Una política de Estado contra el narcotráfico

En una decisión inusual, sin precedente, cuatro academias nacionales organizarán mañana una jornada sobre drogadicción en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina. Las razones de este encuentro abierto, del que participan especialistas e investigadores de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y la Academia Nacional de Periodismo, no son otras que reflexionar, junto con el público, acerca de la verdadera amenaza que implica el avance del narcotráfico y el consumo de drogas. El objetivo más ambicioso y complejo de esta alerta por la vida es cómo consensuar políticas capaces de ahorrarle a la sociedad argentina las experiencias desgarradoras a las que fueron sometidas las sociedades de Colombia y México, entre otros países.

Días atrás, Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puso en negro sobre blanco el escenario al afirmar: "Si usted le pregunta a cualquier persona, en cualquier lugar del país, le va a decir que el problema de la droga avanzó en la Argentina". Calificó, además, la situación de los marginales del sistema como "cóctel explosivo" por la agravante del fácil acceso que tienen a las drogas ilegales. Lorenzetti reconoce a la educación como una de las víctimas inmediatas de la droga, pero hace una distinción: "Los inmigrantes eran pobres; sin embargo, podían educarse, tenían acceso a la escuela. Por eso, hoy lo más importante en este tema es que haya inclusión."

Las políticas de Estado ante el consumo de drogas y el narcotráfico, sobre todo en la última década, han sido las grandes ausentes en una realidad violenta que ofrece, a diario, casos desgarradores de víctimas y victimarios. Basta con hojear el último informe de Naciones Unidas sobre el tema y las encuestas recientes de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) para comprender la complejidad y magnitud del problema.

Entre 2001 y 2012, la Argentina fue el tercer proveedor mundial de cocaína, detrás de Brasil y Colombia. El 12,3% de los estudiantes consumió alguna droga ilícita en el último año. La marihuana (10,3%) es la de mayor prevalencia, seguida por la cocaína (2,7%). La edad de inicio en el consumo de psicofármacos, solventes o sustancias inhalables y paco se encuentra en los 14 años. Entre el 15% y el 27% de los estudiantes consumen en forma habitual alguna sustancia. Un 46,3% de los encuestados declaró que durante la comisión del delito se encontraba bajo el efecto de drogas ilícitas.

Éste es el contexto de un país que en la última década conoció la primera ejecución de sicarios en un shopping; la radicación en barrios cerrados de jefes narcos llegados desde el exterior; el triple crimen de General Rodríguez; 167 asesinatos vinculados a la droga cometidos en un año en el Gran Rosario, y el caso del jet privado que voló de Morón a Barcelona con 944 kilos de cocaína, después de haber recorrido por vía terrestre gran parte de nuestro país, información que los españoles conocían de antemano, pero que no compartieron con nuestras autoridades por temor a frustrar el operativo.

La historia misma de la Sedronar es un ejemplo de la forma errónea con la que el Gobierno ha intentado abordar el narcotráfico y la adicción. Como hemos dicho en nuestro editorial de ayer, pese a fracasar en varios intentos, insiste en su idea de despenalizar el consumo. El primer traspié ocurrió por profundas diferencias de criterio entre el entonces ministro del Interior y siempre cuestionado Aníbal Fernández y el secretario de la Sedronar José Granero, procesado ahora por el escándalo de la efedrina. El Gobierno creyó ver otra oportunidad en el fallo Arriola, cuando la Corte Suprema de Justicia sostuvo que es inconstitucional castigar a una persona adulta por tener y consumir marihuana si no pone en peligro a terceros. Pero, como no se modificó la ley, el fallo creó confusión.

El hecho de que la Sedronar haya estado nueve meses sin director y 17 de sus funcionarios fueran removidos sin evaluación previa, habiendo sido todos designados por decreto presidencial, induce a pensar en una estrategia equivocada o ineficiente, tal vez las dos cosas. El actual titular del organismo, Juan Carlos Molina, intenta imprimir a su gestión un enfoque de prevención y asistencia, mientras elabora un proyecto que quite el castigo a la tenencia y autorice el cultivo de marihuana para uso personal. El padre José María Di Paola, flamante coordinador de la Comisión Nacional de Drogodependencia del Episcopado, no comparte esa opinión. Está convencido, y le asiste la razón, de que la sociedad "no está suficientemente madura" para tratar la despenalización del consumo.

La gravedad de la situación amerita un tratamiento profundo y un debate amplio. El problema del narcotráfico y de la droga necesita que el Gobierno lo asuma de una vez por todas como una política de Estado.