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Vergonzoso presupuesto para la defensa
Más recortes en las horas de vuelo y navegación de aviadores y marinos ilustran la reducción presupuestaria que afecta a nuestras Fuerzas Armadas
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El proyecto de presupuesto para el año próximo, ya enviado al Congreso, sirve para advertir el grado de atención que pone el Poder Ejecutivo en cada uno de los rubros que lo componen. El monto asignado al área de Defensa asciende a 26.312 millones de pesos, lo que representaría un aumento del 19 por ciento con respecto al año anterior para un ojo no avezado. Sin embargo, computando una inflación anual del orden del 25 por ciento, la realidad es que, a valores constantes, la asignación es menor.
El proyecto que actualmente trata el Senado recorta, por ejemplo, los días de navegación y las horas de vuelo previstos para la Armada y la Fuerza Aérea. Los pilotos sufrirán una reducción del 47 por ciento en sus horas de vuelo, mientras que los barcos sólo tendrán 161 días de navegación, contra 174 previstos para el corriente año y 329 el año pasado.
En 2006, el jefe de Estado Mayor del Ejército advirtió formalmente a la entonces ministra de Defensa que la situación de la fuerza impedía el cumplimiento de la misión que la ley asigna al Ejército; señaló también el grave desbalance con el resto de los ejércitos de la región.
En los últimos ocho años, pese a la bonanza económica, la asignación presupuestaria para Defensa nunca estuvo por encima del 0,9 por ciento del total del PBI. Recordemos que la media recomendada en la Unión Europea por el Tratado de Maastricht es del 1,7 por ciento y, en nuestra región, tanto Brasil como Chile superan el 2 por ciento. También en este período Chile modernizó sus Fuerzas Armadas con la compra de aviones, fragatas, submarinos, tanques, helicópteros, artillería mecanizada, misiles y medios electrónicos, y Brasil lanzó un ambicioso proyecto de modernización por varios miles de millones de dólares, habiendo ya incorporado importantes medios y relanzado su industria militar. No han desatendido nuestros restantes vecinos el reequipamiento de sus fuerzas, con inversiones que contrastan con nuestra constante declinación.
Dentro del 0,9 por ciento argentino, el 90 por ciento se destina a gastos de personal y, el resto, a funcionamiento y adquisiciones, con sus correspondientes consecuencias. La flota de la Armada tiene más de 40 años y demanda un importante y costoso mantenimiento que no se cumple de manera satisfactoria. Los aviones de combate de la Fuerza Aérea también superan las cuatro décadas y ya no se fabrican en el mundo, por lo que su operación es peligrosa, casi no vuelan y no cuentan con repuestos. El curso básico de formación de pilotos carece de aviones a hélice propios y el alquiler de máquinas para 2013 no se ha decidido aún, por lo que quizá por primera vez no haya capacitación de pilotos.
En el rubro de personal, y para evitar que el haber de los oficiales retirados se vaya incrementando por los sucesivos aumentos que se otorgaban al personal en actividad, se recurrió a inventar suplementos fuera de norma, no remunerativos, para otorgar los aumentos por esa vía. Resultado: los oficiales retirados cobran menos del 50 por ciento de lo que cobra el personal en actividad y que por ley les corresponde, por lo que tramitan juicios –en estos momentos hay más de 100.000 que se suman a otros terminados, pero con sentencias incumplidas– que finalmente el Estado pierde.
Como los suplementos no se aplicaban a todos por igual, ocurría que personal de igual grado cobraba haberes diferentes, llegando al extremo de coexistir más de 50 liquidaciones diferentes para la misma jerarquía. Se dictó un decreto que derogó otros 11 anteriores, con lo que se pretendió normalizar la situación, al mismo tiempo que cumplimentar el anuncio de aumentos de haberes realizado por la Presidenta en la Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas de este año. Pero se hizo con tal impericia que, una vez sancionado, hubo más de 15.000 casos de personas en actividad que pasaban a cobrar menos de lo que venían percibiendo. La nueva liquidación afectaba fuertemente al personal subalterno. En una institución jerárquica como las Fuerzas Armadas, la diferencia entre el haber de la jerarquía más alta y el de la más baja rondaba las cinco veces y media. Con las nuevas disposiciones, esta diferencia se reduce a dos veces y media. En el sector privado argentino la diferencia es de casi veinte veces.
Cuando se abolió el sistema de conscripción y se lo sustituyó por el de reclutamiento voluntario, que, en Sudamérica, sólo compartimos con Uruguay, no se modificó simultáneamente la estructura del Ejército, por lo que sostener hoy eficientemente la defensa del extenso territorio nacional demanda no menos de 40.000 soldados, aunque solamente se cuente con alrededor de 18.000 voluntarios. Esta relación entre cantidad de efectivos y territorio es históricamente la peor que hemos tenido.
Para completar este cuadro, hay que considerar la arbitraria y discriminatoria política que se sigue para determinar los ascensos del personal. El orden de méritos confeccionado por las respectivas Juntas de Calificaciones es ignorado sistemáticamente y es reemplazado, aun prescindiendo de la autoridad del ministro, por consideraciones relativas a la amistad con el Gobierno.
Toda la política que impera conduce a que progresivamente vayamos perdiendo un mayor número de oficiales profesionalmente capacitados, con lo cual terminaremos aniquilando el último baluarte que nos queda: la capacidad profesional de nuestros soldados. Mientras tanto, el personal que se desempeña en el Ministerio de Defensa se ha duplicado desde 2003.
Si no se modifica la situación, al cerrar el año próximo tendremos un número creciente de juicios perdidos impagos, más personal desmotivado y un aumento de material deteriorado. Muchos recuerdan la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, aprobada en 1998, con claras disposiciones sobre la acción inmediata requerida para prevenir el deterioro del sistema. El primer paso para solucionar un problema es asumirlo como tal. El siguiente es convocar a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a un diálogo esclarecedor del que surjan los consensos que permitan entender la política de defensa como una política de Estado y encarar la construcción de nuestro sistema de defensa por sobre las ruinas de lo que hoy tenemos.
