Voto calificado

Mientras muchos de los detenidos en cárceles podrán votar en las elecciones de este domingo y en las de noviembre, un importante número de argentinos residentes en el exterior del país estarán imposibilitados de hacerlo. En buena parte, la razón se vincula con otra maniobra del Gobierno –vil, por cierto– para llevar agua para su molino a costa de la limitación de un derecho fundamental, como es el voto.

Los más de 385.000 argentinos que residen fuera del país no podrán votar en las PASO. Sí estarán habilitados a votar en las elecciones generales del 14 de noviembre, pero con la condición de que tengan un domicilio en el extranjero desde antes del 27 de abril pasado, al tiempo que solo podrán sufragar en forma presencial en el consulado argentino correspondiente al país donde residan.

A pesar de haberse vanagloriado de que su gobierno amplió derechos, Alberto Fernández derogó una norma que habilitaba el voto por correo de los ciudadanos argentinos que residen en el exterior. Esta limitación hará que muchas personas en condiciones de votar en el exterior en las elecciones generales no puedan hacerlo por encontrarse lejos de la sede consular. La posibilidad de que esos argentinos votaran por correspondencia había sido autorizada por un decreto del gobierno de Mauricio Macri. Tal medida permitió que el número de votantes en el exterior se triplicara entre los comicios de 2017 y los de 2019.

Si bien este decreto fue objetado ante la Justicia, el gobierno actual no esperó que hubiera una sentencia definitiva y optó por derogarlo, coartando el ejercicio del derecho al voto en lugar de facilitarlo.

Por el contrario, los ciudadanos procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que estén detenidos, según lo determinan las leyes electorales. A tal fin, la Cámara Nacional Electoral debe confeccionar un registro de electores privados de libertad, con los datos de los procesados que se hallen alojados en establecimientos penales, además de habilitar mesas de votación en cada uno de los lugares de detención y designar a sus autoridades.

Más aún, aquellos procesados que se encuentren en un distrito electoral distinto del que les corresponda podrán votar donde se hallen alojados y sus votos se adjudicarán al distrito en el que estén empadronados.

De este modo, unas 62.000 personas privadas de su libertad estarían en condiciones de sufragar este domingo. Podrán hacer uso de un derecho y de facilidades para ejercerlo que no tendrán los ciudadanos argentinos que residen en el exterior del país y que se verá limitado en las elecciones generales de noviembre por la absurda decisión de un gobierno que, como dijimos, se jacta de su supuesta vocación por “la ampliación de derechos”, pero no deja de exhibir flagrantes contradicciones entre lo que dice y lo que hace, al extremo de recurrir a una suerte de voto calificado en función de sus mezquinos intereses.