Bolsonaro presentó una profunda reforma jubilatoria, eje de su plan para reactivar la economía
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LA NACIONAlberto Armendáriz
RÍO DE JANEIRO.– En medio de una gran expectativa, el presidente Jair Bolsonaro presentó hoy ante el Congreso su ambiciosa propuesta de reforma previsional, piedra fundamental de su plan económico liberal, con el que apuesta a recuperar un camino de crecimiento sostenido para Brasil y, a la vez, superar las turbulencias políticas que dominaron el inicio de su gobierno.
Diseñado por su superministro de Economía, Paulo Guedes, el proyecto de modificación del complejo sistema de jubilaciones y pensiones tiene como primordial objetivo frenar el creciente déficit del modelo actual de repartición, que el año pasado llegó al récord histórico de 290.297 millones de reales (78.000 millones de dólares), equivalentes al 4,25% del PBI.
Actualmente, los gastos previsionales representan un 13% del PBI y, debido a los cambios demográficos, crecen unos 50.000 millones de reales (13.500 millones de dólares) por año. La situación tiende a empeorar significativamente: si de los 209 millones de brasileños, el año pasado el 9,2% tenía más de 65 años (con una expectativa de vida de 76), para 2060 esa franja poblacional superará el 25%.
Para evitar una explosión fiscal, la propuesta prevé una edad de jubilación mínima general de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un tiempo de contribución de al menos 20 años, aunque para recibir un beneficio completo será necesario haber hecho aportes durante 40 años. El período de transición al nuevo modelo sería de 12 años, y el equipo económico pretende ahorrar 1,16 billones de reales (310.000 millones de dólares) en la próxima década.
Hoy, el sistema previsional brasileño está dividido en dos grandes regímenes: el de los trabajadores del sector privado –régimen general de previdencia social (RGPS)– y el de los empleados públicos y de los militares –regímenes propios de previdencia social (RPPS)–. Solo entre los empleados públicos requiere una edad mínima de jubilación (55 años para los hombres y 50 para las mujeres) con aportes obligatorios (35 para hombres; 30 para mujeres). En el RGPS –que atiende a 30 millones de los 34 millones de jubilados y pensionados de Brasil–, no hay una edad mínima para recibir los beneficios previsionales.
Los hombres se jubilan con 35 años de contribución y las mujeres, con 30, aunque en caso de no haber realizado los pagos al sistema existe un beneficio básico (que no puede ser inferior al salario mínimo de 954 reales) que se puede obtener a partir de los 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. En tanto, las diferencias entre los beneficios que reciben los trabajadores privados y los públicos son muy grandes: el valor promedio de una jubilación en el sector privado es de 1300 reales (350 dólares), mientras que entre los empleados públicos es de 9000 reales (2400) y entre los militares llega a los 13.700 reales (3600).
El proyecto establece que quienes ganen más pagarán mayores contribuciones (las deducciones de los salarios irían del 7,5% al 16,8%), y también introduce un modelo de capitalización alternativo al de repartición, en el que cada trabajador pueda colocar sus contribuciones en una cuenta de ahorro gestionada por entidades públicas o privadas de inversión, como en Chile.
El proyecto no incluyó a los militares, que se resistieron mucho a cualquier alteración de sus privilegios, pero el gobierno se comprometió a enviar al Congreso en un plazo de hasta 30 días una propuesta especial para las Fuerzas Armadas, cuyo sistema podría ser modificado por una ley simple. Ya la reforma del sistema previsional para trabajadores privados y empleados públicos debe ser hecha a través de una enmienda constitucional, que requiere que sea aprobada en dos turnos en cada cámara, con un mínimo de 3/5 del voto de los diputados y senadores.
Para el gobierno de Bolsonaro, la reforma es una enorme apuesta económica que depende de un gran desafío político. Si bien hay consenso entre las fuerzas políticas que un cambio en el sistema jubilatorio es necesario para sanear la economía, los legisladores no quieren perder sus privilegios y muchos sindicatos también se resisten porque creen que la reforma perjudicará más a los trabajadores más pobres. Para el avance del proyecto en el Congreso será necesaria mucha habilidad en lograr consensos y apoyos, con un oficialista Partido Social Liberal (PSL) que no tiene casi experiencia legislativa. Aunque desde el Planalto la expectativa es que la reforma sea aprobada dentro de este semestre, los analistas parlamentarios creen que en el mejor de los casos estaría lista en agosto o septiembre.
La propuesta coincidió con un momento muy negativo para Bolsonaro, tras sufrir la primera baja en su gabinete: el secretario general de la presidencia, Gustavo Bebianno, uno de sus principales articuladores políticos. Bebianno, que era presidente del PSL y coordinador de la campaña de 2018, quedó sospechado de corrupción luego de que Folha de S. Paulo reveló que el PSL había desviado fondos públicos destinados a los partidos a "candidatos-fachada", cuyos nombres aparecieron en las urnas electrónicas, pero en realidad no hicieron campaña ni lograron gran cantidad de votos. Se cree que ese dinero fue usado para financiar gastos no declarados por la campaña.
El escándalo llevó a un enfrentamiento entre Bolsonaro y Bebianno, en el que tuvo un papel central uno de los hijos del presidente, el concejal Carlos Bolsonaro.Bebianno se negó a renunciar y finalmente fue destituido el lunes; desde entonces, se filtraron conversaciones con el presidente que demostraron que su excolaborador no había mentido. El episodio generó fuertes divisiones internas en el núcleo del Planalto, con los militares que forman parte del gabinete recelosos de la influencia del hijo del presidente en el Estado.
La idea original era que Bolsonaro presentara la propuesta de reforma previsional al Congreso en público y luego respondiera preguntas de la prensa. Pero ante el temor de que la atención periodística se centrara en el altercado con Bebianno, el mandatario se reunió a puertas cerradas con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, y dejó las explicaciones a técnicos del Ministerio de Economía, mientras legisladores de la oposición protagonizaron un acto de protesta por las sospechas de corrupción en la campaña del PSL.
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