Una nueva ofensiva contra el campo
El reciente incremento de las retenciones a la soja y la agresión ideológica contra el sector más productivo de la Argentina implican otro grave retroceso
1 minuto de lectura'
LA NACION
Pese a todos los argumentos debidamente fundados sobre la irracionalidad e injusticia de las retenciones, y de las gestiones de diálogo por parte de las entidades gremiales de los productores, tardíamente atendidas por las autoridades del área, el Gobierno ha vuelto a aumentar ese tributo sobre la soja. Ahora es del 33%, que se sumará a otro tanto por Ganancias y diferentes gabelas de orden general: Ingresos Brutos, impuestos inmobiliarios y al cheque, tasas municipales y demás.
No hay otra actividad gravada de igual manera en la Argentina como la que afecta a las actividades agropecuarias. Tampoco hay sociedad que soporte la presión fiscal general de la severidad que sufre la nuestra. La excentricidad de las retenciones al campo es tal que apenas se aplica en otros tres países más en el mundo. Solo por retenciones a la soja, de cada tres camiones que salen de los campos uno es para el Gobierno. Al sumar la totalidad de los gravámenes, el Estado se queda con una parte descomunal de la renta, pero sin participar de las pérdidas, que son cada vez más frecuentes. Eso sin contar los giros violentos en la dirección económica y financiera del país, que han llevado a varias importantes y casi centenarias empresas, como Vicentín, a situaciones extremas.
Voracidad estatal injustificable e inagotable. Siempre más y más exacciones para afrontar lo que no puede ni debe. Es una voracidad con sustento explicativo en la exorbitancia del gasto público. En la magnitud de la planta de empleados estatales, que no ha dejado de crecer en los últimos años en el Estado, las provincias y los municipios. En la falta de relación entre el número de aportantes al sistema jubilatorio y el número creciente de quienes se hallan efectivamente en retiro. Agréguese a eso una economía en negro de dimensión descomunal y se tendrá el cuadro pavoroso que subyace en la decisión gubernamental de volver a esquilmar al sector de mayor productividad -más empeño, más creatividad, más innovación- de la economía argentina. ¿Sobre qué demostración específica y concreta basa el Presidente la voluntad anunciada de querer al campo como socio estratégico?
Los agitadores profesionales sin ejercicio de oficio o profesión reconocidos y que fomentan la permanente agresión ideológica contra el campo no saben siquiera que la venta de tierras en la Argentina se encuentra tan paralizada como la de otros bienes inmobiliarios. Y cuando aquellas se realizan, quienes las adquieren son en general gentes provenientes de otras áreas del quehacer nacional. Es raro que un productor compre tierras, pues su capital de trabajo está en zona de riesgo por la naturaleza de la actividad, por los hechos ajenos a su criterio y prudencia que desencadenan en cualquier momento las regulaciones estatales. Y también, por el vaivén permanente de los precios agrícolas, hoy tan afectados en el orden internacional a raíz de diversas causas: desde los efectos no agotados del conflicto comercial chino-norteamericano hasta las derivaciones del coronavirus.
Ha sido más que evidente la cautela con la cual la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias ha procurado actuar ante la nueva ofensiva contra el campo volcada en una ley de emergencia y "solidaridad social" compulsiva, mientras la política continúa con el mismo tratamiento desaprensivo con los recursos públicos que ha llevado al país a la actual encrucijada. Los nuevos aumentos tributarios sobre la soja han tenido la débil compensación de rebajas sobre el girasol, el maní, vegetales, los maíces pisingallo y Flint y el arancel sobre la harina de trigo, que bajó del 9% al 7%, pero se han ampliado las zonas del país cuyos suelos y distancia a los puertos no permiten que los productores logren siquiera márgenes de indiferencia; es decir, ni para ganar ni para perder. Téngase en cuenta, como evaluación global de lo que ocurre, que la soja representa más del 70% de la facturación agrícola en el país.
En la desesperación cunden decisiones más emocionales que provistas de buen sentido. Lanzarse a calles y rutas sin la aprobación experimentada de las organizaciones gremiales probadas, aun en la más tormentosa adversidad, en la defensa de la producción agropecuaria, no es un fenómeno que deba celebrarse. Por el contrario, en las situaciones más difíciles es cuando más debe confiarse en los dirigentes con veteranía y en las instituciones maduras que ellos representan, liberándolos de presiones inoportunas.
Esperemos, pues, que en esta semana con cese de comercialización de productos agropecuarios por cuatro días dispuesta por la Mesa de Enlace -la Federación Agrícola dejó en libertad de acción a sus asociados- prevalezca en todos los ámbitos la sensatez que tanto ha faltado en la política. Hagamos votos por que, una vez dejada atrás esta instancia, el Gobierno reflexione sobre la gravedad de las medidas aisladas adoptadas y disponga de una vez por todas el programa económico. Deseemos por igual que el campo renueve la vocación por la paz, la justicia y el diálogo que ha sido manifestación inveterada de su espíritu.
LA NACION
