Batlle busca un acuerdo final sobre los desaparecidos

MONTEVIDEO.- El presidente Jorge Batlle tiene la intención de laudar definitivamente el tema de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar, que ha sido uno de los asuntos más escabrosos a los que han debido hacer frente los gobiernos democráticos que se sucedieron a partir de 1985.

Durante el primero de esos gobiernos, Sanguinetti y el líder blanco Wilson Ferreyra Aldunate llegaron a un acuerdo para aprobar una ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado para esos casos, ley que posteriormente fue refrendada por la ciudadanía mediante un plebiscito.

La cuestión, sin embargo, permaneció latente y en 1997 recobró el primer plano, cuando los familiares de los desaparecidos exigieron el cumplimiento del artículo 4» de la ley de caducidad, por el que se sometía al Poder Ejecutivo a la investigación de lo ocurrido en cada caso, aunque sin propósito de castigo a los responsables.

El gobierno de Sanguinetti sostuvo que las investigaciones se habían llevado a cabo, sin resultado. Los familiares, por su parte, alegaron que no se había investigado en forma adecuada. Una mediación ofrecida por la Iglesia Católica no prosperó.

En 1999, antes de ser elegido presidente, Batlle afirmó que "los uruguayos están en condición de entenderse", lo que confirmó una vez que asumió. En dos encuentros con el líder de la izquierda, Tabaré Vázquez, anunció su disposición es ese sentido, agregando esta semana que recibiría a los familiares reclamantes.

Sin embargo, pese al apoyo dado por Vázquez, los reclamantes han planteado ya dos dificultades que pueden derrumbar todo el andamiaje: rechazan que todos los desaparecidos sean considerados fallecidos, ya que entre ellos hay niños que probablemente estén vivos, y agregan que si bien no puede aplicarse castigo a los militares dentro del país -por la ley de caducidad-, si en la investigación se conocen sus nombres podrán ser acusados en el exterior ante tribunales o jueces internacionales.

Inaceptable

El abogado Javier Miranda, asesor de las Asociaciones de Familiares, consideró inaceptable que se "decrete la muerte" por ley y que, si se quiere fijar una indemnización para los familiares, existen otros mecanismos, aunque eso no es lo principal de la solución al tema. Y citó como ejemplo "una ley de ausencia por desaparición forzada, que ya existe en el derecho comparado y en particular en la Argentina", dijo.

En la lista de desaparecidos uruguayos hay 118 hombres, 38 mujeres y 8 niños, de los cuales 5 han aparecido en la Argentina.

En los medios militares se mantiene un discreto silencio, probablemente confiando en que todos los documentos que podrían ser utilizados como pruebas han sido destruidos, y se resiste un pedido de perdón que el propio Batlle asumiría como comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Por su parte, voceros del presidente uruguayo dijeron ayer que Batlle no tiene previsto recibir al poeta argentino Juan Gelman, quien reclama una investigación sobre la desaparición en 1976 de su nuera embarazada, María Claudia García Iruretagoyena, de nacionalidad uruguaya. Las fuentes desmintieron así una información aparecida en el diario El Observador.