Antes de las elecciones, España debate romper lazos con la Iglesia

MADRID.- La Iglesia católica se alista para una batalla política de primer orden en España, en la que pone en juego el inmenso poder que detentó durante siglos en la vida pública del país.

Tres de los cuatro partidos que aspiran a gobernar después de las elecciones del 20 de diciembre proponen reformas que causarían la pérdida de propiedades y beneficios impositivos, la ruptura de tratados vigentes con el Vaticano y una merma casi total de la influencia religiosa en la educación.

La discusión estalló esta semana con el anuncio del plan de gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyo candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, fijó como "prioridad política" convertir al país en un Estado laico al estilo de la república francesa.

Entre las medidas que anunció figuran obligar a la Iglesia a pagar tributos por los edificios que no dedica al culto, reclamarle la titularidad de bienes que matriculó a su nombre sin títulos de propiedad que lo sustentaran, cambiar los protocolos para que los actos oficiales no cuenten obligatoriamente con presencia de sacerdotes y prohibir que se imparta la materia de religión en horario escolar, tanto en colegios públicos como privados. "No significa ir contra las creencias de nadie, sino modernizar el Estado", dijo Sánchez, cuando ya le llovían críticas del Episcopado español y de sus rivales del conservador Partido Popular (PP).

La preocupación entre los obispos responde no sólo a la posibilidad de que Sánchez -segundo en las encuestas- acabe por ganar las elecciones. La cuestión es que políticas de una dirección parecida figuran en el programa de los indignados de Podemos y de los liberales de Ciudadanos.

Estos dos partidos emergentes ansían actuar como árbitros en el próximo parlamento, ante la casi certeza de que ni Sánchez ni el actual presidente Mariano Rajoy tendrán mayoría propia y necesitarán de pactos para gobernar. A priori el socialismo aparece con mucho más margen político para alcanzar acuerdos.

"No se entiende la propuesta del PSOE a no ser que vaya a buscar votos en caladeros del radicalismo. Suscita un problema que a estas alturas no viene a cuento", se quejó el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, un hombre cercano al papa Francisco, a quien ya le han llegado mensajes de alerta.

La Iglesia alega que España es un Estado "aconfesional" por disposición constitucional y rechaza medidas "laicistas extremas" que considera lesivas para una mayoría de la población que profesa la fe católica (el 71%, según estadísticas oficiales).

En el nudo de la discusión están los tratados que firmó el gobierno en 1979 con la Santa Sede, que reformaron el Concordato pactado con la dictadura de Francisco Franco en los años 50 y que daba al Episcopado amplísimas facultades políticas, sociales y económicas.

Por los acuerdos vigentes el Estado garantiza la enseñanza religiosa en las escuelas, así como se compromete a colaborar con el sustento económico del culto. También otorga a la Iglesia atribuciones jurídicas (como anotar casamientos) y le encomienda la asistencia pastoral de los militares por medio del vicariato castrense.

Denunciar esos tratados figura en el plan electoral del PSOE y en el de Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, insiste eliminar de inmediato todas las ventajas impositivas de la Iglesia. Ciudadanos no lo considera prioritario, aunque ideológicamente está de acuerdo con avanzar hacia un Estado laico.

El PP prefiere abroquelarse en la defensa de la enseñanza católica, sin tocar las cuestiones económicas. El gobierno de Rajoy fue el que repuso en 2013 la materia religión, como opcional, en los colegios públicos.

Sus funcionarios sostienen que la prohibición que proponen sus rivales traería una tensión social similar a la ya vivida la década pasada durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se aprobaron el derecho del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

"¿Por qué vamos a privar a los niños de ese derecho constitucional que tienen los padres a elegir la educación que quieren darles?", cuestionó el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Argumenta, en sintonía con los obispos, que el 63% de los alumnos del sistema estatal elige cursar religión ante alternativas como valores sociales y éticos.

El conflicto económico augura fuertes tironeos. El PSOE y Podemos comparten el reclamo de que la Iglesia católica debe devolver inmuebles cuya propiedad se autoadjudicó gracias a las prerrogativas jurídicas de las que goza. Entre esos bienes hay edificios tan simbólicos como la Catedral-Mezquita de Córdoba.

Según cálculos del socialismo, el sostén del culto le cuesta a España unos 7000 millones de euros al año, entre exenciones impositivas, subvenciones y el dinero que deja de ingresar por el usufructo de espacios de titularidad pública.