YPF: la oscura historia que el juez Lijo sepultó
El aliviador fallo neoyorquino no puede dejar en el olvido la trama de negociados del kirchnerismo con la empresa petrolera y su nefasto efecto en la economía
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Ahora que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York hizo lugar a la defensa argentina y revocó la condena dictada por la jueza Loretta Preska por más de 16.000 millones de dólares, Cristina Kirchner y Axel Kicillof pretenden sacarle provecho, sosteniendo que la expropiación había sido bien hecha y que, gracias a ellos, hoy el país tiene la producción de Vaca Muerta.
Pero la historia es otra. El desabastecimiento petrolero comenzó cuando Néstor Kirchner impuso un control de precios a los combustibles y retenciones a la exportación de crudo que asfixiaron a YPF (Repsol). Luego fue la maniobra con los Eskenazi que provocó su vaciamiento y el posterior juicio en Nueva York. Y ante la falta de confianza para conseguir inversores para Vaca Muerta, en 2013 se celebró un acuerdo secreto con Chevron (2013) dándole privilegios inusuales, para su primer desarrollo.
El uso de la petrolera como negocio personal comenzó en 2008 cuando Néstor Kirchner indujo a Repsol a vender el 25,46% de YPF SA por 3750 millones de dólares a Petersen Energía SAU y a Petersen Energía Inversora SAU, dos sociedades españolas “de papel”, controladas por Petersen Energía Inversora SA, la firma argentina de Enrique Eskenazi, el experto en mercados regulados, amigo del entonces presidente desde 1998 cuando compró el 51% del Banco Santa Cruz.
Para la maniobra, Néstor Kirchner contaba con los “fondos de Santa Cruz” originados en el pago a la provincia de regalías atrasadas por 660 millones de dólares en bonos y acciones de YPF, logradas por votar la ley de privatización de YPF en 1993.. Ese monto se multiplicó por la valorización de las acciones de YPF (de 19 a 45 dólares) y alcanzó a casi 1000 millones de dólares, que luego Kirchner fugó al exterior antes de la crisis de 2001. Según dijo, porque creía en el país, pero no en sus gobernantes. En 2006, 390 millones estaban en el Crédit Suisse (CSFB) a nombre del Banco Santa Cruz SA, como gestor de esos mismos. Del resto, no se sabe.
Cristina Kirchner y Axel Kicillof poco tienen para vanagloriarse. Los fraudes, simulaciones, vaciamientos y chanchullos que afectaron a YPF durante la gestión kirchnerista empobrecieron a la Argentina, condujeron al cepo cambiario, aumentaron el riesgo país y ahuyentaron la inversión
El contrato se firmó el 21 de diciembre de 2007. La primera compra se hizo por el 14,9 % de las acciones por 2133 millones de dólares en 2008. Eskenazi puso solo 100 millones, Repsol prestó 1015 millones (“vendor loan”) y los otros US$1018 millones fueron prestados por un sindicato de bancos (Crédit Suisse First Boston - CSFB, Goldman Sachs, BNP Paribas e Itaú Europa). La segunda compra por el 10,1% se hizo en 2011, por 1400 millones de dólares con otra ayuda de Repsol por 730 millones y de los bancos Standard Bank, Crédit Suisse, Santander y Citibank por 670 millones. Petersen Energía – una pequeña compañía con 60.000 euros de capital– recibió un préstamo de 1688 millones de dólares para comprar acciones de YPF, a pagar con dividendos de esas mismas acciones. Por ello, hay razón para pensar que los “fondos de Santa Cruz” que estaban en el CSFB (US$390 millones) con más el resto que Kirchner manejaba, fueron garantía oculta (“back to back”) de los préstamos bancarios, pues, de lo contrario, no se entendería cómo esos bancos, tan cuidadosos del dinero de sus clientes, hubiesen arriesgado tanto dinero en una transacción sin pies ni cabeza.
En 2006 Elisa Carrió formuló la primera denuncia por vaciamiento de YPF en el juzgado de Ariel Lijo y luego la amplió objetando esa operación. En 2012 el fiscal Carlos Stornelli formuló otra denuncia por administración fraudulenta a partir de una carta que Federico Pinedo publicó en LA NACION, que quedó absorbida en la causa de Carrió (Causa No. 3518/06). Se están por cumplir casi dos décadas de aquella gravísima denuncia y el juez no ha avanzado, pues dice esperar respuestas a exhortos remitidos al exterior. Ni citó a declarar a los funcionarios de Santa Cruz, ni a Enrique Eskenazi (fallecido en 2025), ni a su hijo Sebastián; tampoco, al representante del Crédit Suisse de entonces (ahora UBS), ni al exsecretario de Finanzas (2005-2006), asesor de Kirchner que intervino en la operación con Crédit Suisse; ni pidió información a UBS, en cuyos archivos (del ex CSFB) está registrada la operación.
Mientras duró esa asociación perversa, Repsol se dedicó a “ordeñar” a YPF en lugar de invertir en exploración y explotación. Se repartieron 24.193 millones de dólares en dividendos entre 2008 y 2011, cuando las ganancias fueron de 16.676 millones por una cláusula de dividendo extra de 850 millones de dólares, hubiese o no utilidades, para asegurar el pago a los Eskenazi. Las inversiones cayeron a mínimos históricos, desabasteciendo el mercado. Entre 2010 y 2017, el país tuvo que importar energía por 50.000 millones de dólares, lo cual desequilibró las finanzas públicas y vació las reservas del Banco Central. Resulta creíble que Esquenazi era testaferro o socio del entonces presidente de la Nación, pues tampoco se explica esa manera forzada e insólita de beneficiar a un banquero de provincia a costa de fundir a YPF y al país.
Recién ahora, con una gestión empresaria seria y en un contexto de estabilidad, se están logrando las inversiones para producir hidrocarburos en Vaca Muerta y transportarlos para su exportación a los mercados mundiales. Como nunca se pudo hacer en la mal llamada “década ganada”, cuya sola evocación provoca corridas cambiarias
En 2010, cuando falleció Néstor Kirchner, las cosas cambiaron. Los Eskenazi cayeron en desgracia y el Gobierno vetó el pago de dividendos en 2011, provocando que el esquema ideado por Néstor se cayera como un castillo de naipes. En 2012 Cristina Kirchner confiscó YPF mediante un DNU “porque no invertía” y un mes después, mediante la ley No. 26.741 de soberanía hidrocarburífera, se expropió el 51% de Repsol (pero no las acciones de Eskenazi) y se asignó el 49% a las provincias productoras. Ello dio lugar al juicio que terminó a favor de la Argentina.
Los españoles reclamaron 10.000 millones de dólares ante el Ciadi y si bien Kicillof sostuvo que YPF carecía de valor por pasivos ambientales, en 2014 aceptó pagar 5000 millones de dólares en bonos por aquel 51%. Por entonces, el barril de crudo cotizaba a 104 dólares y el market cap de YPF era de 14.000 millones de dólares. Para Repsol, que los vendió de inmediato, fue el mejor negocio de su historia, pues el precio del WTI cayó hasta 37 dólares en 2015, reduciendo el valor de YPF a la mitad.
Cuando YPF interrumpió el pago de dividendos, las sociedades Petersen españolas fueron declaradas en quiebra por el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Repsol, ejecutando sus garantías, recuperó el 25% que había vendido y Burford Capital compró por 15 millones de dólares el 70% de ese derecho, conservando las Petersen (Esquenazi) el 30%. La demanda fue instaurada en 2015, ante la Justicia de Nueva York, contra el Estado nacional e YPF SA. Con la sentencia del 27 de marzo pasado, el caso ha quedado prácticamente cerrado.
Cristina Kirchner y Axel Kicillof poco tienen para vanagloriarse. Los fraudes, simulaciones, vaciamientos y chanchullos que afectaron a la nave insignia de la soberanía petrolera durante la gestión kirchnerista empobrecieron a la Argentina, condujeron al cepo cambiario, aumentaron el riesgo país y ahuyentaron la inversión. Recién ahora, con una gestión empresaria seria y en un contexto de estabilidad, se están logrando las inversiones para producir hidrocarburos en Vaca Muerta y transportarlos para su exportación a los mercados mundiales. Como nunca se pudo hacer en la mal llamada “década ganada”, cuya sola evocación provoca corridas cambiarias.
Tipo de trabajo:
opinión
