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Venezuela deja el Pacto de San José de Costa Rica
Contrariando su Constitución, el país caribeño ha decidido dejar a sus ciudadanos sin protección regional en los casos de violaciones de los derechos humanos
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Transcurrido ya un año desde que Venezuela denunciara el Pacto de San José de Costa Rica, los venezolanos, conforme a las normas regionales, acaban de perder la protección independiente y efectiva de sus derechos humanos y de reparación de sus violaciones que les brindaba el sistema interamericano.
Se trata de un hecho realmente gravísimo, que demuestra cómo la Venezuela bolivariana ha dejado de ser una democracia, pese a lo cual no se ha producido la reacción de condena que lo sucedido debería haber generado por parte de algunos de nuestros organismos regionales, como el Mercosur o la Unasur, y de los países de la región.
No obstante, el líder opositor de ese país, Henrique Capriles, pudo el día anterior al del vencimiento del plazo presentar ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA una denuncia sobre el fraude producido en las elecciones del pasado 14 de abril, en las que el gobierno bolivariano anunció el triunfo de Nicolás Maduro por un escaso 1,4 por ciento de los votos. Maduro, además, hizo caso omiso al pedido expreso de la Unasur para que se hiciera una auditoría completa de lo sucedido en las votaciones. Por esto la legitimidad de su mandato está sumamente cuestionada.
La salida venezolana del Pacto de San José de Costa Rica fue impulsada por Hugo Chávez. El dirigente caribeño acusaba a la OEA de formar parte del "imperio" norteamericano, una conjura más de las muchas que denunciaba constantemente.
Lo cierto es que esa denuncia venezolana del Pacto de San José de Costa Rica viola abiertamente la Constitución de ese país que, en su artículo 23, confiere categoría constitucional a los tratados internacionales suscriptos por Venezuela en materia de protección de los derechos humanos.
Todos los casos que están en curso continuarán bajo la jurisdicción de los organismos regionales en materia de derechos humanos hasta que se resuelvan. Venezuela tiene 16 sentencias condenatorias pendientes de cumplimiento, dictadas desde 1995, entre ellas, la que tiene que ver con Radio Caracas Televisión, emisora que fue silenciada arbitrariamente por el régimen chavista para evitar las críticas y asegurarse impunidad.
Los venezolanos acaban de perder la protección regional independiente que les brindaba el sistema interamericano. Las víctimas venezolanas de las violaciones a los derechos humanos han quedado sin tutela. No hay espacio alguno para silenciar lo sucedido, que revela el carácter autoritario del cuestionado régimen bolivariano.
