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Argumentos con más tinte político que jurídico
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RÍO DE JANEIRO.-Por más que las acusaciones de la fiscalía de San Pablo para pedir la prisión preventiva de Luiz Inacio Lula da Silva fuesen ciertas, los argumentos esgrimidos son de cuño más político que jurídico. El fiscal Cassio Conserino ya se había precipitado al anunciar en una entrevista concedida a la revista Veja que denunciaría al ex presidente, incluso antes de escuchar su declaración. Y la medida que acaba de tomar es un despropósito.
Es verdad, por ejemplo, que Lula y sus seguidores hacen "maniobras violentas" y que cuentan hasta con la defensa de la presidenta Dilma Rousseff, "medidas cuyo único objetivo es blindar al denunciado, erigiéndolo como ciudadano por encima de la ley, algo inaceptable en el Estado de derecho democrático brasileño".
De hecho, Dilma no podría nunca solidarizarse con el ex presidente después del allanamiento de varias residencias, incluida la del propio Lula. Un presidente no puede pronunciarse oficialmente sobre una decisión de la justicia.
Los fiscales alegan que la prisión de Lula es necesaria para garantizar "el orden público, la instrucción del proceso y la aplicación de la ley", ya que "es sabido que el ex presidente conserva un poder que facilita en mucho su posible evasión".
Pero de ahí a querer encarcelar a Lula por tener poderes de ex presidente es algo patético. En la misma línea, alegan que Lula podría destruir pruebas y tomar acciones para evitar las decisiones de la justicia. Si contaran al menos con un indicio de que él o sus colaboradores cometieron actos de ese tipo o se preparaban para cometerlos, el pedido tendría una base de razonabilidad. Pero la simple suposición no puede ser motivo de una medida tan drástica.
Los fiscales del Ministerio Público de la operación "Lava Jato" ya cuentan con algunos indicios de que Lula intentó esconder pruebas. Descubrieron que en enero y febrero, el Instituto Lula mandó hacer una limpieza de los discos rígidos de sus computadoras, y ahora intentan probar qué datos importantes fueron borrados.
Saben también que Paulo Okamoto, presidente del Instituto Lula, trasladó de un depósito que era pagado por la OAS a otro del Sindicato Metalúrgico de San Bernardo parte de los objetos que Lula almacenaba desde hace años. Puede ser un indicio de ocultamiento de pruebas que ya está siendo investigado.
Pero, hasta ahora, los fiscales de Curitiba no pidieron la prisión preventiva de Lula por intento de ocultamiento de pruebas y de perjudicar la investigación. La "conducción coercitiva" de Lula, el 4 de este mes, criticada por muchos por considerarla una medida precipitada e innecesaria, ahora hasta parece cautelosa, frente a la decisión del Ministerio Público de San Pablo de pedir la prisión preventiva.
En su acusación contra Lula, una de las razones esgrimidas por los fiscales paulistas es el poder político-partidario del ex presidente, capaz de movilizar a la militancia y a las fuerzas políticas para blindarse. Pero esa es una crítica más política que jurídica, y en este caso no caben las críticas a Lula por su poder de movilización política.
Lo que es criticable, pero siempre desde el punto de vista político, es su arenga de apoyo a favor de la movilización militante en contra de una decisión de la justicia. Así como tampoco es aceptable que el Instituto Lula califique de "bandolerismo" la decisión de la fiscalía.
Lula y Rui Falcão, presidente del PT, fueron irresponsables durante el episodio de la "conducción coercitiva", alentando la salida a las calles de sus seguidores, y también fueron irresponsables los fiscales paulistas, que no tuvieron cautela.
No se trata aquí de pensar que Lula esté por encima de la ley, sino de tomar conciencia de que ciertas actitudes no colaboran con la preservación del orden público.
Las acusaciones más sustanciales contra Lula parecen más una provocación política que otra cosa.
Traducción de Jaime Arrambide
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