Más vándalos que estudiantes
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La quinta Marcha Federal Universitaria dejó una imagen que ningún reclamo legítimo puede justificar: piedrazos, ataques contra las fuerzas de seguridad, agresiones a personas y destrucción del mobiliario urbano en las inmediaciones del Congreso. Los vándalos que protagonizaron estos episodios no defendieron la educación pública, sino que la utilizaron como coartada para desplegar violencia y convertir el espacio de todos en territorio de impunidad.
Los incidentes, que dejaron diez heridos y una treintena de detenidos, incluidos dos menores de edad, obligan a distinguir entre quienes ejercen su derecho a manifestarse y las facciones violentas que aprovechan esas convocatorias. La hipótesis de infiltrados y grupos organizados merece una investigación rigurosa. El Gobierno, en palabras del secretario de Educación, Carlos Torrendell, considera que existieron “grupos de tarea” detrás de esos ataques, a los que califica de agresiones contra la democracia.
El reclamo principal se centró en el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, pero también se invocó la defensa de la soberanía nacional y de la democracia. Esa mezcla de consignas excede el debate presupuestario y revela la creciente politización de una causa que debería concentrarse en garantizar una educación superior de calidad.
Torrendell también reclamó que el Congreso determine cómo financiar mayores partidas, ya que resulta habitual que se dicten leyes sobre temas diversos, pero que no se prevean de dónde saldrán los fondos para ponerlas en práctica sin afectar otras áreas críticas o políticas de gobierno como acotar al máximo el déficit de las cuentas públicas que tan alegre como demagógicamente inflaron los gobiernos kirchneristas.
Hay, además, una cuestión que las autoridades universitarias no pueden seguir eludiendo: la transparencia. Resulta lamentable que desde ámbitos de la propia universidad pública se difundan cifras cuya verificabilidad se cuestiona, mientras persisten resistencias y dificultades para controlar integralmente el uso de los recursos. La Sindicatura General de la Nación es el organismo de control interno del Poder Ejecutivo. Los reparos a su intervención en las universidades alimentan sospechas sobre la opacidad en el destino de las partidas económicas que reciben. Tampoco alcanza con reclamar más dinero sin discutir resultados, de por sí bastante deficientes en cuanto al número de egresados y de alumnos crónicos. Defender la universidad exige evaluar su eficiencia, no blindarla de toda crítica.
También resulta inadmisible que, hasta hoy, la ciudad de Buenos Aires no haya encontrado un mecanismo eficaz para prevenir estos desmanes. La protesta pacífica debe protegerse; los ataques contra personas, edificios y bienes públicos deben prevenirse. Cualquier exceso policial merece condena e investigación, pero calificar como “ilegal” la intervención de las fuerzas de seguridad, incluso cuando deben responder a una batahola de piedrazos, daños y agresiones salvajes contra sus efectivos, es tergiversar los hechos.
Los estudiantes que marcharon en paz terminaron como rehenes de una utilización partidaria que poco tiene que ver con enseñar, aprender o graduarse. Una universidad que reclama recursos debe aceptar controles; una sociedad que financia su funcionamiento tiene derecho a exigir resultados. Y una democracia que garantiza la protesta no está obligada a tolerar a quienes la usan para sembrar el caos.
