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Venta de tierras a extranjeros
La reciente ley que limita la compra de terrenos rurales resulta no sólo demagógica y peligrosa, sino claramente inconstitucional
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Unos 7,5 millones de hectáreas en el país son propiedad de ciudadanos extranjeros, según las primeras cifras obtenidas por el Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de controlar el cumplimiento de la denominada ley de tierras. De ese total, los españoles y norteamericanos son quienes más parcelas tienen en el país.
La ley fue sancionada en diciembre pasado a las apuradas y sin un análisis profundo. Su tan demagógico como absurdo objetivo es la protección "del dominio nacional, la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales" y limita la adquisición de éstas con el objetivo de "proteger los recursos naturales, pero sobre todo, defender la soberanía".
El proyecto fue largamente reclamado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con su aprobación quedó establecido que los extranjeros no podrán ser propietarios o poseedores de tierras rurales en extensiones superiores a las fijadas por la ley (mil hectáreas en el sector llamado por la ley "zona núcleo"), en tanto se dispuso que sólo podrán adquirir el 15 por ciento de la titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional. De ese porcentaje, sólo el 30 por ciento podrá estar en manos de una persona física o jurídica de una misma nacionalidad.
La norma también establece que "no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable".
Se trata de una ley claramente inconstitucional: basta recordar que la legislación argentina parte de un amplio derecho constitucional concedido a los extranjeros para adquirir propiedades. Con este principio constitucional vigente cabe preguntarse por la validez de una norma que lo viola abiertamente.
Salvo casos aislados, los extranjeros que poseen tierras en la Argentina le dan un uso sustentable vinculado con actividades de producción.
Si hay un recurso que resulta esencialmente renovable es el suelo. Sólo que su mal manejo puede degradarlo, incluso agotarlo, de modo que lo realmente revolucionario sería regular su uso adecuado y no su propiedad. Incluso, la ley no impide la simple "tenencia" de tierras rurales a personas que califican como "extranjeras", de modo que aquellas personas podrían hacer un uso abusivo sin tener siquiera que adquirirlas, obteniendo los beneficios a través de contratos de arrendamiento.
En el futuro poco importará que un argentino haya sido el propietario de la tierra si éste ha contribuido a su erosión, o ha hecho un uso abusivo de pesticidas, o ha promovido el sobrepastoreo, la tala de bosques y el agotamiento de los acuíferos. En un planeta sujeto a profundos cambios climáticos, preocuparse por la propiedad de la tierra en manos de extranjeros es desconocer cuáles serán la necesidades de la humanidad: evitar la pérdida de tierras de cultivo, evitar la perdida de la biodiversidad.
La nacionalidad del propietario en nada garantiza un uso adecuado del recurso.
Si se pretendiera hacer uso de un recurso subterráneo, sabido es que se requiere siempre de una autorización del Estado, tal como ocurre con las explotaciones mineras. Además, si un extranjero fuera propietario de una parcela junto o sobre un cuerpo de agua, la utilización de ese recurso dependería, en todos los casos, del un permiso para su explotación.
Si lo que preocupa realmente son los recursos naturales argentinos, debería legislarse con más seriedad sobre su utilización.
A la luz de la escasa razonabilidad de la ley de tierras, cabe plantearse si en el futuro próximo este tipo de esquemas no podría aplicarse a emprendimientos de carácter industrial o comercial sólo bajo el pretexto de que éstos generan un beneficio colectivo o que su propiedad en manos no argentinas importa un peligro a nuestra soberanía.
