Allanaron la casa de la presidenta de Perú y el palacio de gobierno por una causa de relojes Rolex

LIMA (AFP).- Las autoridades peruanas allanaron el sábado la vivienda de la mandataria Dina Boluarte y la sede presidencial, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz del uso de unos relojes Rolex que no habría declarado como parte de su patrimonio.

En la madrugada la Policía junto a la fiscalía ingresó a la casa de Boluarte, en Lima, y luego registró el palacio de gobierno, en busca de los relojes de alta gama cuyo origen no fue precisado.

“Vamos a hacer la revisión en palacio, a hacer el allanamiento según la orden judicial”, dijo a la prensa el coronel Harvey Colchado antes de entrar a la sede oficial. Tras ello se abstuvo de confirmar si en el primer allanamiento encontraron las joyas, aduciendo el carácter “reservado” de la investigación.

Según un documento policial, en la diligencia intervinieron unos 40 agentes y fiscales. La irrupción al domicilio “tiene fines de registro e incautación”, dijeron desde la fuerza. La intervención fue autorizada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez Juan Carlos Checkley, a pedido del Fiscal de la Nación.

Desde el 18 de marzo, la presidenta peruana es investigada por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos. Fue en este marco que los agentes rodearon la vivienda de Boluarte, ubicada en el distrito de Surquillo, al este de Lima, y formaron una barrera humana para impedir el tráfico de vehículos en las calles.

El allanamiento se efectuó luego de que la fiscalía no aceptara que la presidenta pidiera reprogramar una citación fiscal prevista para inicios de semana para mostrar los relojes y sus comprobantes de adquisición.

Si resultara acusada en este caso, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta julio de 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución. El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando “incapacidad moral”.

Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias de izquierda en una alianza difícil de concretar.

Según la prensa, la presidenta no se encontraba en su vivienda y se ignora si se encontraba en su despacho de Palacio de Gobierno.

El caso de los Rolex

El escándalo estalló por un reportaje del programa periodístico “La Encerrona” a mediados de marzo. Allí se reveló que Boluarte había usado varios relojes de la marca de lujo Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.

El período analizado por el programa va hasta diciembre de 2022, mes en que asumió la presidencia. Tras el reportaje, Boluarte señaló que se trata de un reloj “de antaño” y que es producto de su “esfuerzo”, ya que trabaja desde los 18 años.

“He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano”, declaró Boluarte, de 61 años, la semana pasada.

A raíz del escándalo, la Contraloría de la República anunció que revisaría nuevamente las declaraciones de bienes que presentó los dos últimos años en busca de algún eventual desbalance patrimonial.

La reacción del gobierno

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, consideró un “atropello a la dignidad” de la presidenta Dina Boluarte el allanamiento a su vivienda y la sede de gobierno, en el marco de una investigación sobre bienes que la mandataria no habría declarado. ”Lo que ha sucedido constituye un intolerable atropello a la dignidad de la Presidencia de la República y a la Nación que representa. Estas acciones son desproporcionadas e inconstitucionales”, dijo Adrianzén a la radio y televisión RPP.

“Los ministros de Estado expresamos nuestra solidaridad con la presidenta y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales”, añadió Adrianzén en la red X.

Es la primera vez en la historia de Perú que la Policía y la fiscalía ingresan por la fuerza al domicilio de un presidente en ejercicio, en un país acostumbrado a que la Justicia ordene registros en casas de exmandatarios o dicte prisión preventiva para antiguos funcionarios investigados por presunta corrupción. Los allanamientos al palacio presidencial si habían ocurrido antes.