunamente, también el procurador Amílcar García, quien respaldó el accionar de la doctora Goyeneche, sufrió similares presiones y amenazas.
El fallo es un valioso hito en la lucha contra la corrupción y la impunidad
Ha quedado evidenciada la importancia de una ciudadanía vigilante, con activas asociaciones profesionales y de magistrados, así como medios de comunicación que no cejan en su deber de informar sobre los aprietes del poder cuando persigue la impunidad para los acusados. Una opinión pública comprometida es la base de cualquier sociedad que pretenda vivir en libertad y en un Estado de Derecho.
No es menos relevante la actitud de los fiscales que acusaron ante el tribunal a los denunciados en varios procesos por defraudaciones que involucraron varias decenas de millones de dólares, y que no se dejaron presionar por el poder político.
La Justicia de Entre Ríos, provincia que tanto ha contribuido a la organización constitucional de la República Argentina, ha dado un ejemplo que deberían seguir otros poderes judiciales provinciales. Muchos de ellos, más que merecer la denominación de Poder Judicial, son simples dependencias de los gobernadores, subordinados al servicio de sus atropellos, demasías y corrupciones.
En reiteradas oportunidades nos hemos referido a las tan lamentables como abusivas, cuando no delictivas, situaciones protagonizadas por figuras del poder en numerosas provincias. Por tal motivo, este fallo de la Justicia entrerriana trae una bocanada de aire fresco.
El hecho habla de la ligereza con la que son designados algunos embajadores políticos
Esta ejemplar sentencia se ha sumado a la decisión tomada en estos días por la jueza María Eugenia Maiztegui y la fiscal María del Valle Viviani, de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, quienes pidieron la detención de los gremialistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, acusados de extorsión y coacción por bloquear una empresa en San Pedro en 2018. La sociedad celebra que no hayan cedido ante el patoterismo extorsivo al que pretenden acostumbrarnos dirigentes del sindicato de camioneros. La reacción sindical incluyó el cese del servicio de recolección de residuos y las tareas de limpieza en San Nicolás, así como bloqueos a los accesos a la ciudad. Al borde del desabastecimiento y ante la indiferencia del gobierno bonaerense y la complicidad de las máximas autoridades de la Nación, que se reúnen regularmente con integrantes del clan Moyano, los nicoleños se opusieron a convertirse en rehenes y pidieron respeto por las resoluciones judiciales.
“Perdió la extorsión”, celebró Manuel Passaglia, intendente local, cuando se levantó la medida de fuerza. Por su parte, Hugo Moyano salió a desmentir que hubiera habido un bloqueo y denunció “alerta y movilización ante el atropello de la Justicia”, que, en buena hora, puso esta vez límite a sus excesos.
Una Justicia que hace gala de la mayúscula, con magistrados valientes e independientes dispuestos a hacer respetar la ley, parafraseando a Hamlet, nos habla de que “no todo está podrido en la Argentina”.
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