Amenazan con detener a dirigentes del partido de Evo y temen más violencia

Fuente: AP - Crédito: Natacha Pisarenko
El gobierno creó una unidad de la Fiscalía para arrestar a legisladores acusados de "subversión"; la CIDH elevó a 23 los muertos; riesgos de choques en cuatro ciudades
Rubén Guillemí
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18 de noviembre de 2019  

LA PAZ.- En un clima de permanente tensión, con bloqueos y amenazas de nuevos enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares en por lo menos tres ciudades de Bolivia, el gobierno de Jeanine Áñez comenzó a darle forma ayer a su amenaza de "hacer correr" a la oposición del Movimiento al Socialismo ( MAS), de Evo Morales. Para ello, anunció la creación de un "aparato especial de la Fiscalía" para detener a legisladores que, según las autoridades, están acusados de "subversión" y "sedición".

El anuncio corrió por cuenta del propio ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que minutos después de asumir el cargo había advertido el miércoles pasado a los "sediciosos" que "empiecen a correr".

Desde Santa Cruz de la Sierra, Murillo dijo que tenía una lista de senadores y diputados del MAS que estaban incitando a la violencia y que tomaría acciones legales en su contra a partir de hoy.

"Se los va a empezar a detener con órdenes del Ministerio Público. Voy a armar un aparato especial de la Fiscalía porque no podemos permitir que esto siga", advirtió Murillo.

Su anuncio coincidió con una seria advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó a 23 el número de muertos desde las elecciones del pasado 20 de octubre y consideró "grave" el decreto aprobado por la presidenta Áñez que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen de la represión.

En su cuenta de Twitter, la CIDH advirtió que "el grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DD.HH. y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DD.HH.".

La región en la que más se temen nuevos episodios de violencia es actualmente Cochabamba.

Los cocaleros de la zona del Chapare, que el viernes chocaron con la policía en un enfrentamiento que dejó nueve muertos, repudiaron al igual que la CIDH lo que llamaron el "decreto de la muerte" y dieron a Áñez un plazo de 48 horas para que renuncie.

En un cabildo abierto realizado anteanoche en la ciudad de Sacaba, donde ocurrieron los enfrentamientos, los dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico, leales al expresidente Evo Morales, emplazaron a Áñez a dejar la presidencia y exigieron "el repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas a sus unidades militares para evitar más muertes y masacre al pueblo boliviano".

La segunda región donde los manifestantes mantenían ayer bloqueados los accesos, pese a la advertencia de posibles acciones militares, era Yapacani, en el departamento de Santa Cruz.

Donde también se temen nuevos brotes de violencia es en La Paz. La capital vivió ayer una jornada llena de rumores sobre una inminente acción militar para desalojar a los grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo, que desde hace varios días mantienen bloqueada la planta distribuidora de combustible de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata, en la vecina ciudad de El Alto.

El bloqueo de la planta dejó sin provisión de combustible a miles de familias de El Alto y también de La Paz. Casi todas las estaciones de servicio de la región están directamente cerradas.

Desde la planta ubicada en el distrito 8 salen normalmente todos los días más 100 camiones cisterna con nafta súper y diésel, además de al menos 300 camiones con garrafas de gas licuado.

Pero el jueves pasado grupos afines al MAS cavaron una zanja sobre el pavimento a la salida de la planta y desde ese momento se mantienen allí en vigilia las 24 horas para impedir la salida de vehículos en reclamo de la renuncia de Áñez. Ayer se podía ver en el frente de la planta a los manifestantes en torno de fogatas y agitando palos y banderas wiphalas.

"Octubre no se olvida, carajo", gritaban los bloqueadores, en referencia a la masacre de 63 personas en octubre de 2003, durante la llamada "guerra del gas", en rechazo a la exportación de gas a Estados Unidos.

Frente al clima de rumores sobre una acción militar para desalojar a los manifestantes de El Alto, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, salió ayer al mediodía a hablar con los periodistas apostados frente a la Casa Grande del Pueblo, la sede gubernamental que utilizaba Evo.

"Estamos realizando y extremando absolutamente todos los esfuerzos para evitar cualquier tipo de enfrentamiento de modo tal que lo que se busca es el abastecimiento de la ciudad", dijo Justiniano a los periodistas, tratando de apaciguar los rumores sobre una acción militar inminente.

Horas antes, también el comandante general de la policía, Rodolfo Torrico, había dicho que estaba buscando un acercamiento y el diálogo con los manifestantes.

Pero luego de casi un mes de paro cívico en todo el país, el desabastecimiento no solo afecta a los combustibles, sino también a los alimentos.

"Tuvimos que reducir nuestra carta. Solo tenemos platos fijos", explicó a LA NACION Marco Condori, del restaurante Mi Chola, en el barrio de Sopocachi, en La Paz.

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