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Una ley sobre la obesidad
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El hecho de que, días atrás, miles de personas se reunieran frente al Congreso de la Nación para reclamar al Estado que la obesidad sea considerada definitivamente lo que es, una enfermedad, ha logrado más que todas las acciones emprendidas hasta ahora por médicos y especialistas. Como había ocurrido ya el año pasado, otra vez fue un programa de televisión, Cuestión de peso , el reality show de Canal 13 sobre gente que lucha por bajar de peso, el gestor de la nutrida convocatoria. En la plaza frente al Congreso unas 8000 personas gritaban al unísono: "¡Queremos la ley!".
Se referían a la posibilidad de que una norma obligue a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a incluir la obesidad en sus coberturas y planes médicos. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad es "la enfermedad epidémica no transmisible más grande del mundo" y está entre los diez factores de riesgo principales para la salud. La obesidad arrastra consigo consecuencias muy poco deseables; contribuye al desarrollo de otras enfermedades crónicas y está ligada, tanto para niños como para adultos, con otras afecciones que requieren largos y costosos tratamientos.
Hay ya un proyecto de ley, aprobado en comisión en el Senado desde fines de agosto último. Este proyecto abarca los llamados trastornos de la alimentación y se refiere al control y prevención de la bulimia, la anorexia nerviosa y la obesidad (aunque son muchos los especialistas en nutrición que aducen que la obesidad no es exactamente un trastorno alimentario y que no debería estar incluida en este proyecto). El texto del Senado plantea el problema como un asunto de interés nacional y comprende la investigación de sus agentes causales, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas con la alimentación, así como la asistencia integral y rehabilitación, además de las patologías derivadas y medidas preventivas. También se propone la creación del Programa Nacional de Prevención y Control de los trastornos alimenticios en el ámbito del Ministerio de Salud. Una de sus atribuciones será formular normas con miras a la evaluación y el control de los trastornos alimentarios para una adecuada ingesta, en especial de niños y adolescentes.
No es este el primer proyecto que encara en el país el tratamiento de la obesidad. En septiembre último, la Legislatura de Misiones aprobó una ley por la cual se la considera una enfermedad crónica y todas las obras sociales y el sistema público de salud están obligados a asistir a las personas con esta patología. Ya se publicó en el Boletín Oficial y el Ministerio de Salud de la provincia tiene un plazo de 90 días para reglamentarla y ponerla en vigor. En los fundamentos de la ley se señala que en el mundo "hay mil millones de personas con un peso superior al recomendable", lo cual incide directamente en la salud y la calidad de vida.
En gran parte del mundo se están desarrollando políticas públicas sobre el tema. Por ejemplo, para lograr una más eficiente lucha contra la obesidad infantil, las autoridades británicas han decidido enviar advertencias oficiales a los padres de niños obesos para que se encarguen de controlar el peso de sus hijos. Según un informe oficial que sitúa al Reino Unido entre los países "menos saludables" de Europa, la obesidad infantil es uno de los problemas más graves que afectan a esa nación.
El gobierno inglés ha identificado con claridad a quién debe dirigirse. El papel de los padres es fundamental en la tarea de prevenir esta enfermedad. Todos los niños, desde el comienzo de su vida, tienen que ser educados en una alimentación sana y un nivel de actividad física adecuado a cada edad. Esta tarea primaria debe ser desarrollada en el seno familiar, porque los niños adquieren sus hábitos observando a su familia, en primer lugar, y luego a sus compañeros y su entorno social.
El tratamiento de este proyecto de ley o de cualquier otro que encare con seriedad esta y otras enfermedades relacionadas con la alimentación, deberían ser prioridad para nuestras autoridades, las actuales y las que han de asumir a partir del 10 de diciembre próximo. La salud de la sociedad argentina no debe quedar postergada bajo ningún concepto.
